Ramón Cao. (Foto: Sin Comillas)
Por Luisa García Pelatti
A principios de mes, el secretario de Hacienda entregó al Gobernador el informe preliminar del grupo asesor creado para hacer recomendaciones sobre cómo reformar el sistema contributivo. Poco ha trascendido del contenido del informe.
La semana pasada, tres economistas (Martha Quiñones, Ramón Cao García y Edwin Ríos), se reunieron para presentar el libro “Reformas Contributivas en Puerto Rico: Trasfondo, Impacto y Alcance (1898-2020)”, de José G. García López. Allí se habló de los errores del pasado, pero también de las incertidumbres del futuro.
Para el economista Ramón Cao García, la próxima reforma contributiva tiene “problemas de incertidumbre”:
- Saber qué se va a aprobar finalmente respecto a la transición de la Ley 154, lo que pagan las corporaciones foráneas, y qué va a aceptar el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El informe preliminar de Hacienda no incluye una recomendación sobre el tema.
- Determinar cuánto dinero necesita el Gobierno. Dependerá de lo que se decida en Washington sobre los fondos de Medicaid y si se va a aprobar el plan Build Back Better.
- La falta de una estrategia de desarrollo económico.
Sobre los cambios a la Ley 154, Cao García señala que “estamos hablando de largo plazo porque esa gente tiene decretos de exención, que solo se pueden cambiar si el que lo posee quiere negociar y si es mejor para él”. Los decretos de exención son contratos entre el Gobierno y la empresa que el Gobierno no puede violar. Por eso la idea es negociar con las corporaciones foráneas para renegociar esos decretos.
“Se plantean ideas sin ningún fundamento y muchas de ellas están sacadas de libros de texto que están escritos para economías nacionales y Puerto Rico es un isla y las islas y los enclaves no funcionan como economías nacionales y eso se nos olvida”, señala Cao.
Al hacer un análisis de las reformas contributivas que se han realizado desde 1975, el economista y profesor jubilado de la Universidad de Puerto Rico dice que “estamos viviendo en Macondo. Los impuestos deben ser instituciones estables y aquí los cambiamos continuamente por una de dos cosas o las dos. Una porque el Gobierno se quedó sin chavos y dos porque se acerca un año electoral y es bueno darle a al gente algún regalito para que vote por mí”. Eso provoca “una locura contributiva que perpetuamos y complicamos”.
Desde los años 60, se está reclamando la necesidad de hacer una reforma contributiva integral, pero desde entonces sólo se han hecho dos reformas “que intentaron ser integrales”: en 1975 y 1994.
En 1975 se analizaron todos los impuestos, incluyendo el impuesto de la propiedad, y se quería implantar un Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Pero con la crisis del petróleo de 1973, la economía se contrajo, se disparó la inflación (estanflación) y la reforma “se fastidió porque había que conseguir dinero rápido para el Fondo General. El IVA se convirtió en el arbitrio general porque se podía implementar rápido”.
La llegada de la empresas 936 generan una abundancia de liquidez de tal magnitud que el gobernador Hernández Colón pidió poder dar préstamos a la Cuenca del Caribe. “El diseño de esa reforma integral se va a la porra por la llegada de las 936 y los cupones”.
En 1994 se diseña una reforma integral, que entre otras cosas propone cambiar el arbitrio general por un IVA y la reestructuración de la contribución sobre ingresos. “¿Qué pasó? Un un momento el gobernador dijo que el IVA no va y hubo que hacer algo a última hora”.
Desde entonces, hemos tenido muchos cambios. En 2016 se establece el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) y en 2011 se aprueba la Ley 154, que establece un arbitrio de 4% para las corporaciones foráneas. La Ley 154 supone el 20% de los ingresos del Fondo General “y eso le permitió al gobernador empezar a dar regalitos”.
La reforma actual propone revisar todos los impuestos, incluyendo la tributación de las corporaciones foráneas “no por nuestra inteligencia, sino porque el (Departamento del) Tesoro ha dicho que el arbitrio ellos no lo van a seguir acreditando a partir de diciembre de este año”.
Y luego está la dificultad de aprobar una reforma contributiva mientras siga en funciones la Junta de Control Fiscal, la Junta exige que la reforma sea neutral con respecto a los ingresos. A lo que hay que añadir que los informes de gastos tributarios no están actualizados.
