Opinión

Por Tina Sablan, Angelo Villagomez y Raimundo Espinoza*

Este último mes, la Coalición America the Beautiful for All organizó reuniones en Washington DC con alrededor de 100 defensores de la conservación ambiental provenientes de todas partes de los Estados Unidos, incluyendo a sus territorios. La meta de “America the Beautiful for All” es conectar, restaurar y conservar el 30% de las tierras y aguas de los Estados Unidos para 2030 uniendo los esfuerzos de activistas ambientales de toda la nación. Además de la meta de conservación, estamos trabajando para garantizar que al menos el 40% de las inversiones en conservación se realicen en comunidades minoritarias y comunidades vulnerables que históricamente han visto poca o ninguna inversión en conservación o acceso equitativo a la naturaleza.

Nuestra coalición se reunió con funcionarios federales, incluyendo personal del Senado, personal de la Cámara de Representantes y altos líderes de la Casa Blanca, el Departamento del Interior, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) y la Agencia de Protección Ambiental (EPA). También tuvimos la oportunidad de reunirnos con la Secretaria del Interior, Deb Haaland, para conversar sobre las medidas de conservación existentes en Guam, las Islas Marianas del Norte y Puerto Rico.

Nuestras recomendaciones al gobierno federal en estos encuentros destacaron tres prioridades:

Priorizar los territorios de los Estados Unidos con empleos, programas y fondos de conservación: La iniciativa America the Beautiful de la administración Biden debe priorizar la conservación del océano en los territorios de los Estados Unidos, ya que estos albergan las áreas marinas más grandes, mejor protegidas, y con los niveles más altos de biodiversidad en los Estados Unidos. Sin embargo, los territorios no reciben niveles de fondos federales proporcionales a la responsabilidad que conlleva cuidar de estos recursos.

En el Caribe se ha desarrollado capacidad para que se lideren los esfuerzos de conservación a nivel local, pero estos una vez adiestrados, los líderes y grupos no reciben los recursos ni el apoyo necesario. Esta falta de recursos financieros socavará la capacidad a largo plazo de los Estados Unidos para proteger los océanos en los territorios.

Devolver la gestión de la conservación y el poder de toma de decisiones a los territorios: El gobierno federal debe involucrar a los puertorriqueños, y a los otros pueblos y gobiernos territoriales que son los administradores y propietarios de estos recursos en la toma de decisiones. Los Estados Unidos también debe explorar nuevas oportunidades para que los territorios manejen en conjunto las áreas protegidas federalmente y demás recursos naturales en aguas territoriales. Esto ampliaría la habilidad de la comunidades para liderar y colaborar en la gestión de los recursos naturales.

Colaborar con los gobiernos de los territorios para determinar las necesidades específicas de conservación oceánica de los ciudadanos indígenas en los territorios: La administración Biden anunció recientemente una política de consulta para guiar al gobierno federal en sus relaciones con los nativos hawaianos. Esta política debe extenderse a los pueblos indígenas de los territorios. Del mismo modo, para las Islas Vírgenes y Puerto Rico se deben explorar mecanismos para transferir el poder de toma de decisiones a las comunidades locales de estas islas estadounidenses en el Caribe.

El personal y la capacidad presupuestaria, así como la participación equitativa de la comunidad, son fundamentales para lograr impacto en la conservación. Los objetivos de conservación de la administración Biden son loables, pero el éxito de la conservación de los océanos en los Estados Unidos solo se puede lograr cuando los dólares federales lleguen a las comunidades que coexisten con estos recursos naturales, y cuando esos ciudadanos tengan poder de decisión y sean parte activa del manejo de sus recursos marinos.