César Montijo es el principal oficial ejecutivo de SANOS en Caguas, una organización que provee servicios primarios de salud a cerca de 7,000 pacientes anualmente. (Foto por Angel Valentin | Centro de Periodismo Investigativo)

Luego de demostrar su importancia para los servicios de salud de las comunidades tras el huracán María, en parte con el apoyo de entidades filantrópicas, ahora el gobierno los está incluyendo en el plan de recuperación.

Por Mc Nelly Torres | Centro de Periodismo Investigativo

Tres días después del huracán María, Isolina Miranda miraba con incredulidad lo que quedó del edificio de dos pisos donde una vez hubo un centro de salud comunitario en el corazón del pueblo San Lorenzo, que tiene unos 37,000 habitantes.

Miranda es la directora ejecutiva de COSSMA Inc., uno de los 20 centros de salud comunitarios en Puerto Rico.

Cuando el huracán llegó el 20 de septiembre de 2017, los fuertes vientos arrancaron el techo de zinc del centro de salud y la lluvia dañó todo lo que había adentro — medicamentos, muebles, computadoras, equipo médico y la recién renovada área de obstetricia.

Al llegar al centro destrozado, Miranda encontró a los pacientes y al personal esperando ansiosos. Los pacientes se preguntaban si la clínica estaba en condiciones de darles los servicios médicos dada la devastación, mientras que el personal estaba preocupado ante la posibilidad de perder sus empleos.

“La gente estaba llorando”, dijo Miranda mientras trataba de controlar su emoción. “Les dije que no se preocuparan… ‘Vamos a ver qué podemos hacer con lo que tenemos aquí’”.

Miranda vio el daño que el huracán dejó a su paso mientras manejaba hacia la clínica, y sabía que la necesidad de servicios médicos sería esencial tras el paso de la tormenta. Dio instrucciones al personal para que instalaran una carpa en la acera y comenzaran a documentar los nombres de los pacientes y los medicamentos necesarios mientras organizaban el transporte de los pacientes a otras clínicas de COSSMA con farmacias aún abiertas en pueblos cercanos.

Los centros de salud como COSSMA brindan atención médica primaria a las poblaciones pobres en Puerto Rico. Pero durante los primeros días y semanas después de María, estos centros se convirtieron en los primeros en dar apoyo a los que necesitaban asistencia médica y medicamentos. La respuesta de la mayoría de estos centros de salud ayudó en un momento en que se desató una crisis de salud pública y muchos hospitales cerraron, al tiempo en que las agencias gubernamentales federales y estatales — encargadas de responder después de un desastre natural — fallaron, según entrevistas a varias personas.

“No podíamos comunicarnos con nadie”, dijo Miranda al describir los primeros días después de la tormenta. “Fuimos a las comunidades con nuestros servicios médicos”.

En muchos casos, los proveedores de servicios médicos como COSSMA trabajaron bajo carpas ubicadas fuera del centro de salud porque los edificios estaban parcialmente dañados o no eran seguros. Mientras que otros, como los Centros de Servicios Primarios de Salud de Patillas, usaron sus unidades móviles para visitar a los pacientes en sus hogares, incluyendo algunos que vivían en áreas más remotas.

La Corporación de Salud Asegurada por Nuestra Organización Solidaria (SANOS) visitó refugios y centros de cuidado de ancianos en Caguas para brindar atención primaria y medicamentos a pacientes con enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión, asma y enfermedades del corazón. El centro de Patillas permaneció abierto al público, incluso mientras la tormenta entraba a tierra, a unas pocas millas de distancia.

Estos centros también fueron de los primeros en atender a pacientes con condiciones de salud pública estrechamente relacionadas con eventos catastróficos, como infecciones agudas, conjuntivitis, sarna, asma, dermatitis y enfermedades contagiosas como influenza, dengue, leptospirosis y zika.

La pediatra Raquel Figueras, hace un examen médico a la niña Siulaidali Morales en la unidad móvil de SANOS en la comunidad San Antonio en Caguas. (Foto por Angel Valentin | Centro de Periodismo Investigativo)

“Estábamos solos en el mundo”, dijo César Montijo, director ejecutivo de SANOS, un centro de salud en Caguas, al describir cómo su clínica intervino para brindar servicios médicos e incluso alimentos a las comunidades necesitadas 72 horas después del huracán.

