por Joel Cintrón Arbasetti | Centro de Periodismo Investigativo
El eco de las consignas se escucha desde la calle Lindbergh del Distrito del Centro Convenciones, donde a esta hora el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, dará su discurso inaugural a inversionistas extranjeros que vinieron al Puerto Rico Investment Summit 2016. La Cumbre fue organizada por Adworks, una firma contratada por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) por $110,000 para promover las leyes 20 y 22 que ofrecen exenciones contributivas a empresas extranjeras.
En el ala izquierda del Centro de Convenciones la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) y el Frente Socialista piquetean y cantan consignas que suenan por una tumba coco. Al lado derecho, el Partido Independentista Puertorriqueño hace lo mismo. Las consignas de ambos grupos se mezclan en el aire y se convierten en un ruido indescifrable; sólo se percibe el ritmo fiestero de la consigna rimada que invita al baile más que a la sublevación.
Por el lado del piquete de la UTIER, pasa sin ser advertido Miguel Ferrer, presidente del conglomerado de medios Latin Media House y ex presidente de UBS Financial Services que fue acusado de fraude a nivel federal por engañar a inversionistas sobre el estado de los fondos de inversión que manejaba. Los cargos federales le fueron desestimados pero UBS pagó $26.6 millones en cargos administrativos por el esquema.
Ferrer va solo, en gabán y con gafas de sol, se aproxima al cerco de seguridad que mantiene a raya a los protestantes y un empleado de seguridad le abre paso sin mediar palabra. Entro detrás de él y al otro lado me presento, le extiendo la mano, le digo que soy periodista y que me gustaría entrevistarlo. “Por supuesto”, dice Ferrer, dejando mi mano extendida y sin mirarme a la cara, los ojos ocultos tras las gafas de sol.
Ferrer estará en un panel que se llevará a cabo el viernes en el segundo día de la Cumbre. Le preguntó de qué va a hablar.
“Cómo utilizar la ley 185 y la ley 20 y 22”, responde.
Las compañías que se acogen a la Ley 20 “para fomentar la exportación de servicios” pagan un 4% de impuestos sobre ingresos por servicios de exportación, mientras la tasa contributiva máxima de Puerto Rico es de 39%. Además, la ley les da el 100% de exención contributiva sobre ingresos por distribución y 90% de exención en impuestos por propiedades personales que usen para actividades de negocio. Mientras que la Ley 22 “para incentivar el traslado de individuos inversionistas a Puerto Rico” les da una exención de 100% en impuestos por ingreso al hacerse residentes de la isla, además de la exención del pago de impuestos federales.
La Ley 185 de 2014 que menciona Ferrer es la de fondos de capital privado, que promueve la inversión en compañías que no tienen acceso a los mercados de capital público.
“Para que se logre más poderío económico para Puerto Rico”, añade Ferrer sobre esas leyes.
“¡Miguel!”, le grita un hombre alto de traje negro que se acerca y lo abraza diciéndole: “El mogul de los mogules, felicidades por NotiCel”, mientras le da palmadas detrás del hombro. Ferrer le contesta “Gracias, gracias”. “Bravo, bravo”, le dice el otro.
Le pregunto a Ferrer si le preocupa que en medio de su presentación en la Cumbre surjan cuestionamientos por la participación de UBS en la venta de bonos de Puerto Rico.
“No comento sobre eso. Que te conteste UBS. Ya yo no estoy en UBS”, afirmó.
Pero usted estaba en UBS.
“No quiero comentar sobre eso. No, yo no estaba en UBS cuando estaban los problemas pero yo no tengo que ver con eso”.
Ferrer acelera el paso, entramos al vestíbulo del Centro de Convenciones y subimos hasta el tercer piso, donde se me acerca un hombre con camisa de cuadros y mahón que me siguió desde abajo. Se presenta como el oficial Juarbe de la Policía de Puerto Rico, con la placa colgando del cuello y me pregunta que para dónde voy. Le digo que soy periodista, me mira el carnet y se retira.
Ferrer se sumerge entre los suyos y se pasea tranquilo por el vestíbulo. Es natural que no tuviera preocupación por las preguntas que pudieran hacerle sobre UBS y la deuda del gobierno de Puerto Rico; en el primer día de la Cumbre no hubo espacio para cuestionamientos. Los periodistas estaban en línea sentados en una mesa al final de un salón amplio, lejos de la tarima y pocos se acercaron a las mesas ocupadas por inversionistas y otras figuras como el ex juez presidente del Tribunal Supremo Federico Hernández Denton.
Afuera, el vestíbulo del tercer piso se transformó en una galería llena de puestos de información donde se exhiben productos y servicios que se estiman de gran atractivo para los inversionistas extranjeros que el gobierno anhela se instalen en la isla. Como por ejemplo, armas de fuego.
