Por Luisa García Pelatti
El Gobierno va a tener que tomar en noviembre una decisión crucial. Sin dinero para hacer frente a las operaciones del Gobierno y con varios pagos de la deuda que se vencen en diciembre y enero, las opciones del Gobierno, si no alcanza un acuerdo con los acreedores, son un cierre parcial del Gobierno en las últimas semanas del año o dejar de pagar la deuda, dice Sergio Marxuach, director de política pública del Centro para una Nueva Economía (CNE).
“El huracán está encima, ya no es una alerta”, señala Miguel Soto Class, presidente del CNE, para destacar la urgencia y la magnitud de la crisis.
Marxuach analizó en una mesa redonda el Plan de Ajuste Fiscal y el informe de liquidez de Conway MacKenzie. “Hay dos cosas que pueden dar liquidez de forma rápida: aumentar brutalmente el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) o que aparezca alguien dispuesto a prestarle al Gobierno. Las opciones del gobernador son muy limitadas”.
“Si se cumple la proyección de MacKenzie hay un riesgo significativo de que el gobierno tenga que cerrar parcialmente, porque tenemos un vencimiento grande en enero”, apunta Marxuach. En enero se vence el pago de $331.6 millones en Obligaciones Generals.
Permitir que Puerto Rico pueda acogerse al capítulo 9 de la ley federal de quiebras ayudaría, explica, porque crearía un procedimiento para la reestructuración de la deuda, “pero no es una varita mágica” y Marxuach no cree que se solucione algo sobre el tema antes de enero.
En términos del gastos, el gobierno tiene que ser super prudente, pero ya no queda mucho dónde cortar. El informe de Conway MacKenzie, reconoce que no hay mucha flexibilidad. El Gobierno terminará el año con un balance negativo de efectivo de $511 millones. A partir de noviembre tendrán que decidir a quién pagan y a quién no. La decisión de qué se paga y cuánto deja de ser un tema financiero y se convierte en un tema político.
El Departamento de Hacienda ya ha anunciado que los reintegros que quedan por pagar no se enviarán hasta febrero y el Gobierno está reteniendo $442 millones en pagos a suplidores, una cantidad que puede seguir aumentando. En diembre y enero se vencen pagos de deuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y de Obligaciones Generales. Al Gobierno le urge alcanzar un acuerdo antes de esa fecha.
Mientras, obtener liquidez a corto plazo va a ser muy caro, si es que todavía existe esa posibilidad. Marxuach habla de que quizás alguna de las compañías aseguradoras podrían tener algún incentivo para dar un préstamos, a un interés muy alto. Mientras tanto, “los acreedores saben que estamos bien cortos de liquidez y eso debilita la negociación”.
La posibilidad del incumplimiento de pago y de un cierre de Gobierno tiene también otros riesgo, advierte Marxuach, “el aumento de las presiones populistas, no me toques a mi, toca a otro”.
Sobre el Plan de Ajuste Fiscal, Marxuach lo califica como un documento para presentarle algo a los bonistas y traerlos a la mesa a negociar. Pero más allá de eso, aunque tiene elementos de crecimiento económico, es un plan de austeridad, que presenta unas medidas que costarán $2,000 millones y que en el mejor de los casos harán que la economía crezca 2% en el 2020.
En el caso de Grecia, el Fondo Monetario Internacional dijo que habían subestimado el efecto negativo de los recortes en gastos. Marxuach se muestra preocupado de que este tipo de análisis no se haya hecho en Puerto Rico. Un estudio que analizan los países de dejaron de pagar su deuda apuntan a la necesidad de un alivio significativo en la deuda (la quita promedio debe ser de 36%) para poder lograr crecimiento económico. Esto significaría que necesitaríamos in alivio de casi $30,000 millones. En un informe reciente, Moody’s habla de una quita de hasta el 40% en la mayor parte de las deudas.
Una de las deficiencias del plan es que tiene formato de presentación, y no da detalles de las medidas, a pesar de que algunas de ellas van a necesitar legislación. Por otro lado, políticamente, mucha de las medidas no tienen el apoyo de la oposición ni el respaldo de los legisladores del partido que tiene mayoría. ¿Cómo negociar sin ese apoyo? Y por otra parte, ¿sabrá el partido de la oposición que si se llega a un acuerdo con los acreedores el que gane las elecciones dentro de un año tendrá que honrar ese acuerdo? ¿No sería mejor para todos alcanzar un acuerdo?