Los esfuerzos de estos centros de salud luego del huracán confirmaron que son una pieza esencial en la estrategia de respuesta ante emergencias.

El año pasado, la Administración de Servicios y Recursos de Salud (HRSA, por sus siglas en inglés), la agencia federal que provee fondos para los centros de salud, otorgó $12.8 millones para apoyar los preparativos para desastres, especialmente en áreas remotas.

Direct Relief, una organización cuya oficina matriz está en California y que da ayuda para atender las necesidades inmediatas de las víctimas de desastres naturales, aportó fondos para instalar paneles solares en 37 clínicas y brindó empaques con suministros médicos de emergencia a 12 centros de salud antes de la temporada de huracanes del 2019.Otros esfuerzos de preparación han incluido: generadores de mayor capacidad, instalar tanques de combustible lo suficientemente grandes para almacenar diesel durante 21 días o más, y construir sistemas de almacenamiento de agua y pozos.

El año pasado el gobierno de Puerto Rico solicitó al Congreso de los Estados Unidos $250 millones en fondos para equipar a los centros de salud comunitarios con materiales y equipos que los prepara para enfrentar un desastre. También se solicitaron equipos como vehículos todoterreno y clínicas ambulantes que estarían listas para responder en lugares con daños graves y áreas aisladas después de un desastre.Esto era parte del plan económico y de recuperación de desastres del gobierno.

El CPI pidió al Departamento de Salud detalles sobre si los fondos fueron aprobados y una lista de los centros involucrados en estos esfuerzos y cualquier plan de preparación para emergencias que incluya centros de salud. Salud refirió la petición a la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción de Puerto Rico (COR3) y esa agencia no proveyó la información luego de varias solicitudes.

El acceso a medicamentos y atención médica son vitales después de un desastre

El acceso a medicamentos y a servicios médicos puede convertirse rápidamente en una cuestión de vida o muerte después de un desastre natural y esto se hizo evidente después de que la tormenta dislocara la infraestructura — electricidad, transportación y comunicaciones — lo que provocó retrasos en el acceso a la atención médica, alimentos y agua.

En Puerto Rico, después de María, esos retrasos contribuyeron a aproximadamente 3,000 “muertes en exceso” entre el 20 de septiembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2017, según el estimado más reciente de la Universidad de Harvard.

El estudio concluyó que algunas de las razones del aumento en el número de muertes después de la tormenta incluyeron la imposibilidad de acceder a medicamentos, la ausencia de médicos y la interrupción de los servicios médicos, la necesidad de equipo respiratorio que requería electricidad y la incapacidad de acceder al sistema del 911, especialmente en áreas remotas.

Montijo dijo que el enfoque de los centros de salud en la atención primaria le permitió a los hospitales concentrarse en casos más serios.

“Estamos hablando de tener medicamentos que necesitaban refrigeración o de proporcionar terapia a pacientes asmáticos porque no tenían luz en su casa”, dijo Montijo. “Esas cosas básicas son importantes y también pudieran salvar vidas”.

Arturo García, doctor y director médico en el centro de salud de Patillas, dijo que la clínica recibió a muchos pacientes buscando ayuda la noche de la tormenta.

“Tuvimos muchas personas que vinieron aquí para recibir su terapia respiratoria porque no tenían electricidad”, dijo García, señalando que se habían preparado para eso porque la ciudad tiene una población de ancianos en aumento. “La gente murió aquí en Patillas porque no tenían electricidad”, afirmó.

Sin embargo, 15 días después de la tormenta, los 20 centros de salud y sus clínicas alrededor de la isla no aparecían en los informes que preparaba diariamente la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) sobre los trabajos de emergencia.

Los informes diarios documentaron los esfuerzos de recuperación que se llevaban a cabo todos los días por las agencias de salud de Puerto Rico y el Departamento de Salud y Servicios Humanos federal, enumerando el número de hospitales, Centros de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) y las clínicas de atención de urgencias, según una revisión de más de 1,000 páginas de notas de FEMA obtenidas por el CPI, como resultado de una demanda presentada contra el gobierno federal para obtener los documentos.

