Por Luisa García Pelatti

Los Planes Fiscales Revisados del Gobierno sometidos a la Junta de Control Fiscal el mes pasado no cumplen con unas 20 “notificaciones de violaciones” señaladas por la Junta. Se habían pedido planes con plazos detallados para las reformas estructurales propuestas por el Gobierno y esa información no se entregó.

“Incluso si asumiéramos que las previsiones económicas del plan son correctas, las perspectivas de crecimiento siguen siendo inaceptables para Puerto Rico”, señala Heidie Calero, presidenta de H. Calero Consulting Group, en su análisis “Out With the Old, In With the New – Part II”, publicado en Economic Pulse.

Calero advierte que los planes fiscales revisados incluyen estimados de medidas de ingresos y gastos, pero fallan al no incluir los supuestos en los que se basan esos estimados. “Las viejas formas deben dar paso a nuevas formas y eso incluye proyecciones y modelos económicos serios en cualquier plan fiscal”, explica Calero.

Uno de los principales problemas del plan fiscal es que prevé un crecimiento de 8.4% en el año fiscal 2019, un incremento nunca antes visto. El plan no explica cómo se logrará un crecimiento tan extraordinario. Deja claro que no vendrá del sector manufacturero, para el que prevé que las exportaciones caigan a la mitad entre el año fiscal 2017 y 2023, de $52,000 millones a $26,000 millones.

Ese crecimiento económico tan extraordinario tan poco se explica completamente por la llegada de grandes cantidades en fondos federales. Calero señala que los fondos que llegarán de Estados Unidos para ayudar a la recuperación serán significativos, pero “su efecto multiplicador” es bajo, ya que el pago de estos servicios y materiales no se quedará en la Isla.

“Las previsiones de crecimiento son aún más cuestionables a la luz del crecimiento futuro de la población”, que el plan fiscal estima caerá 7.7% en el año fiscal 2018. Pero Calero dice que la contracción de la población podría llegar a 14.8%.

Los planes tampoco explican cómo un aumento de los recaudos del Impuesto sobre Ventas y uso (IVU) es consistente con la contracción de la población.

Por otro lado, se podría estar subestimando los costos del Título III  de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés). El plan señala que estos costos serían de $19 millones en el año fiscal 2018, sin embargo, un informe del examinador indica que en los primeros cinco meses desde la quiebra (mayo de 2017) los gastos ascienden a más de $77 millones.

Si este nivel de gasto se mantiene, podrían llegar a alcanzar los $184 millones, 10 veces más de lo estimado. Es posible que otros gastos estimados del Título III también se estén subestimando, lo que reduciría el superávit acumulado previsto de $3,400 millones para el período 2018 hasta 2023.

Los planes fiscales revisados del Gobierno central, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) fueron sometidos a la Junta el pasado 24 de enero. Luego del proceso de revisión inicial, la Junta envió notificaciones oficiales de violación sobre los tres planes el 5 de febrero y requirió que todas las revisiones, clarificaciones y detalles fueran sometidos nuevamente al 12 de febrero. La Junta esperaba certificar los planes el 23 de febrero, pero decidió extender la fecha hasta el 30 de marzo.