Por redacción de Sin Comillas
El gobernador Ricardo Rosselló Nevares sometió ante la consideración de la Legislatura el proyecto del Código de Incentivos que establecerá un nuevo proceso transparente y eficiente para el otorgamiento y la fiscalización de todos los incentivos.
El proyecto agrupa más de 50 diferentes leyes de incentivos y fija un proceso presupuestario para los créditos e incentivos, que incluirá un informe de retorno de inversión y establecerá la cantidad disponible para cada programa.
Para la redacción del proyecto se analizó jurisprudencia existente desde el año 1960 hasta la actualidad. En el proceso se encontraron incentivos definidos de manera arbitraria, sin un debido análisis para determinar la cuantía razonable, respondiendo a necesidades de ese momento. Esto significa que la necesidad por la que se concedió ese incentivo posiblemente no está vigente.
“Este nuevo Código de Incentivos establecerá como requisito el retorno de inversión a la hora de otorgar un incentivo contributivo, de acuerdo con los costos y beneficios fiscales. La metodología del retorno de inversión (ROI, por sus siglas en inglés) del Código de Incentivos está basada en datos de planillas del Departamento de Hacienda y supuestos económicos que han sido validados por nuestros consultores —la reconocida firma PricewaterhouseCoopers (PWC)—, contadores y economistas”, destacó Manuel Laboy, Secretario de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).
“Mediante la implementación del Código de Incentivos se generarán ahorros que ayudarán a financiar el nuevo modelo contributivo que reduce las contribuciones a todos los individuos y las corporaciones”, indicó el también director ejecutivo de la Compañía de Fomento Industrial (CFI).
La pieza legislativa, además, incorporará disposiciones para medir el ROI, establece procesos para mantener datos actualizados de tal productividad por sector económico y se estandariza el término de los decretos de exención contributiva.
Sin embargo, Laboy Rivera aseguró que los cambios a los incentivos serán prospectivos y no afectarán decretos existentes y créditos ya otorgados.
Para la redacción del Código de Incentivos, se consideraron las mejores prácticas de otras jurisdicciones como en el Reino Unido, Irlanda, los estados de Nevada, Massachusetts y Michigan, así como el Departamento Económico de las Naciones Unidas y el Departamento del Tesoro Federal, entre otros.
Durante el proceso de redacción de la medida, se realizaron consultas y presentaciones a diversos gremios que representan al sector privado. De dichos encuentros se recogieron algunos insumos que hoy forman parte del proyecto.
El secretario del Departamento de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier, expresó que “el código de incentivos nos ofrece una herramienta que nos permite competir más eficientemente en el mercado global para atraer inversionistas a Puerto Rico. Simplifica en un solo cuerpo de ley todos los incentivos que hacen a Puerto Rico un destino atractivo para nuevos negocios. Además, reconoce la importancia del empresario local, en particular las Pymes, brindándoles incentivos puntuales al nuestro”.
La evaluación de incentivos tendrá como principio rector la consideración de los fundamentos económicos propuestos o definidos por el Gobierno y las actividades e industrias que se quieren incentivar para asegurar el crecimiento de la economía de Puerto Rico.
Como elemento importante para garantizar la rigurosidad en la aplicación de las normas y transparencia, se designará una sola oficina para supervisar los aspectos relacionados con el cumplimiento. Allí también se facilitará el proceso de solicitud, evaluación y otorgamiento de los incentivos, simplificando los procesos mediante el uso de la tecnología y la uniformidad de beneficios para los solicitantes.
El titular del DDEC concluyó al informar que una vez este proyecto se convierta en ley, definirá e impondrá la responsabilidad de fiscalizar el programa de incentivos y de rendir cuentas, al requerir que las empresas sometan al DDEC informes anuales con datos sobre los gastos y beneficios de todos los programas de incentivos.
“Dicho informe facilitará la evaluación de los incentivos para determinar cuáles programas se deben modificar, ampliar o eliminar y así maximizamos su impacto en la economía y se alinean con el plan estratégico para el desarrollo económico de Puerto Rico. El informe anual también mejorará la visibilidad de nuestra agencia en cuanto al uso de sus recursos fiscales”, puntualizó Laboy Rivera.
