Por Redacción de Sin Comillas

La Junta de Control Fiscal ha gastado en consultores, asesores y abogados de $2,022 millones, según un informe de Espacios Abiertos. Los gastos exceden significativamente el estimado original de $370 millones que hizo el Congreso de Estados Unidos del costo que tendría la Ley PROMESA. Ningún ente local o federal fiscaliza estos gastos.

El desglose de gastos incluyen:

  • $308.11 millones en pagos a consultores y representación legal contratados fuera del proceso de Título III
  • $11.3 millones para el Oficial Examinador y
  • $1,702.5 millones para aquellos consultores contratados dentro de los procesos de Título III en el tribunal federal

Espacios Abiertos, que promueve un gobierno abierto y mayor transparencia fiscal, destaca la falta de transparencia de la Junta, que no ha rendido cuentas al pueblo de Puerto Rico ni al Congreso de los Estados Unidos sobre la totalidad de los gastos de PROMESA, al no incluir en sus informes el 84.8% del total de desembolsos que se ha hecho con cargo al bolsillo de los puertorriqueños.

“Hace apenas dos días la Junta dijo que la Universidad de Puerto Rico debe presentarle avisos formales y evidenciar con documentos los cambios que quiere a sus asignaciones presupuestarias mientras la propia Junta solo documenta y desglosa sus gastos operacionales de manera mensual pero no es capaz de documentar con transparencia la partida más grande de gastos que incluye sus propios gastos legales y de consultores financieros en el tribunal”, afirmó Daniel Santamaría Ots, economista y director de investigación de Espacios Abiertos.

Por otra parte, el nuevo plan de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la única deuda pendiente de resolución, se encuentra atrasado, lo que ha provocado que la jueza de quiebra Laura Taylor Swain emita una orden requiriendo que se tome acción, y que se entregue un calendario para la presentación del plan de ajuste enmendado de la AEE antes del 28 de febrero de 2025.

La AEE tiene una deuda total estimada en aproximadamente $12,000 millones en el caso Título III  y ya ha representado un desembolso de dinero público para consultores de más de $438 millones, un incremento del 142.30% respecto al 2023.

En 2023, Espacios Abiertos calculaba que el gasto de la Junta era de más de $1,500 millones. Ahora, al actualizar los datos a diciembre de 2024, utilizando las mismas fuentes, identificó que en ese nuevo periodo el gasto en consultores se elevó en más de $520 millones, un aumento en gastos de consultoría de un 34.77%, para un total acumulado pagado a consultores hasta el primer trimestre de 2024 de $2,022.0 millones.

Para aportar a dar más visibilidad del gasto de la Junta y el costo de PROMESA para Puerto Rico, Espacios Abiertos recopila datos que están distribuidos en distintas fuentes y mantiene en su Observatorio Fiscal tablas y gráficas actualizadas, que demuestran la trayectoria y renglones de gastos de la Junta.

“Desde la publicación de nuestro último informe en junio de 2023, encontramos aumentos en todos los renglones de gastos de la Junta y solo pudimos llegar hasta el primer trimestre del 2024 dado a que el Tribunal de Quiebras presidido por Laura Taylor Swain aún no ha aprobado los pagos hasta el fin del pasado año. Cuando estén disponibles los gastos para todo el 2024, anticipamos que la cifra total aumentará en varios millones”, destacó Wilmarí de Jesús Álvarez, analista de política pública en Espacios Abiertos.

Los analistas recordaron que cuando el Congreso aprobó la Ley PROMESA y la creación de la Junta de Supervisión Fiscal, con la intención de reestructurar la deuda y economizar en gastos, se basaron en que el costo total de PROMESA sería $370 millones según la proyección de la oficina congresional de presupuesto (Congressional Budget Office o CBO).

“La diferencia entre lo proyectado y la realidad es de $1.6 billones hasta la fecha. En 2016, la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) estimó que Puerto Rico pagaría $370 millones en un período de 10 años. Sin embargo, en solo ocho años, la cifra real ha superado los $2,000 millones, un aumento del 446.47% sobre lo estimado”, señaló de Jesús Álvarez.

Con el análisis sobre los datos de la corte federal se puede visualizar el gasto total desembolsado por litigios relacionados con PROMESA. Entre los cinco principales pleitos que hay en la corte, se identifican pagos a consultores, asesores financieros, mediadores y abogados, distribuidos de la siguiente manera:

  • $1,120,342,804 del pleito del Gobierno de Puerto Rico
  • $438,803,487 de la AEE
  • $62,816,103 de COFINA
  • $51,165,166 de la Autoridad de Carreteras
  • $39,758,739 del Sistema de Retiro del ELA
  • $960,400 en el caso de la Autoridad de Edificios Públicos.

Además, se han desembolsado $308.1 millones a consultores contratados fuera del proceso de Título III, los cuales son detallados parcialmente por la Junta y pagados de su presupuesto anual.

Los gastos en consultores del pleito del Gobierno Central aumentaron de $870,.4 millones a $1,109.0 millones, reflejando un incremento del 27.41%. La AEE tuvo el mayor aumento relativo, de $181.1 millones a $438.8 millones, lo que representa un incremento del 142.30%.

El caso de la Autoridad de Carreteras también vio un aumento, de $41.0 millones a $51,.2 millones, para un 24.78% más. El del Sistema de Retiro pasó de $36.7 millones a $39.8 millones, aumentando en 8.46%. Mientras que COFINA y Edificios Públicos presentan variaciones mínimas ya que los pleitos han culminado.