El miedo a ser deportadas coloca a las mujeres migrantes en mayor vulnerabilidad, a pesar de que son quienes sostienen algunas de las comunidades del país, resalta la trabajadora social Elithet Silva Martínez.
Por Génesis Dávila Santiago y Cristina del Mar Quiles | Unidad Investigativa de Género
Las nuevas políticas migratorias de Estados Unidos, que implementó el presidente Donald Trump en su primera semana de vuelta al poder, aumentan la situación de vulnerabilidad que enfrentan las inmigrantes en Puerto Rico.
Las mujeres dominicanas representan el 58% de la población del total de inmigrantes dominicanos en la Isla, según el estudio Quisqueya en Borinquen: Un perfil socioeconómico de la población dominicana en Puerto Rico 2023.
A pesar de que la población de mujeres dominicanas en la Isla ha alcanzado un nivel de educación mayor al que consiguió las pasadas dos décadas, ahora son más pobres que antes y la brecha salarial, en comparación con los hombres dominicanos inmigrantes y con el resto de la población, amplió el estudio.
A estas dificultades, aquellas que no tienen regularizado su estatus migratorio, enfrentan ahora una amenaza de ser perseguidas y deportadas, o de lidiar con la deportación de algún familiar o allegado, incluso cuando su inserción en el país implica un beneficio para las comunidades que habitan.
Suman, al menos, ocho las órdenes ejecutivas que afectan directamente a las poblaciones de inmigrantes en Puerto Rico y Estados Unidos.
De las personas que detenidas tras el operativo del domingo, 26 de enero, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE en inglés), 11 inmigrantes, en su mayoría mujeres, aceptaron salir voluntariamente de Puerto Rico con la intención de evitar un récord criminal que les impida regresar, según dijo el cónsul de República Dominicana en Puerto Rico, César Cedeño Ávila, en entrevista con El Nuevo Día.
“Muchas de estas mujeres, a través de su trabajo, sostienen a nuestras familias, sostienen a nuestras comunidades, sostienen todos los espacios de convivencia. En Puerto Rico, son parte de nuestra comunidad y así les debemos nombrar”, destacó la catedrática en Trabajo Social Elithet Silva Martínez
Como ejemplo, Silva Martínez mencionó que, cuando las mujeres migrantes se dedican a trabajos de cuidado de infancias, adultos mayores, u hogares, otras mujeres pueden salir a la calle a trabajar.
“Cuando se exacerban políticas o acciones antiinmigrantes desde los gobiernos, personas que ya pueden estar vulneradas por sus distintas subjetividades — ya sea por su género, la racialidad, el estatus migratorio — las situaciones en las que se encuentran se agudizan mucho más”, subrayó.
Entre los retos que pueden enfrentar las mujeres migrantes con operativos como el del domingo, cuando agentes de ICE realizaron un operativo en Barrio Obrero, Santurce, y detuvieron a varios migrantes, se incluyen desistir de solicitar una orden de protección por temor a ser detenidas, temor a denunciar una relación violenta por amenazas de su pareja con la deportación y falta de pagos o pagos incompletos en sus empleos bajo la amenaza de que no pueden hacer nada y que serán denunciadas.
“La condición de violencia no solamente se exacerba, sino que se perpetúa y las pone en una posición de mucho riesgo y de impunidad ante la situación que ellas experimentan”, afirmó Silva Martínez para luego destacar que no se le debe llamar “ilegal” a ninguna persona con estatus migratorio irregular.
La precarización antes de las nuevas amenazas
Aun antes de la crisis que crean las nuevas políticas migratorias que ejecuta el gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico, las migrantes dominicanas en Puerto Rico ya habían visto sus condiciones en la isla empeorar en los años recientes.
El salario anual promedio de una inmigrante dominicana empleada a tiempo completo en Puerto Rico para 1999 era de $28,565, muy similar al del resto de la población de mujeres en la isla, aunque unos $2,000 por debajo del de los inmigrantes dominicanos hombres y $6,000 menos que los otros hombres.
Para el período de 2016 a 2020 ese ingreso se redujo 13% y, como consecuencia, la brecha salarial entre mujeres y hombres dominicanos habitantes en Puerto Rico se ensanchó, según revela el estudio Quisqueya en Borinquen.
La investigación del Instituto de Estudios Dominicanos de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY) cuenta con la autoría de su directora, Ramona Hernández; el profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York Francisco L. Rivera Batiz, y de Sidie Siday, investigador del instituto.
De acuerdo con la doctora Hernández, las mujeres conforman la mayoría de la inmigración dominicana en Estados Unidos y en países de Europa. Sin embargo, estimó que la de Puerto Rico es la mayor.
El estudio establece que en dos décadas, solo mejoró, levemente, el salario anual promedio para las mujeres en Puerto Rico, con un aumento de apenas $1,670. Mientras, se redujo para todas las demás personas residentes aquí. Para 1999, el salario anual promedio de la población de hombres era de $34,891 y se redujo a $33,269; y el de los hombres dominicanos cambió de $31,120 a $30,328.
Los investigadores señalaron que el impacto de la crisis económica en Puerto Rico, los huracanes, terremotos y la pandemia por el Covid-19 ha sido aún mayor entre la población dominicana en Puerto Rico. Pero, de todos los grupos, el de las mujeres dominicanas presentó la mayor reducción.
De acuerdo con la investigadora Hernández, la discriminación por el color de piel, el origen étnico y el género, sumada a estatus migratorios irregulares y a una crisis económica que históricamente golpea con mayor fuerza a las poblaciones más vulnerabilizadas, tienen que ver con la precarización de las vidas de las mujeres dominicanas en Puerto Rico que muestra el estudio.