Los informes diarios no incluían detalles específicos sobre las necesidades inmediatas de los centros de salud, tales como electricidad, agua, medicamentos y personal o cualquier esfuerzo en curso para brindar alivio. En cuanto a los memorandos de FEMA, los centros de salud comunitarios y su papel en la prestación de atención primaria de salud a las comunidades vulnerables no existían.

“El gobierno tenía múltiples prioridades y, en algún momento, el gobierno, el Departamento de Salud y FEMA decidieron concentrar sus esfuerzos en los hospitales”, dijo Alicia Suárez, directora ejecutiva de la Asociación de Salud Primaria de Puerto Rico (ASPPR), destacando que había confusión sobre los centros de salud comunitarios. ASPPR es una organización de apoyo para los centros de salud en Puerto Rico.

En una respuesta vía correo electrónico, FEMA dijo al CPI que “apoyó las prioridades establecidas por el gobierno de Puerto Rico y el Departamento de Salud para determinar la asistencia que se brindaría a los proveedores de atención médica”.

“El Departamento de Salud de Puerto Rico no asignó un rol de respuesta a la emergencia a los (centros de salud) 330 en la operación de rescate”, escribió Juan A. Rosado Reynes, un portavoz de FEMA. “Por lo tanto, cualquier asistencia ofrecida a los sobrevivientes se coordinó por iniciativa propia”.

Semanas después del evento, la ASPPR comenzó a transmitir un mensaje simple al gobierno y a FEMA: las instalaciones de atención primaria de salud también son importantes, dijo Suárez.

Nadie pudo haber anticipado la magnitud de la tormenta ni la devastación que dejó, ni siquiera los centros de salud que se prepararon para el huracán. Los retos se extendieron a las personas que trabajan en ellos: el 95% de los centros reportó que tuvo personal que perdió sus hogares.

Cuatro semanas después de la tormenta, el 89% de los centros de salud operaban en horario limitado debido a la falta de personal, electricidad y equipo, lo que les impedía ofrecer servicios de laboratorio, rayos X y dentales, entre otros, según un informede noviembre de 2017 realizado por la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken. El 65% de los edificios de los centros de salud requirieron reparaciones estructurales.

Uno de los mandatos federales exigía que los centros de salud continuaran su misión, sin importar los daños causados por la tormenta, de proveer medicamentos y servicios de atención primaria de salud sin ninguna restricción, a quienes necesitaran los servicios después de un desastre natural, dijo Suárez.

Al servicio de las comunidades marginadas

La salsa retumbaba desde unas enormes bocinas durante una calurosa tarde en el vecindario rural de San Antonio en Caguas. La unidad móvil de SANOS estaba estacionada frente al centro comunal del vecindario y ese día tenía un médico de familia, un pediatra y una enfermera para recibir pacientes todo el día. Los pacientes, en su mayoría ancianos, esperaban dentro del edificio donde estaba más fresco, lejos del sol.

SANOS ofrece servicios de atención primaria de salud, tales como pediatría, vacunación, obstetricia, psicología, medicamentos a precios de descuento a través de un programa federal y otros servicios a aproximadamente 7,000 pacientes por año.

“Respondemos a las necesidades específicas de la comunidad”, dijo Montijo, señalando que SANOS atiende a personas sin hogar, con VIH y de bajos ingresos, ya sean parte del programa de salud financiado con fondos públicos o no. “Cada comunidad tiene sus propios retos y necesidades”.

El concepto de centros de salud comunitarios surgió en Estados Unidos como parte de la política pública llamada Guerra contra la pobreza de principios de la década de 1960, que se enfocó en combatir las raíces de la pobreza mediante la combinación de recursos de las comunidades y fondos federales para establecer programas como, por ejemplo, las clínicas en áreas rurales y urbanas en todo Estados Unidos. Hoy día, hay casi 1,400 centros con más de 11,000 clínicas en comunidades a través de los Estados Unidos y sus territorios.

Conocidos como los centros 330 en Puerto Rico, debido a que la Sección 330 de la Ley de Servicios de Salud Pública es el estatuto federal que crea y autoriza el Programa de Centros de Salud y su financiamiento, estos centros reciben fondos del programa federal de Administración de Servicios y Recursos de Salud (HRSA, por sus siglas en inglés) para ofrecer servicios de atención médica primarios en áreas desatendidas. Estos centros de salud surgieron en Puerto Rico en los años 80.

