Por redacción de Sin Comillas

Aumentar el salario mínimo a $8.75; eliminar las restricciones que imponen los programas sociales; promover las microfinanzas; respaldar el empresarismo o apoyar a las mujeres para facilitar su acceso al mercado laboral son algunas de la recomendaciones que presenta el estudio “La Ejecución de la Política Pública: las Medidas para Estabilizar la Población”, realizado por Estudios Técnicos, Inc. para la Fundación del Colegio de Contadores Públicos Autorizados (Fundación CCPA).

Los resultados del Censo 2020 confirman que en 10 años la población de Puerto Rico se ha reducido en más de 500,000 personas. La emigración, unida a la reducción en la tasa de natalidad, ha hecho que la población se reduzca y cambie su composición por edades.

El estudio presenta las siguientes recomendaciones:

1. Ley 80

La Junta de Control Fiscal propuso la eliminación de la Ley 80 y convertir a Puerto Rico en una jurisdicción de “at will employment”. Esta medida se basa en el hecho de que solamente un estado, además de Puerto Rico, no es una jurisdicción de “employment at will”. Implantar esta medida podría impactar la emigración si lograra dos condiciones: un aumento en la demanda por mano de obra por el efecto de costos menores y que ese aumento en la demanda con lleve un aumento en el nivel salarial.

2. Salario mínimo

Se recomienda que el mínimo se aumente a $8.75 la hora. Esta medida debe ir acompañada de otras cuya finalidad sea aumentar la productividad laboral. 

3. Programa de Educación Técnica y Vocacional

La propuesta es seguir el modelo de otras jurisdicciones y separar el Programa del Departamento de Educación, proveerle autonomía y una Junta Directiva compuesta mayoritariamente por representantes del sector privado.

4. Programas de trabajo y asistencia social

Puerto Rico es de las pocas jurisdicciones en los Estados Unidos en que no hay requisito de trabajo en programas federales como el SNAP (Supplemental Nutritional Assistance Program). En Estados Unidos, el Gobierno federal requiere que toda persona -con algunas excepciones- que recibe ayuda alimentaria tiene que registrarse para trabajar y se imponen penalidades si se le ofrece trabajo y no lo acepta. En Puerto Rico, como los fondos de SNAP se reciben como un “block grant”, ese requisito no existe.

5. Earned Income Tax Credit

A nivel federal lleva años y en Puerto Rico se implantó, pero con pagos tan bajos ($400) y un manejo tan ineficiente que no tuvo ningún efecto. El Presupuesto 2020 le asigna $200 millones al EITC. La evidencia sugiere que es efectivo como mecanismo para estimular la participación laboral conjuntamente con la medida anterior.

6. Eliminar las restricciones que imponen los programas sociales a las personas en cuanto a los ingresos que pueden generar empleándose o comenzando una empresa.

Este límite es una de las razones por las cuales la economía informal es del tamaño tan grande en Puerto Rico, alrededor de una 28% de la economía formal. La legislación que podría sugerirse permitiría generar ingresos que fueran equivalentes al doble de lo que una persona generaría si trabajara a tiempo completo y recibiera el salario mínimo.

7. Programas de Capacitación por vida

Estos programas van más dirigidos a mantener a personas en la fuerza de trabajo, pero pueden ser un aliciente a la participación en la medida que incluye a personas que, por razón de su preparación, no encuentran trabajo y se unen a las filas de los “desalentados”. El problema aquí sería crear el mecanismo de “outreach” y diseñar un programa con flexibilidad de modo que se facilite el acceso a los programas de capacitación. En la medida que la expectativa de vida aumenta y también aumenta la incertidumbre con los planes de pensiones, es de esperar que las personas se mantengan en la fuerza trabajadora por más tiempo. Por esa razón la educación por vida asume aún mayor importancia.

