Por Redacción de Sin Comillas
La Asociación de Laboratorios Clínicos (ALC) se solidarizó con las expresiones de la Oficina del Comisionado del Seguro (OCS), quien en los pasados días, en vista pública en el Senado, denunció las prácticas de las aseguradoras, que retrasan los pagos a los suplidores del sistema de salud.
Según Alexander Adams, Comisionado de Seguros, el incumplimiento con la Ley de Pago Puntual y la impugnación de reclamaciones de pagos u órdenes administrativas de la OCS, son algunas de las prácticas que retrasan los pagos a los proveedores de salud en Puerto Rico.
“Todos conocemos la situación y la crisis que está pasando el sistema de hospitales en la isla y la relación con las aseguradoras. Los dueños de laboratorios nos hemos afectado grandemente por la dilación en los pagos por parte de las aseguradoras. Tienen básicamente el control de todo”, explicó Wilson López, presidente de ALC.
López destacó que las aseguradoras mantienen cuantiosas deudas con los proveedores y con el gobierno y aun así se les continúa contratando para dar los servicios de salud a pacientes del Plan de Salud del Gobierno (Vital). “Mientras, los servicios cubiertos continúan siendo denegados. Mientras esto pasa, estas aseguradoras reportan ganancias extraordinarias”.
La Asociación de Laboratorios tiene múltiples querellas radicadas tanto en la Administración de Seguros de Salud (ASES) como en la OCS por violaciones al Código de Seguros que no han sido atendidas.
“Reconocemos las gestiones del Lcdo. Alexander Adams, quien ha escuchado nuestra voz y está atendiendo los incumplimientos de los planes médicos, realizando estas auditorías que ponen al descubierto la realidad de las aseguradoras de Servicios de Salud. Reconocemos la labor del Comisionado y destacamos su compromiso con el proveedor para ofrecer un cuidado de excelencia al paciente, apoyando la credencialización única, la negociación colectiva y la Ley de Pago Puntual”, acotó López.
La Asociación de Laboratorios Clínicos solicita que se establezca, de una vez, un protocolo que garantice que las querellas en estas oficinas sean atendidas y de igual forma se haga cumplir con la Ley de Pago Puntual, desautorizando a contratar con el Gobierno de Puerto Rico a aquellos que no cumplan con la Ley.