Los Centros de Servicios Primarios de Salud de Patillas estuvieron entre los centros que llevaron unidades móviles a las comunidades para dar servicios directos. (Foto por Mc Nelly Torres | Centro de Periodismo Investigativo)

En Puerto Rico, los 20 centros de salud tienen un total de 79 clínicas, 10 unidades móviles y seis programas en escuelas públicas en 59 municipios, según la ASPPR. Los centros de salud son todos organizaciones sin fines de lucro independientes, en su mayoría financiadas con fondos federales, propiedad de las comunidades a las que sirven. Una junta directiva compuesta por los propios pacientes gobierna cada centro y sus clínicas.

En el 2017 los centros brindaron atención primaria de salud a más de 370,000 niños y adultos en toda la isla. La mayoría de los pacientes que buscan sus servicios en estos centros reciben Medicaid, pero las clínicas también brindan atención a personas con seguro privado, Medicare y personas sin seguro.

Después del huracán, tres cuartas partes de los centros experimentaron un aumento en el número de pacientes, según un informe de noviembre de 2017 realizado por la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken.

“Se hizo evidente que había una gran necesidad [de servicios] después del huracán, especialmente hacia poblaciones especiales”, dijo Rubén Rodríguez Bou, un médico de familia de SANOS que ha practicado medicina desde 2004. “La falta de acceso a la atención médica es un problema entre la población anciana y esto fue evidente después de la tormenta”.

Centros de salud dan acceso a medicamentos después del desastre

Una semana después de la tormenta, Luis R. Rodríguez, un diseñador de interiores retirado, caminó hasta la clínica de San Lorenzo y anotó su nombre en una libreta para recibir transportación a la clínica de COSSMA en Las Piedras y obtener su medicamento para la diabetes. Se había quedado sin medicinas después del huracán y tuvo la suerte de que su vecina tomaba las mismas pastillas para controlar su diabetes tipo 2, y las compartió con él en lo que conseguía las suyas.

“La guagua estaba repleta”, dijo.

Félix Ramírez, de 65 años, quien padece de una condición cardíaca y diabetes y necesita oxígeno para respirar, ha sido un paciente de mucho tiempo en COSSMA. Cuando el huracán azotó, Ramírez estaba en el Hospital Menonita en Caguas debido a complicaciones continuas de una cirugía que tuvo en 2014. Su esposa Iris Vázquez, de 58 años, y su nieto de ocho años pasaron la tormenta en la casa de un pariente en Caguas porque temían que su casa de madera en el barrio Hato no sería lo suficientemente fuerte para aguantar los vientos del huracán. Y no lo fue.

Dos días después del huracán, el hospital llamó a Vázquez y le dijo que estaban dando de alta a su esposo. El personal del hospital había trasladado a los pacientes a los pasillos cuando el huracán destruyó las ventanas de cristal en varios pisos altos y el agua entró a los cuartos.

Ramírez estaba en el sexto piso.

“Los pacientes que estaban en condición delicada fueron enviados a la casa porque el hospital no estaba en condiciones de mantenerlos”, dijo Vázquez, y agregó que el personal del hospital estaba preocupado de que las bacterias infectaran a los pacientes. “Tiene coágulos de sangre en las piernas y enfisema, por lo que los pacientes como él estaban en riesgo”.

No tomó mucho tiempo para que el equipo médico de COSSMA, incluyendo el propio médico de Ramírez, una enfermera y un consejero, se presentara en la casa para ver cómo estaba su salud. También le entregaron medicamentos en varias ocasiones a su esposo, e insulina para ella también, dijo Vázquez durante una entrevista telefónica.

Vázquez, quien criticó la respuesta lenta de los gobiernos locales y estatales, dijo que las clínicas salvaron vidas y ayudaron a muchos incluso cuando estaban operando desde una pequeña carpa improvisada.

“La cantidad de muertes hubiese sido mayor porque muchos pacientes tenían enfermedades crónicas y necesitaban medicamentos”, dijo sobre el valor del trabajo de COSSMA después del huracán. “Y mi esposo también hubiese estado en esa lista [de muertos]”.

Hoy, la clínica COSSMA en San Lorenzo está operando desde tres vagones portátiles alquilados ubicados al otro lado de la calle de donde se encontraba el antiguo edificio. COSSMA también tiene clínicas en Yabucoa, Humacao, Las Piedras, Aibonito y Cidra, que atienden a un total de 30,000 pacientes con 300 empleados.