Aunque las mujeres dominicanas tienen una tasa de participación laboral alta, de 55.7% — en comparación con 73.7% entre los hombres dominicanos; 50.5% del total de la población masculina, y 39.7% del total de la población femenina —, tienen también la tasa de desempleo más alta: 19.8%.
La situación económica de las mujeres dominicanas en Puerto Rico contrasta con la promesa de la movilidad social de la educación, pues representan el grupo de mayor progreso educativo en los últimos 20 años. Para el 2000, el 24% de las mujeres dominicanas en Puerto Rico tenían un bachillerato, grado asociado o alguna educación universitaria, en comparación con el 23% de los hombres dominicanos inmigrantes. Esa cifra incrementó a 37.6% para las mujeres dominicanas y a 30.4% para los hombres dominicanos.
Empleadas en los sectores con menor remuneración
Una de las explicaciones a esta precarización tiene que ver con el sector en el que se emplean, lo que no puede desvincularse de los roles de género y que también por razones étnicas se les imponen a las mujeres y, más específicamente, a las mujeres dominicanas en Puerto Rico. Y es que, mientras los hombres dominicanos se emplean principalmente en el sector de la construcción, las mujeres dominicanas han encontrado trabajo en el de servicios. Uno es más valorado y mejor remunerado que el otro. De esta manera es que se ha ampliado la brecha salarial entre hombres y mujeres dominicanos en Puerto Rico, quedando la mujer dominicana, cada vez más rezagada.
Por otra parte, el porcentaje de inmigrantes dominicanos empleados por cuenta propia ha aumentado significativamente en los pasados 20 años, de 21.5% en el año 2000 a 37.9% para los hombres, y de 20.9% a 35.5%.
La precarización impacta a las familias y a los más jóvenes
El 33.6% de los inmigrantes dominicanos son parte de un hogar donde la cabeza es una mujer separada, viuda, divorciada o madre soltera. Debido a la desigualdad de género y otras interseccionalidades que confluyen entre la población dominicana, esta situación tiene importantes implicaciones económicas. En este grupo poblacional de personas que dependen solo del salario de una mujer, el 62.3% vive bajo el nivel de pobreza. Entre el resto de la población en Puerto Rico que vive en un hogar liderado solo por una mujer, el 58% están bajo el nivel de pobreza.
El grupo poblacional de 0 a 17 años de dominicanos representa el 75.9% de dominicanos en la isla.
La población de personas que se identifican como dominicanas en Puerto Rico se ha reducido, pero la cantidad de mujeres dominicanas se ha mantenido constante, lo que significa que la mayor reducción ha sido de hombres dominicanos.
Recursos y recomendaciones disponibles para migrantes
El Centro de la Mujer Dominicana (CMD) publicó en 2024 una guía comunitaria sobre remedios legales para sobrevivientes de violencia de género inmigrantes en Puerto Rico. Aunque el documento no pretende sustituir la asesoría legal de un profesional de la abogacía, explica algunas formas de solicitar ayuda cuando se es sobreviviente de violencia de género.
Además, el CMD proporciona asistencia a mujeres migrantes en situaciones de violencia de género. Su número es (787) 772-9251.
Por otra parte, Ayuda Legal Puerto Rico publicó en su página, algunas recomendaciones en caso de que agentes de inmigración toquen la puerta de su casa. Entre estas se encuentran:
- No abrir la puerta de inmediato y preguntar a la persona quién es y que se identifique como un agente.
- Solicitar al agente una orden de allanamiento firmada por un juez o jueza federal. En caso de que este la tenga, que la deslice por debajo de la puerta. Si esa orden no está firmada por un juez o jueza federal, no es válida.
- La orden también deberá incluir el tribunal desde el cual se emitió, el nombre de la persona o personas hacia las cuales va dirigida la orden, la dirección a la cual se autoriza entrar y la firma del juez o jueza federal.
- Si no tiene la orden de allanamiento, usted tiene derecho a no abrir la puerta de su casa.
La publicación de Ayuda Legal también sugiere que no muestre identificaciones con la puerta entreabierta y que tiene derecho a guardar silencio en todo momento, incluso si los agentes poseen una orden de allanamiento.
Asimismo, recomienda que si, de todas maneras, los agentes entran a la casa, la persona no deberá resistirse y tiene derecho a no contestar preguntas sobre su estatus migratorio, lugar de nacimiento o forma en la que llegó a este país. “Aunque le pregunten directamente, usted NO tiene que contestar”, establece la publicación.
De igual forma, si tiene documentos válidos deberá enseñarlos al agente federal de inmigración, no a la Policía. Recomienda también no firmar documentos sin consultar con un representante legal e intentar grabar la intervención en la medida que sea posible. Finalmente, aconseja no acercarse a aeropuertos ni lugares federales cuando no se tiene un estatus migratorio definido.
Si, por otra parte, los agentes federales llegasen a su lugar de trabajo, la American Civil Liberties Union de Puerto Rico (ACLU-PR) recomendó las siguientes acciones:
- Preguntar si se puede marchar y, de ser así, irse tranquilamente.
- Tiene derecho a no permitir el registro y decir en voz alta que no permite que registren sus pertenencias.
Al igual que Ayuda Legal, ACLU-PR recomienda guardar silencio, grabar la intervención si es posible y, si tiene documentos válidos, mostrarlos.
Un reportaje de la Unidad Investigativa de Género, una alianza entre Todaspr.com y el CPI.
