Por redacción de Sin Comillas

Los procesos de contratación del Gobierno muestran numerosas debilidades que exponen al Gobierno a la pérdida de que hasta $3,000 millones y servicios esenciales deficientes, según datos del estudio “Evaluación de los Procesos de Contratación Pública en Puerto Rico”, de la organización sin fines de lucro Sembrando Sentido.

Según el estudio, las alianzas público-privadas (APP) y los servicios profesionales carecen de transparencia y de requisitos de competitividad robustos. Los procesos de las APP proveen “alta discreción hacia la contratación directa y sin competencia” y hacen viable ofrecer múltiples beneficios a proponentes de propuestas no solicitadas, en transacciones multimillonarias con gran impacto en servicios como energía, transportación e infraestructura.

El estudio también apunta al mal uso de los estados de emergencia para atender necesidades previsibles sin planificación o verdadera competencia. “No es coincidencia que muchos de los casos más escandalosos de fraude y corrupción, como el de Apex y Cobra, se hayan dado durante estados de emergencia, pues se flexibilizan los requisitos de transparencia y competitividad. Y mientras no atendamos estas problemáticas nos arriesgamos a enfrentar otro desastre natural a la intemperie”, expresó Issel Masses, directora ejecutiva de Sembrando Sentido.

En cuanto a los débiles procesos de evaluación de necesidades y planificación, se destaca que en casos recientes (como el caso de acondicionamiento de los planteles escolares y el caso donde se buscó reparar la crítica situación del Cementerio del Municipio de Lares), el Gobierno utilizó los estados de emergencia para atender necesidades previsibles.

El estudio plantea también que existe un “excesivo número de leyes y reglamentos que crean confusión e inconsistencia en la licitación y contratación”, con más de 54 leyes y 110 regulaciones relacionadas a la contratación pública en Puerto Rico, 79 que son medulares para el sistema. Solo una aplica a todas las entidades públicas. Además, muchas de estas leyes y regulaciones no están actualizadas, creando lagunas que a menudo redundan en más errores o en la manipulación de los procesos para evitar la competencia y la integridad en los procesos de contratación.

El estudio revela además que los servicios profesionales, que representan al menos 9% del gasto público, y los contratos de manejo de desperdicios, que representan el 18.7% del monto obligado en contratos a nivel municipal (entre el 2015-2021), carecen de requisitos de procesos competitivos. Por esa línea, sobresale que existen 29 circunstancias excepcionales para eximir a una compra de su debido proceso competitivo en los casos donde se exigen.

La evaluación destacó algunas fortalezas como la Reforma de Compras en la Rama Ejecutiva con procedimientos para suspender o expulsar a un contratista de los registros de licitadores por incumplir con los términos de un contrato. Además, observó un incremento en la divulgación de oportunidades y adiestramientos al sector privado sobre los procesos de compras y contratación pública por parte de la Administración de Servicios Generales (ASG). Sin embargo, esto no ha sido suficiente según una encuesta a participantes del sector privado. El 60% de los encuestados indicó que se les hace difícil o sumamente difícil enterarse de oportunidades de licitación.

Tanto la encuesta como entrevistas con representantes del sector privado reflejaron que existe  desconfianza en el sistema de compras y contratación, al que describen como “burocrático”. Un 71.4% de los encuestados indicó haber tenido problemas con los pagos del gobierno luego de entregar los bienes o servicios contratados. Casi la mitad de los encuestados considera que para asegurar contratos gubernamentales es necesario tener relaciones cercanas con servidores públicos que toman decisiones sobre el contrato, que es necesario participar de eventos políticos para estos fines, o que deben ofrecer beneficios privados a servidores públicos.

Además de los problemas existentes en el periodo antes y durante la contratación, el estudio de Sembrando Sentido encontró que la rendición de cuentas post-contratación está obstaculizada por un marco legal permisivo. Por ejemplo, aunque la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) lleva a cabo auditorías municipales cada dos años, el nuevo Código Municipal extiende el mínimo de auditorías a una vez cada cinco años. “Esto representa un gran riesgo para la integridad pública, sobre todo considerando la falta de transparencia y monitoreo preventivo en la gestión de contratación y compra pública”, indicó Masses. La transparencia es extremadamente débil, con más de 56 portales de gobierno que divulgan información incompleta, no integrada y de pobre calidad sobre la contratación. “Esta descentralización de información, que generalmente tampoco incluye la divulgación de subcontratos u órdenes de compra, hace casi imposible saber algo tan sencillo como cuánto se gasta en contratos y compras públicas”, dijo.

Segun el estudio, aunque los datos presupuestarios de la OGP apuntan a un 20% de gastos en compras y contratos en servicios no profesionales, los datos del Registro de Contratos de la OCPR apuntan a que en promedio, se obligan  $13,500 millones por año fiscal (incluyendo enmiendas), equivalente al 50% del presupuesto anual promedio de Puerto Rico.