Miranda rota el personal entre las clínicas de San Lorenzo, Las Piedras y Humacao porque no tienen el espacio necesario en los tres vagones portátiles para proveer todos los servicios que el centro de salud brindaba antes del huracán. Los planes para comenzar la construcción de una nueva clínica están en marcha.

Yanira Rodríguez, una trabajadora social de COSSMA que trabaja en San Lorenzo, dijo que la preocupación por los problemas de salud mental ha ido en aumento, ya que han visto más pacientes que perdieron sus hogares y empleos padeciendo de condiciones relacionadas con el estrés, ansiedad, abuso de sustancias y depresión.

La encuesta más reciente sobre los centros de salud comunitarios realizada por la Henry J. Kaiser Family Foundation y publicada en septiembre de 2018, valida la experiencia de Rodríguez. Los centros de salud informaron un “aumento sustancial en los pacientes que sufren depresión y ansiedad, incluyendo el trastorno de estrés postraumático (PTSD, por sus siglas en inglés), y dijeron que sus pacientes tienen más probabilidades de experimentar pensamientos e intentos suicidas que antes de la tormenta”, señala el informe.

La población de Puerto Rico, está envejeciendo y enfermando debido a condiciones crónicas — a veces sin tener a nadie que los cuide — además de que hay también personas más jóvenes con necesidades especiales. Estos grupos vulnerables dependen cada vez más de programas financiados con fondos públicos en un momento cuando las divisiones profundas en el Congreso de los EE.UU. y la administración Trump han retrasado el otorgamiento de la solicitud del gobernador Ricardo Rosselló de $600 millones en fondos de emergencia para el programa de asistencia alimentaria de la isla, que ayuda a alimentar a 1.3 millones de familias. Esos fondos son parte de un paquete de medidas contra desastres aprobado esta semana que fue firmado por el Presidente el 6 de junio.

“Lo vemos todos los días cuando visitamos a los pacientes en el hogar”, dijo Rodríguez. “Es triste que después del huracán vimos que las necesidades han cambiado e incluso aquellos que cuidaban a un padre envejeciente no pueden hacerlo más debido a problemas físicos o emocionales propios”.

La solidaridad de los centros de salud de Estados Unidos no se hizo esperar

Tan pronto como el huracán azotó a Puerto Rico causando destrucción masiva, los miembros de la Asociación Nacional de Centros de Salud Comunitarios se organizaron rápidamente para ayudar a los centros de salud en la isla. Se asociaron con la Hispanic Federation, Direct Relief y otras organizaciones comunitarias para brindar ayuda a los centros de salud.

A medida que la comunicación mejoraba gradualmente, comenzaron a llegar informes de la ASPPR que mostraban una necesidad urgente de vacunas y medicamentos, incluyendo antibióticos, gotas para los ojos, insulina, medicamentos antiinflamatorios o gastrointestinales y terapia respiratoria.

La ASPPR configuró un sistema de informes utilizando WhatsApp para recopilar datos semanales y enviando actualizaciones sobre las necesidades inmediatas de los centros de salud para informar a la Administración de Servicios y Recursos de Salud y otras organizaciones que podía viabilizar ayuda y dar apoyo. La asociación utilizó la misma aplicación móvil para comunicarse con los centros de salud, pero también visitó muchos de los lugares a medida que mejoraban las condiciones. Los informes semanales de la ASPPR también ayudaron a otros grupos a establecer prioridades.

“Si no podíamos comunicarnos, simplemente llegábamos en carro al lugar para evaluar la situación. Eso comenzó el lunes después de la tormenta”, dijo Darielys Cordero de la ASPPR.

Cada desastre natural trae sus propios retos y lecciones. El huracán Katrina le enseñó a los trabajadores de emergencia que la respuesta debe ser regional porque las personas suelen buscar ayuda en los hospitales y centros de salud locales.

En Puerto Rico, las personas reaccionaron de diferentes maneras según su situación personal, pero los proveedores de atención médica de los centros de salud se dieron cuenta enseguida de que tenían que llevar los servicios de salud a quienes no podían ir a las clínicas. Algunos pacientes estaban demasiado enfermos para llegar o no tenían transporte, mientras que otros no querían abandonar sus hogares por temor a que les robaran.