8. Microfinanzas y apoyo al empresarismo

Estos programas existen en Puerto Rico, pero tienen un alcance limitado. La experiencia con los dos programas de microfinanzas no fue positiva en parte por la ausencia de conocimientos sobre el mercado laboral y los mercados en general. Hubo algunos aciertos, pero el impacto fue poco. Sería necesario organizar programas de capacitación de personas que están fuera de la fuerza laboral previo a proveerles ayuda financiera y proveerle apoyo una vez una ves establecida la empresa. Esa capacitación puede ser condición para recibir determinadas ayudas. En algunas jurisdicciones se le provee un “voucher” a la persona que puede usar para participar en programas de capacitación. En Puerto Rico existen varios programas dedicados a estimular el empresarismo (Guayacán, Piloto 51, por ejemplo), pero no están dirigidos a las personas fuera de la fuerza laboral que, típicamente, requieren apoyos adicionales y capacitación en temas financieros y gerenciales.

9. Apoyo social a mujeres para facilitar su acceso al mercado laboral

Esta medida se menciona en la literatura como una de las más efectivas en aumentar la participación laboral. Entre las medidas se encuentran los subsidios a centros de cuido de niños y de personas mayores. Una variación es ofrecer lo que se conoce como “Conditional Cash Transfer Programs”, en que se provee acceso a efectivo si se cumple con unas condiciones, por ejemplo, que la persona entre a la fuerza laboral y usa el efectivo para pagar el cuido.

10. Pareo de trabajos y personas

Un problema en Puerto Rico es el desconocimiento de oportunidades de empleo, lo cual hace difícil que las personas puedan responder a necesidades de empleo. Los canales de comunicación no son los más adecuados para llegar a las personas fuera de la fuerza de trabajo. Aunque en Puerto Rico la penetración del Internet ha aumentado notablemente, todavía hay un por ciento alto de personas de ingresos bajos y personas mayores que no utilizan el Internet y las redes sociales. La alternativa es utilizar mecanismos de comunicación que lleguen directamente a las poblaciones que se quiere impactar. Lo que se sugiere es la creación del sistema de información sobre el mercado laboral cuya responsabilidad principal sería la de lograr comunicar las oportunidades de empleo a personas desempleadas o fuera de la fuerza laboral.

11. Horarios flexibles

Un obstáculo a la participación laboral es el hecho de que los horarios de trabajo confligen con, por ejemplo, las necesidades de mujeres con responsabilidades de cuido de niños. La flexibilidad en los horarios podría viabilizar que muchas personas entraran a la fuerza laboral y aumentaría el ingreso de la familia. Lo mismo podría lograrse si se estimularan los trabajos a tiempo parcial, algo que en España tuvo resultados positivos en mejorar la participación laboral. La Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral de 2017 (conocida como la “Reforma Laboral”) permite ampliar los horarios flexibles a personal exento y establece las condiciones para los acuerdos de horario flexible. Lo que se sugiere es enmendar dicha Ley no solo para permitir los acuerdos de horario flexible sino para estimularlos y establecer con mayor precisión las condiciones que deben prevalecer una vez acordados dichos horarios. Al permitir mejor acceso a oportunidades de empleo, la medida podría ser un factor importante en estabilizar la población.

12. Integración de empleadores y el sistema educativo

Si uno de los problemas es la ruptura entre lo que produce el sistema educativo y las necesidades de las empresas, la sugerencia es que el sector empresarial se inserte más directamente en las políticas y programas educativos. La creación de una junta asesora empresarial con la responsabilidad de proveer dirección al sistema público de educación es algo que facilitaría la integración deseada entre necesidades del mercado laboral y el sistema educativo.

13. Política pública de optimizar el Capital Humano

Permitiría integrar programas de educación, capacitación, de apoyo a las personas para acceder al mercado laboral, flexibilizar el mercado laboral y, en fin, contar con lo que se ha llamado “Active Labor Market Programs” (ALMP). Esa Política no existe ni ha existido. En los años cincuenta y sesenta existió, como se mencionó anteriormente, en Puerto Rico el Committee on Human Resources cuya misión era, precisamente, proveer las bases para dicha política. Los trabajos del comité influyeron en los trabajos hechos en la OECD sobre el tema del mercado laboral. Habría que establecer un mecanismo similar, posiblemente una entidad rectora encargada de ejecutar la Política de Capital Humano, con una amplia participación del sector privado, siguiendo, por ejemplo, el modelo de Fundación Chile.