Por Luisa García Pelatti

En el 2016, el Gobierno ya hablaba de eliminar el arbitrio a las corporaciones foráneas y que pagaran más en contribuciones sobre ingresos para no perder los cerca de $2,000 millones anuales que ingresan al erario. Jeffrey L. Farrow, quien fuera asesor sobre asuntos de Puerto Rico en la Casa Blanca durante entre 1994 y 2001, creen que ahora las empresas aceptarían ese cambio.

El arbitrio se creó en 2010 y debía desaparecer de forma gradual en 2017, pero no se ha hecho nada para eliminarlo de forma ordenada. Por eso la semana pasada, el Gobierno tuvo que reunirse de forma urgente con el Tesoro ante la amenaza de que se iba a eliminar la acreditación de ese arbitrio.

El secretario de Hacienda obtuvo el compromiso de que “por ahora” no se va a eliminar la acreditación del arbitrio del 4%, pero se espera que se empiece a pensar en eliminar el arbitrio o sustituirlo por otro impuesto.

El acuerdo con el Tesoro de Estados Unidos era que el arbitrio se iba a ir eliminando de forma gradual hasta desaparecer en el 2017. Hacienda tenía un plan para eliminar el arbitrio. Nos lo contaba Juan Zaragoza Gómez, que era secretario de Hacienda, en una entrevista que le hicimos en octubre de 2016. Las corporaciones foráneas pagan tres tipos de impuestos: el arbitrio de la Ley 154, impuestos sobre contribuciones sobre ingresos y la contribución retenida a no residentes. La idea es eliminar el arbitrio del 4% y que las empresas sigan pagando la misma cantidad a Hacienda. Es decir que los $2,000 millones que se reciben ahora se distribuyan entre los dos impuestos restantes.

“El gobierno federal da crédito por los tres, pero el gobierno federal se siente bien incómodo con este crédito (Ley 154) porque puede ser replicado por otros países y les puede costar más. Aquí la estrategia en el corto plazo es mover este ‘burden’ (Ley 154) a los otros dos renglones. Nosotros necesitamos que el IRS (Servicios de Rentas Internas federal) nos dé entre 3 y 5 años de margen para hacer la transición a los otros dos renglones”, explicaba Zaragoza en 2016, pero no se ha hecho nada.

Hace poco más de un año, el Tesoro y el IRS, le dijeron al gobernador que actuarían si Puerto Rico no lo hacía. “El Gobierno optó por negociar aplazamientos en lugar de hacer lo que deberían haber hecho para abordar el problema”, comentó Farrow a SIN COMILLAS, que explica que no tenía sentido seguir postergando la eliminación de la Ley 154 en espera de una nueva administración porque a ninguno de los partidos les gustó la aprobación de esa ley y la posición del IRS ha sido consistente desde la Administración Obama.

“Hace unos meses, el IRS le dijo a Hacienda que le avisaría con una semana de anticipación antes de actuar finalmente. Hacienda sabía desde una semana que el IRS iba a actuar esta semana (por la semana pasada)”, aseguró Farrow.

“Este no es un asunto de política fiscal de la Casa Blanca o del Tesoro. Para el IRS es la aplicación del código de rentas internas. Todos los expertos en derecho tributario consultados por Tax Notes, la ‘biblia’ de los impuestos, dijeron que (la ley )154 era inconstitucional porque grava a empresas que no están en Puerto Rico, no a sus subsidiarias en la Isla”, opina Farrow.

La reforma contributiva federal de 2017 redujo el crédito contributivo a compañías foráneas del 100% al 80% para los ingresos por patentes y marcas que representan la mayor parte del valor de algunos productos  que son desarrollados por empresas matrices en Estados Unidos y transferidos en papel a subsidiarias extranjeras, como las que hay en Puerto Rico, para evitar impuestos federales. “Supongo que el Gobierno de Puerto Rico se ha demorado (en eliminar el arbitrio) para intentar ahorrar a las empresas el 20% que ahora le deben al gobierno federal además de lo que le pagan al gobierno territorial. De ser así, no es prudente”.

Como explicó Zaragoza, hay una solución: sustituir el arbitrio del 4% por un impuestos sobre contribuciones sobre ingresos de las corporaciones foráneas. “Las empresas lo aceptarían ahora a pesar de sus acuerdos de exención de contribuciones sobre ingresos con el Gobierno porque ahora sería la única forma de obtener un crédito (“Federal Foreign Tax Credit”) por el pago de un impuesto al territorio”, señala Farrow.

El Gobierno podría aumentar el impuesto a las corporaciones foráneas, propone Farrow, porque la tasa contributiva es más baja que otros paraísos fiscales como Bermudas, Irlanda o Singapur, según un análisis realizado por el economista Gabriel Zucman, de la Universidad de California en Berkeley.

Los recaudos del Gobierno tiene “una dependencia brutal” del arbitrio que pagan las corporaciones foráneas, en palabras de Zaragoza. Los recaudos por este concepto llegaron a representar el 22.3% del total de los ingresos netos al Fondo General, pero se ha reducido en los últimos años a 19.9%. El arbitrio los pagan alrededor de 20 empresas. Unas nueve o 10 empresas pagan el 80% de este impuesto. Las corporaciones foráneas generan 75,000 empleos y contribuyen con el 30% de los recaudos de Hacienda.

En 2016, Hacienda había mantenido negociaciones con estas 20 empresas que habrían manifestado su acuerdo en distribuir lo que pagan por el arbitrio entre los impuestos sobre contribuciones sobre ingresos y la contribución retenida a no residentes, siempre y cuando no aumentara el pago total en impuestos.

Desde que entró en vigor la Ley 154, en enero de 2010, ha logrado recaudar $18,169 millones. La Ley 154, que se aprobó para compensar  la caída de los ingresos del fisco, estableció un arbitrio de 4% sobre las ventas a empresas foráneas con operaciones en Puerto Rico. La tasa debía bajar a 3.75% en el 2012 y a 2.75% en el 2013, y seguiría reduciéndose paulatinamente hasta su eliminación en el 2017. La Ley 154 asumía que la recuperación económica se materializaría mientras el impuesto bajaba escalonadamente. Pero las expectativas no se cumplieron.

En el 2013 se modificó esa ley para eliminar las reducciones en la tasa del arbitrio, y en su lugar, establecer una tasa fija para el arbitrio de 4% para los años 2013 al 2017. En el 2017, el gobierno extendió la vigencia del impuesto hasta diciembre de 2021.