Por redacción de Sin Comillas

El Tribunal del Primer Circuito de Apelaciones de Boston determinó que el proceso que estableció la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés) para nombrar a los miembros de la Junta de Control Fiscal es inconstitucional.

El Tribunal otorgó al Senado de Estados Unidos y al presidente Donald Trump 90 días para resolver la ilegalidad de los nombramientos. En ese periodo, la Junta puede seguir operando.

La decisión de hoy, dictaminada por un panel formado por el juez puertorriqueño Juan Torruellas y los jueces William J. Kayatta Jr. y O. Rogeriee Thompson, significa que Trump, con el consentimiento del Senado de Estados Unidos, debería nombrar a nuevos miembros (7) de la Junta o certificar a los existentes, algo que algunas fuentes consideran poco probable. Los nombramientos de los actuales los miembros de la Junta vencen en agosto del 2019. Se anticipa que las decisiones de los nuevos miembros de la Junta serían claramente desfavorables para Puerto Rico y tomarían decisiones mucho más duras que las que ya ha tomado la actual Junta.

La Junta dijo en las redes sociales que está “evaluando la determinación del Tribunal del Primer Circuito de Boston y considerando las posibles opciones legales”. El veredicto del Tribunal no invalida las decisiones tomadas por la Junta, aseguran expertos.

Los demandantes fueron la firma de inversiones Aurelius Capital Management, la aseguradora de bonos municipales Assured Guaranty y la organización sindical Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), que acudieron al Primer Circuito de Apelaciones inconformes con la decisión de la Juez Laura Taylor Swain, asignada por el Tribunal Federal para atender los asuntos de quiebra de Puerto Rico bajo el Título III, que había decidido que los miembros de la Junta había sido nombrados de forma adecuada.

En agosto de 2017, el fondo de cobertura Aurelius Capital Management cuestionó, por primera vez, ante el tribunal la constitucionalidad de la Junta, argumentando que no hay excepción en la Cláusula de Nombramientos de la Constitución de Estados Unidos para “oficiales territoriales”. Aurelius reclamaba que los nombramientos de los miembros de la Junta debían confirmados por el Senado de Estados Unidos. 

A principios de diciembre de 2018, el Procurador General de Estados Unidos había radicado en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos un memorial en defensa de la constitucionalidad de la Ley PROMESA y de la Junta en oposición al reto legal de Aurelius Capital.

Aurelius Capital Management tiene $470.9 millones en Obligaciones Generales y $2.5 millones en bonos de la Autoridad de Carreteras. El fondo de inversión, que es conocido por haber estado presente en otras crisis como la de Argentina, Detroit o Grecia, se dedica a comprar deuda en problemas a precios bajos para luego, a través de litigios (el de Argentina duró 15 años), lograr la devolución del valor nominal total de la deuda junto con los intereses, penalidades y honorarios legales.

El decisión de Aurelius de cuestionar la constitucionalidad de los nombramientos de la Junta sorprendió en su momento, pues los acreedores fueron los principales defensores de la Junta de Control Fiscal pensando que defendería el pago de la deuda. Sin embargo, la Junta habría perdido el apoyo de los acreedores después de que en el Plan Fiscal se identificara una una cantidad para el pago de la deuda que los acreedores consideraban insuficiente.

Decisión de Boston sobre la… by on Scribd