Por Luisa García Pelatti
Anualmente, las empresas le venden al Gobierno productos y mercancías por valor de $5,500 millones. Sólo el 20% de esas ventas son de empresas locales. Falta de liquidez y especificaciones de productos muy limitantes son algunas de las principales quejas de las empresas puertorriqueñas a la hora de participar en las subastas.
Para aumentar ese porcentaje y ante las restricciones de los bancos comerciales, el Banco de Desarrollo Económico (BDE) y la Junta para la Inversión en la Industria Puertorriqueña (JIIP) lanzaron la línea de crédito “Invierte en Puerto Rico”, que ofrecer entre $50,000 y $900,000 a las empresas certificadas como suplidores de productos y servicios del Gobierno.
Se requiere la asignación de un contrato. La línea de crédito provee una moratoria de intereses los primeros seis meses a partir del desembolso. La tasa de interés es de dos puntos porcentuales sobre la tasa preferencial, con un mínimo de 6%.
La línea de crédito viene a resolver los problemas de flujo de efectivo que enfrentan las empresas locales que licitan en las subastas del Gobierno. Las empresas, habitualmente, deben esperar al menos seis meses antes de recibir el dinero del contrato.
Más de 9,000 empresas licitan el subastas del Gobierno, pero sólo 325 empresas puertorriqueñas están certificadas por la JIIP. Javier Rivera Aquino, director ejecutivo de la JIIP, espera certificar unas 4,500 empresas para el próximo año.
Otro de los problemas de las subastas son las especificaciones. La JIIP y las Asociación de Industriales (AIPR) abogan porque se corrijan las deficiencias y evitar la exclusión de las empresas locales en las subastas por razón de requerimientos irrazonables o limitantes. Se perseguirá que los jefes de agencia certifiquen que en los pliegos de subasta o en las órdenes de compra no se excluyan productos hechos en Puerto Rico.
Piden sistema para medir las compra locales del gobierno
La AIPR solicitó al director ejecutivo de la JIIP que establezca un sistema de medición de las compras que hace el gobierno de productos hechos o servicios generados en Puerto Rico por la industria de capital local, y que se establezca como meta que al menos 15% de las compras del Gobierno sean a empresas locales.
“Es absolutamente necesario que todos los sectores: el consumidor, la empresa privada, y el gobierno se unan para crear una cultura donde confiemos en nosotros mismos y consumamos lo que Puerto Rico produce. La manufactura es la forma de dejar las riquezas en el país, y unido al sector de servicio, acelerar el crecimiento de nuestra economía generando y aumentando los empleos de valor en el país”, indicó Waleska Rivera, presidenta de la Asociación de Industriales.