Una de las compañías que tiene un puesto es la armería AAA Armory, donde se exhibe la carabina M4, un fusil de asalto automático de fabricación estadounidense, el arma principal de infantería del Ejército de Estados Unidos utilizado por otras unidades de élite como el SWAT y probado en las Guerras de Afganistán, Irak, el conflicto armado en Colombia y en la Guerra contra el narcotráfico en México.
El anfitrión de ese puesto es el más joven y amable de todos y dijo que es la primera vez que la armería participa como uno de los auspiciadores de la Cumbre y que en pocas horas varios visitantes han mostrado interés. Muchos engabanados se acercan y tocan o cargan el arma en sus manos, se llevan tarjetas.
Michael Harrison, de la firma de inversión Mosley Ventures, se tomó una foto con la M4 y la subió a una página de Facebook del Puerto Rico Investment Summit con este comentario:
“With the protest across the street I feel very safe inside!” (Con la protesta que hay al cruzar la calle, ¡me siento muy seguro aquí adentro!).
Otro puesto es el de Verdaro Financial Advisory Service, “soluciones revolucionarias de financiamiento para desarrollo”, según su eslogan. Lo atiende Carlos Naranjo, con gafas de sol en el interior del Centro de Convenciones. Me explicó que su firma se dedica a financiar proyectos de más de 20 millones y que las leyes 20 y 22 le ayudan a conseguir clientes. También tienen puestos las compañías Captive Strategic Risk Solution, Christiansen Commercial Real Estate, Morgan Reed Group (real estate), el bufete de abogados Jae Legal, el broker Hiram R. Albino Collazo, Paseo Caribe, Luxury Estates Puerto Rico de Dorado Beach y uno de Integrated Solution for Medical Cannabis, todos auspiciadores del Summit.
El lobby se sigue llenando. Por ahí va Richard Carrión, presidente de Popular Inc., también pulula por aquí Alberto Bacó, secretario del DDEC. De repente llega Carlos Pesquera. Y cuando el empleado de Sol Corp, Tato Pérez, lo ve, se emociona y va hacia él, le dice que tiene que presentarle a alguien y le presenta a Mark E. Curry, CEO de Sol Corp. Al presentarlo, le dice que Pesquera está corriendo para Comisionado Residente, Curry le estrecha la mano mientras dice “¡Perfect!”. Sol Partner es una empresa de análisis financiero y de comunicación integrada.
Ya es hora de entrar al salón que está casi en penumbra; el gobernador va a dar su discurso de apertura.
Antes, se proyecta un vídeo con música de película de acción y tomas aéreas de Puerto Rico, desde donde sólo se ven las palmeras, el verdor y los cuerpos de agua. Pero nada del deterioro de la infraestructura abandonada, que es en verdad el paisaje predominante en la ciudad y en las áreas rurales. Nada de deambulantes harapientos y callecitas oscuras o escuelas cerradas; aquí todo se mira desde la óptica del capital que actúa como si la crisis financiera del 2008 de Estados Unidos hubiese sido un evento aislado. Esta misma semana se habló de un “lunes negro”, el mercado en pánico por la caída de los bancos, la fuga de capitales en China y la caída del precio del petróleo. Pero qué importa eso en esta sala donde más tarde se espera a John Paulson, el inversionista hiper millonario que hizo su fortuna precisamente en medio de la crisis de las hipotecas subprime que explotó en 2008 y que hasta hoy resuena en los huesos de quienes perdieron el sueño, la casa y los ahorros.
“…I also want to salute some of our distinguished guests and personal friends, José María Aznar, Rudy Giuliani, John Paulson, Nicholas Prouty, Richard Carrión, Chief Justice Federico Hernández Denton and the other distinguished panelists”, siguió García Padilla.
Todos los invitados hablarán de los beneficios de las leyes 20 y 22, pero nadie discutirá en profundidad los resultados que han tenido hasta ahora. Hace unas semanas, un informe preparado por la firma Estudios Técnicos fue presentado por el economista Joaquín Villamil, quien tiene un contrato de $125,000 con el DDEC.
Sin embargo, Villamil no fue invitado a la Cumbre para explicar su informe, que de entrada advierte que cualquier análisis de los resultados de estas leyes es prematuro por el poco tiempo que lleva operando. No obstante, el informe desglosa los resultados actuales y se aventura con predicciones de los beneficios que podrían tener las leyes 20 y 22 de aquí al 2024.
Indica que la ley 20 ha creado 7,033 empleos directos, indirectos e inducidos. Cada empresa beneficiaria crea un promedio de nueve empleos, por los que paga un promedio anual de $137.2 millones en nómina. Además, estas empresas invirtieron $143 millones, de los que obtuvieron casi $1.2 mil millones en ganancias y pagaron $2,292,195 en impuestos municipales.
