Podría ser revocados 60 casos de Ley 22 por incumplimiento, al dejar de ser residentes en Puerto Rico
Por redacción de Sin Comillas
El impacto económico de las leyes 20 y 22 ha sido “positivo pero modesto”, concluye un estudio realizado por el economista José Caraballo Cueto para el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), que presenta varias recomendaciones para aumentar el potencial de las leyes y promover la actividad económica.
Según el estudio “The employment and output impact of the 2012 Acts 20, 22 and 273”, entre 2012 y 2017, el empleo total aumentó 3% (alrededor de 33,000 empleos) y la producción total un 2%.
Las recomendaciones incluyen exigir un mínimo de empleo e inversión ($2 millones) a los beneficiarios de la Ley 22 (para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico) para obtener una tasa contributiva reducida de 4% en ganancias de capital. Si no invierten la cantidad mínima exigida (sin incluir la residencia) deberán pagar un 12%. Además, propone aumentar el tiempo de residencia de 6 meses a 9 meses.
El estudio también recomienda subir la tasa preferencial de la Ley 20 (para Fomentar la Exportación de Servicios) y la Ley 273 (Ley reguladora del Centro Financiero Internacional) y usar los nuevo recaudos generados para estimular a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y para promover la investigación en la Universidad de Puerto Rico.
“Básicamente, se midió qué hubiese ocurrido en ausencia de estas leyes, las cuales, aunque han tenido un impacto moderado en la economía de Puerto Rico, sin ellas, la pérdida de empleos durante la pasada década hubiese sido mayor. El índice de actividad económica hubiese sido 2.64 puntos menor. Sin embargo, el estudio demuestra que el impacto pudiera ser mayor, si logramos crear las condiciones ideales para atraer inversionistas reales. El que no tenga intenciones de invertir y aportar a nuestra economía, debería pagar un impuesto mayor al que está invirtiendo y creando empleos”, comentó Manuel Cidre, secretario del DDEC. Las recomendaciones se presentarán al Gobernador y la Asamblea Legislativa.
El estudio recomienda también mejorar la fiscalización de estos decretos exigieno la entrega anual de los documentos 1040R y 940R para conocer de forma actualizada la nómina real de los inversionistas con decreto. “Esa exigencia de la 1040R y la 940R va a ser clave para poder monitorear por fin si, en efecto, están creando o no los empleos, si cumplen o no cumplen y si merecen el decreto o se les revoca. Definitivamente, la fiscalización tiene que ser más activa. Hacia eso hemos dirigido los esfuerzos en estos meses”, manifestó Cidre.
El director ejecutivo de la Oficina de Incentivos para Negocios del DDEC, Carlos Fontán, detalló que se han identificado y notificado a 1,086 individuos que podrían estar incumplimiendo las leyes. “También comenzamos un proceso de auditoría donde velaremos, no sólo por el cumplimiento de entrega del Informe Anual requerido por las leyes de incentivos, sino con el cumplimiento de todos los demás términos y condiciones de los decretos. Como parte de estos esfuerzos, ya hemos identificado sobre 60 decretos que pueden ser objeto de revocación. Estamos mejorando los procesos tecnológicos y automatizándolos, para facilitar la recopilación de datos, agilizar las auditorías y recibir los reportes anuales automáticamente a través del Single Business Portal. Desde el 2012 no se habían auditado decretos bajo la Ley 22. Esta es la primera vez que se lleva a cabo un esfuerzo de esta magnitud”, adelantó Fontán.
“También comenzamos a ser más rigurosos en la evaluación de otorgación de incentivos, para asegurarnos que las solicitudes que aprobemos representen los mejores intereses para Puerto Rico”, añadió Fontán.