Feygele Jacobs, presidente y director ejecutivo de RCHN Community Health Foundation con oficina principal en el Bronx, Nueva York, dijo que la filantropía privada ayudó con dinero, equipo médico, personal, medicamentos y otras necesidades como artículos de higiene personal.

“Pero, ¿qué implica cuando dependes de la filantropía privada [en vez del gobierno]?” dijo Jacobs.

Andrew MacCalla, director de respuesta de emergencia de Direct Relief, dijo que la organización trabaja en estrecha colaboración con los centros de salud en EE.UU., incluyendo los de Puerto Rico. La organización llegó siete días después de la tormenta transportando $70 millones en medicamentos, la mitad de los cuales fueron donados a los centros de salud.

“Sabemos que después de los desastres, los [centros de salud] básicamente se convierten en los primeros en responder en sus comunidades”, dijo MacCalla.

Retos en los centros de salud comunitarios

Independientemente del buen trabajo, muchos centros de salud aún están luchando para recuperarse de los daños del huracán mientras continúan brindando atención primaria de salud a una creciente población de pobres y ancianos. En 2016, el 86% de los pacientes de los centros de salud en la isla tuvieron ingresos por debajo del nivel de pobreza, en comparación con el 70% de los pacientes atendidos por centros similares en los 50 estados y el Distrito de Columbia.

El huracán pudo haber empeorado las circunstancias económicas de muchos puertorriqueños, incluyendo los niños y los ancianos. Según una encuesta realizada por el Washington Post y la  Kaiser Family Foundation publicada en el otoño de 2018, el 29% de las personas encuestadas que ganan $20,000 o más dijeron que habían perdido los ingresos que generaban trabajando en una empresa pequeña o habían perdido días de trabajo.

Además, Puerto Rico presenta las peores condiciones económicas para los niños al compararse con los Estados Unidos, incluyendo tener la tasa más alta de niños (56%) que viven por debajo del nivel de pobreza y el 84% que viven en áreas de alta pobreza, según el “Kids Count Data Book 2018” publicado en 2018 por la Fundación Annie E. Casey.

La crisis fiscal de Puerto Rico y la deuda pública de $70,000 millones han contribuido a la migración de profesionales de la salud durante décadas. El huracán María empeoró esa realidad.

En los centros de salud de la isla, el 90% de los encuestados dijo que se le hacía difícil contratar a médicos; 88% a personal de farmacia; el 67% a personal para atender pacientes afectados por abuso de sustancias y el 8% de los centros de salud indicaron que era imposible contratar personal de salud mental y para atender abuso de sustancias, según una encuesta entre los centros de salud publicada en abril de 2018 por la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de George Washington University. Más de la mitad (57%) dijo que era difícil retener al personal, según la encuesta.

El futuro incierto del financiamiento de Medicaid

El sistema de salud de Puerto Rico ha estado bajo estrés fiscal por décadas y los fondos de Medicaid, que se reciben en forma de subsidio en bloque, pendían de un hilo antes de que el huracán María estremeciera la isla.

Como parte de los esfuerzos de recuperación, el Senado de los Estados Unidos aprobó $4,800 millones en fondos de Medicaid a principios de 2018, pero este dinero se agotará en septiembre de 2019.

Esto significa que después de septiembre, la isla pudiera enfrentar un déficit de fondos de Medicaid si el Congreso no actúa antes y eso podría dejar a 1.4 millones de personas sin atención médica, incluyendo la mayoría de los pacientes en los centros de salud.

Jacobs, quien ha colaborado con encuestas sobre los centros de salud en Puerto Rico, dijo que el huracán destacó las disparidades en el financiamiento de la atención médica en Puerto Rico.

Señaló que estos centros están “haciendo un trabajo extraordinario, a pesar de no tener los fondos ‘adecuados’”. Jacobs estuvo en la isla el Día de los Reyes Magos en enero de 2018 visitando un centro de salud en Loíza que aún operaba con un generador de electricidad.

“Esto requiere discutirse porque están en desventaja desde el punto de vista nacional [de los EE.UU.]. La inversión ha estado por debajo de lo que debe ser, por décadas”.

Este reportaje fue producido con apoyo del Dennis A. Hunt Fund for Health Journalism, un programa del USC Annenberg Center for Health Journalism.