Por redacción de Sin Comillas
La Coalición de Deuda Constitucional Legítima (CDCL), que incluye a ciertos tenedores principales de bonos de obligación general de Puerto Rico (GO, por sus siglas en inglés) y de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), respaldó el acuerdo con la Junta de Control Fiscal y otros tenedores de bonos GO y de la AEP que reestructura una deuda de $35,000 millones de deuda.
La CDCL destaca que “si el acuerdo es aprobado, absolutamente ningún dinero de ayuda federal ni fondos destinados a los pensionados o servicios esenciales irá a los bonistas”. Le deja aproximadamente $15,000 millones en efectivo al Gobierno.
“Este acuerdo entre una gran cantidad de acreedores principales y la Junta de Supervisión representa un importante paso adelante para que Puerto Rico salga de la quiebra sobre una base financiera sólida. Además de reducir la deuda pendiente del Estado Libre Asociado en, aproximadamente, $24,000 millones, el acuerdo acorta por 10 años el plazo para el pago de la deuda y le pone un límite al servicio anual de la deuda que mantendrá los pagos en o por debajo del 9.16% de los ingresos del gobierno. Este acuerdo, además, no toca fondos federales ni dinero destinado a los pensionados y mitiga el riesgo de un litigio prolongado que podría costar cientos de millones de dólares por año al gobierno en gastos relacionados con la reestructuración”, Matt Rodríguez de Miller Buckfire & Co., asesor financiero de la CDCL.
La CLDC está formada por titulares institucionales de bonos GO y de la AEP emitidos antes de marzo de 2012. La coalición busca alcanzar una reestructuración equitativa, económicamente viable, que respete la prioridad legítima de la deuda constitucional pre-2012 y que se categorize adecuadamente la estructura de la AEP. Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP y Reichard & escalera, LLC son los asesores legales de la CDCL, con Miller Buckfire & Co, una compañía de Stifel, actuando como asesor financiero de la coalición.
