Opinión
Por José G. García López*
Hace un tiempo atrás, en una nota publicada por este medio, advertí que en momentos tormentosos de la economía de Puerto Rico es muy difícil y riesgoso hacer cambios drásticos al sistema tributario y más aún con un organismo interventor como es la Junta de Supervisión Fiscal. A pesar de que esta ha señalado reiteradamente que coincide en la necesidad de una reforma contributiva “holística” (integral), neutral, y que promueva la equidad; para así reducir la carga excesiva a los ciudadanos. Entiendo que la misma es necesaria, pero en esta coyuntura histórica y desafiante parece muy difícil de viabilizar.
¿Por qué no es viable la reforma?
Primero, nuestro cuadro “macroeconómico es uno muy complejo y disfuncional. La actividad económica actualmente refleja una ralentización de a la luz del comportamiento del Índice de Actividad Económica (IAE) del Banco de Desarrollo Económico (BDE). De acuerdo con el IAE este reflejó una reducción de -0.9% durante el mes de febrero pasado contra el mismo mes del año anterior. Cabe indicar que el IAE ha caído en tres trimestres consecutivos, lo cual refleja una desaceleración o técnicamente una posible recesión, que podría profundizarse de ocurrir una recesión en Estados Unidos. También el País no cuenta con los instrumentos o herramientas básicas para hacer políticas económicas como son las políticas monetarias y comerciales que sirven para contrarrestar los “shock’s” (golpes) macroeconómicos (Ejemplo la inflación) y estimular la economía. Solo cuenta con una “autonomía fiscal” para hacer política fiscal, pero ahora bajo el mando y control excesivo de la JSF.
Segundo, las políticas económicas de la presente Administración del presidente Donald Trump tendrán un impacto devastador sobre el presupuesto del Gobierno de Puerto Rico y la economía en general. Ya que los recortes propuestos en los fondos federales a la Isla hasta el presente alcanzan alrededor de $1,500 millones. Los fondos federales representan casi la mitad ($15,353 millones o el 46%) del presupuesto consolidado del gobierno ($32,281 millones) en el año fiscal 2025. Aquí no están contabilizados otros recortes propuestos por el Congreso de Estados Unidos a programas de viviendas asequibles para personas y familias de bajos ingresos (Sección 8, HOME y CDBG) y tampoco FEMA, SBA y el Medicaid.
Tercero, las políticas comerciales de Trump que aumentaron los aranceles a México, Canadá, Europa, China y el resto del mundo; tendrán efectos negativos en la economía de la Isla que han sido estimados en alrededor de $2,000 millones, según un estudio encomendado a la firma Boston Consulting Group.
Por lo tanto, si nos embarcamos en hacer una reforma contributiva debemos determinar primero lo siguiente: ¿Cuál sería el objetivo? ¿Queremos mantener o aumentar la base contributiva? ¿Vamos a evaluar el gasto tributario que representa el conjunto de deducciones, créditos y beneficios contributivos? ¿Cuál sería el costo fiscal e impacto económico de la misma? Así podríamos saber si en este momento de tanta precariedad e incertidumbre podemos financiar y sustentarla para que sea efectiva y aprobada por la JSF. No perdamos de vista que el País podría enfrentar un escenario de precipicio fiscal (fiscal cliff) que nos llevaría a volver caer en otra quiebra.
¿Qué proponemos?
Ante este complejo y desesperante cuadro económico y fiscal; entiendo que no se deben trastocar mucho las tasas contributivas sobre ingresos tanto a nivel de individuos como de corporaciones. En cambio, deberíamos buscar reducir los impuestos al consumo como arbitrios a la gasolina, los automóviles y otros; que son de carácter regresivo. También podríamos concentrarnos en evaluar sustituir el IVU por un Impuesto al Valor Añadido (IVA) que tiene mayor capacidad de recaudo y es efectivo fiscalizarlo. Claro esto tendría que discutirse y ser negociado con los inversionistas de COFINA ya que los recaudos del IVU están pignorados en su Plan de Ajuste de Deuda. Estas medidas tendrían un efecto inmediato positivo sobre el ingreso personal disponible de los contribuyentes para que estos puedan afrontar la inflación o incrementos en los precios de los bienes y servicios provocado por el alza en los aranceles. De lo contrario realizar una reforma contributiva podría ser otro esfuerzo perdido como ocurrió en los pasados años cuyos intentos no llegaron ni a primera base.
- El autor es economista consultor y profesor adjunto de economía en el Departamento de Economía, la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico y publicó el libro: Reformas Contributivas en PR: 1898-2020-Trasfondo, Impacto y Alcance.
