Por redacción de Sin Comillas

Más de dos tercios de los países —incluidas las economías más avanzadas del mundo— muestran signos de estancamiento o de retrocesos en sus esfuerzos anticorrupción, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2019, publicado hoy por Transparency International.

Dinamarca y Nueva Zelanda obtienen los mejores resultados del indice, con 87 puntos cada uno, mientras que Siria, Sudán del Sur y Somalia tienen los peores resultados. Más de dos tercios de los países obtienen puntuaciones menores a 50, con una puntuación media de solo 43. En comparación con 2012, solo 22 países mejoraron significativamente su puntuación, ente ellos Estonia, Grecia y Guyana. Del total de países, 22 empeoraron significativamente en este mismo periodo, entre ellos Australia, Canadá y Nicaragua.

La investigación demuestra que varias de las economías más avanzadas no pueden darse por satisfechas si quieren mantener su impulso anticorrupción. Cuatro países del G7 redujeron sus puntuaciones en relación con el año pasado: Canadá (-4), Francia (-3), Reino Unido (-3) y Estados Unidos (-2). Alemania y Japón no experimentaron ninguna mejora, mientras que Italia aumentó un punto.

El IPC califica a 180 países y territorios en función de sus niveles percibidos de corrupción en el sector público, a partir de 13 evaluaciones de expertos y encuestas a empresarios. Utiliza una escala de 0 (corrupción elevada) a 100 (sin corrupción).

Los países donde las elecciones y la financiación de los partidos políticos son sometidos a la influencia indebida de intereses particulares, tienen menos posibilidades de reducir la corrupción, de acuerdo con los resultados del análisis.

“La frustración por la corrupción gubernamental y la falta de confianza en las instituciones refleja la necesidad de una mayor integridad política”, dice Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparency International. “Los gobiernos deben afrontar urgentemente el rol corruptor de los grandes capitales en la financiación de los partidos políticos y la influencia indebida que se ejerce en nuestros sistemas políticos”.

Integridad política y corrupción

El análisis demuestra que los países que tienen un buen desempeño en el IPC también cumplen con la regulación sobre la financiación de campañas electorales y cuentan con procesos de consulta muy participativos.

Los países donde hay regulaciones más exhaustivas para la financiación de las campañas y, además, se cumplen de manera sistemática, tienen una puntuación media de 70 en el IPC, mientras que los países donde las regulaciones no existen o se cumplen de forma deficiente tienen una media de 34 y 35, respectivamente.

60% de los países que mejoraron significativamente sus puntuaciones en el IPC desde 2012 también fortalecieron sus regulaciones sobre las donaciones a las campañas políticas.

“La falta de un progreso real contra la corrupción en la mayoría de los países es decepcionante y tiene profundos efectos negativos en la ciudadanía mundial”, dice Patricia Moreira, directora ejecutiva de Transparency International. “Para tener alguna posibilidad de reducir la corrupción y mejorar la vida de la gente, debemos acabar con la relación entre la política y los grandes flujos de dinero. Toda la ciudadanía debe estar representada en los procesos de toma de decisiones”.

Los países con procesos de consulta amplios y transparentes tienen una media de 61 puntos en el IPC. Por el contrario, cuando existe poca o ninguna consulta, la puntuación media es de solo 32.

Una amplia mayoría de países que empeoraron significativamente sus puntuaciones en el IPC desde 2012 no impulsan la participación de los actores políticos, sociales y empresariales más relevantes en los procesos de toma de decisiones.

Recomendaciones

Para reducir la corrupción y recuperar la confianza en la política, Transparency International recomienda a los gobiernos:

  • Controlar la financiación política para prevenir la excesiva influencia de los flujos de dinero en la política
  • Acabar con el trato preferencial para garantizar que la prestación de servicios y la distribución de los recursos públicos no respondan a conexiones personales ni estén sesgados hacia determinados grupos de interés;
  • Gestionar los conflictos de interés y las “puertas giratorias”;
  • Regular las actividades de lobby, a través de la promoción del acceso transparente y amplio a los procesos de toma de decisiones;
  • Fortalecer la integridad electoral, y prevenir y sancionar las campañas engañosas;
  • Empoderar a la ciudadanía, y proteger a los activistas, los informantes y los periodistas;
  • Reforzar los sistemas de control y promover la separación de poderes.