Las empresas beneficiarias de las leyes 20 y 22 deben rendir un informe anual sobre sus actividades al DDEC. El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) lleva cuatro meses solicitando los informes de las empresas que reciben incentivos de las leyes 20 y 22, pero no se le ha dado acceso a la información. Por lo tanto, la única fuente disponible sobre el impacto de las leyes 20 y 22 es el documento comisionado por el DDEC a Estudios Técnicos, que alegadamente se basa en esos informes y en los datos que dan las compañías al solicitar los incentivos.
Un análisis preliminar del CPI sobre los resultados de las leyes 20 y 22 presentados por Estudios Técnicos revela que las empresas beneficiarias de estas leyes dejaron de aportar alrededor de $420 millones al erario, dado que en vez de pagar 39% pagaron 4% en contribuciones.
Mario Negrón Portillo, catedrático retirado del Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, validó el análisis y reconoció que la estrategia económica vigente es la misma que se implementó con la sección 936: la atracción de capital extranjero. Sólo que antes se promovía la manufactura y ahora se incentiva a la industria de los servicios. Aunque dijo que en el tiempo de la 936 era cuando mejor estaba Puerto Rico económicamente, advirtió que con las leyes 20 y 22 podemos terminar en lo mismo, sin una economía local sólida.
“En el caso nuestro, ante la ausencia de capital, para bien o para mal esta es la forma que escogieron (la atracción de capital extranjero)” para impulsar la economía.
Las leyes 20 y 22 fueron aprobadas en 2012 bajo administración del Partido Nuevo Progresista, cuando el secretario de Desarrollo Económico era José Pérez Riera. Los autores de las leyes 20 y 22 fueron el senador Thomas Rivera Schatz y la representante Jennifer González. La administración García Padilla las tomó como banderas de su gestión económica.
En la Cumbre para promover estas leyes, luego del saludo, el gobernador animó a los presentes afirmando que “Puerto Rico está en medio de una revolución económica que posicionará a la isla como un jugador valioso del hemisferio occidental”.
Antes de proseguir, habló sin remedio sobre la crisis de la deuda del gobierno de Puerto Rico. Luego elaboró sobre “la revolución económica”, que se basa en “profundizar los derechos de hacer negocios en Puerto Rico” eximiendo de impuestos federales.
García Padilla resaltó que las leyes 20 y 22 son posibles gracias a nuestra “relación única con los Estados Unidos”.
“Nuestra meta de negocios es convertir la economía puertorriqueña en modelo de servicios internacional que conecte a las empresas del mundo con América. Eso está pasando allá afuera hoy, esta es su oportunidad. Es por eso que nuestros agresivos incentivos contributivos van dirigidos particularmente no sólo a manufactura, al turismo y la agricultura, sino a la industria aeroespacial y a la tecnología”, afirmó.
Luego fue el turno de Nicholas Prouty, el millonario símbolo de las leyes 20 y 22 y su promotor global. Es CEO de Putnam Bridge y dueño del complejo de viviendas Ciudadela en Santurce, un barrio popular capitalino que él visualiza como a Williamsburg, un barrio de Brooklyn que es escenario de una intensa gentrificación, el desplazamiento de gente de escasos recursos, entre ellos inmigrantes puertorriqueños y dominicanos, por gente de mayor poder adquisitivo. La comparación de Prouty entre Santurce y Williamsburg tiene coherencia, dado que el primer complejo que adquirió, Ciudadela, está enclavado en territorio del barrio San Mateo de Cangrejos, que antes era habitado por gente de escasos recursos que fueron desalojadas con la ayuda del Departamento de Vivienda para dar paso al desarrollo privado y de alto nivel adquisitivo.
El secretario del DDEC, Bacó, habló después en un panel junto a Richard Carrión y Prouty, moderado por Rafael Lama, editor de la sección de negocios de El Nuevo Día. Bacó tuvo a su cargo el contexto histórico del desarrollo económico en Puerto Rico. “La historia se puede narrar desde diferentes perspectivas. Yo voy a narrarla desde mi propia experiencia”, comenzó Bacó.
La historia económica narrada por Bacó se resume en que la década de los ’50 fue la era del empresarismo, “acabo de leer sobre eso, Puerto Rico era simplemente increíble, cada semana inauguraba una fábrica”. En los ’70 hubo un empuje con la sección 936: “Teodoro Moscoso fue el creador de esas tres décadas”, dice. Luego da un salto a la mitad de los ’90 para decir que de ahí hasta el 2012 hubo una reacción negativa a los últimos 40 años de desarrollo económico. “Perdimos todo lo que hicimos los últimos 40 años”. ¿Qué pasó en los últimos tres años?, pregunta Lama. “Llegaron los ‘game-changers’”, contesta Bacó, refiriéndose a la administración actual y a los inversionistas extranjeros que han llegado atraídos por las exenciones contributivas que les ofrecen las leyes 20 y 22.
