Opinión

El autor cuestiona: ¿cuánto estarían dispuestos a pagar los hogares para reducir la criminalidad?

Por Héctor Tavárez*

Todos sabemos que los crímenes afectan la calidad de vida de los residentes en un país o región. En Puerto Rico, los delitos tipo 1 son un indicador del crimen. Los delitos tipo 1 son divididos en dos categorías principales: los crímenes contra la propiedad y los crímenes de violencia. Los delitos contra la propiedad son los escalamientos, apropiaciones ilegales y hurto de autos. Los delitos de violencia son los asesinatos y homicidios, violaciones por la fuerza, trata humana, robos y las agresiones agravadas.

Recientemente los medios de comunicación les han dado atención a los crímenes de odio y los crímenes de violencia de género, especialmente hacia la mujer. Ciertamente, es un tema que ha trastocado a los puertorriqueños por bastante tiempo. En el 2020, se reportaron 6,540 crímenes de violencia de género en Puerto Rico. En muchas ocasiones los crímenes de violencia de género terminan con la muerte de la víctima. Aunque unos casos han llamado la atención más que otros por la exposición en los medios de comunicación, prefiero no mencionar un crimen en particular para no hacer más o menos importante la pérdida de una vida en particular. Las preguntas que nos hacemos son la siguientes: ¿Por qué no se invierte mayor cantidad de dinero en programas dirigidos a reducir los crímenes de violencia?, ¿Sería eficiente invertir dinero para reducir los crímenes de violencia?, ¿cómo establecemos el presupuesto y qué criterios utilizar?, ¿cuál es el objetivo social a lograr?, ¿cuánto vale la vida humana? A lo largo de este escrito se expande la discusión en varios asuntos que nos ayudan a contestar estas preguntas.

Lo primero que se debe entender es el problema social como efecto de la violencia. Los delitos de violencia afectan la sociedad, tanto el sector privado y externo como los residentes en general. Los delitos de violencia afectan negativamente el crecimiento y desarrollo económico debido a múltiples razones. Por ejemplo, los crímenes de violencia afectan negativamente el turismo y otros sectores de la economía por su efecto multiplicador. El costo del crimen de violencia también se refleja en el gasto sobre el sistema judicial y penitenciario debido a que se tiene que incurrir en gastos considerables para atender el crimen y a los criminales, en costos en salud para atender a las víctimas, en otros costos de seguridad que se deben incurrir, etc.

Existen múltiples factores o determinantes sociodemográficos que han sido identificados alrededor del mundo como causantes del crimen. Algunos ejemplos son la edad, educación e ingreso del delincuente, densidad poblacional en la región, hogares donde el jefe de hogar es soltero y el desempleo. Otros factores asociados al crimen es la probabilidad de ser arrestado, el estrés y el narcotráfico. Regularmente los gobiernos invierten o asignan dinero a la policía para aumentar la vigilancia y atender casos con el propósito de reducir la delincuencia, aumentar el nivel de seguridad pública y dar respuesta ante situaciones de caos. Sin embargo, se debe invertir más dinero en la reducción y prevención de los crímenes (incluyendo los crímenes de odio y violencia de género), incluidos programas de equidad de género, mayor personal y profesionales especializado en las oficinas gubernamentales (por ejemplo, la Oficina de la Procuradora de la Mujer, Policía de Puerto Rico, Departamento de Justicia y Departamento de Educación), sistemas de vigilancia asistidos por tecnología, etc.

En Puerto Rico, se ha mencionado que el costo por prisionero pudiera ascender a los $40,000 al año. Sin embargo, ¿cuánto valen las vidas que se han perdido? Estimar el valor de una vida es controversial y difícil de calcular, pero esto no quiere decir que es irrelevante. Los países han erradicado y prohibido la esclavitud precisamente porque los humanos no se pueden comprar a ningún precio. Sin embargo, asignarle un valor monetario a la vida es importante para muchas disciplinas, incluyendo la economía, cuidado de salud, seguros, evaluación de impacto ambiental, etc. De hecho, estimar el valor de una vida es crucial para resolver problemas por muerte en los tribunales. Existen métodos que han desarrollado para calcular el valor de una vida como el “valor estadístico de la vida”. Este valor no se refiere al valor de una vida humana o de una persona sino una expresión monetaria de la disposición a pagar por pequeñas reducciones en el riesgo de muerte utilizada como métrica para convertir la reducción de la mortalidad en un monto monetario. Otro indicador comúnmente utilizado es el año de vida ajustado por la calidad. Estos montos varían entre países y regiones, y dependen de múltiples factores sociales y económicos. Es importante mencionar que la pérdida de una vida también tiene sus efectos colaterales (sobre la familia o conocidos) por medio del sufrimiento.

En numerosas ocasiones, una de las razones por la cual no se asignan fondos suficientes para atender un problema o desarrollar un proyecto es la falta de información sobre las preferencias de un grupo de persona afectada (estudios y estadísticas para definirla) o sobre la viabilidad económica de invertir una cantidad de dinero para atender ese problema (o sea, dedicar recursos a la prevención e intervención del mismo). Existen varios análisis en la academia y la comunidad científica que se utilizan comúnmente para explorar el impacto o viabilidad económica de las inversiones. Entre ellos se encuentran el análisis costo-beneficio, análisis costo-efectividad, retorno de inversión, análisis de impacto, insumo-producto, entre otros. En este escrito me enfoco en el análisis costo-beneficio, el cual es una herramienta muy utilizada por economistas y hasta recomendada por el Congreso de los Estados Unidos para entender la viabilidad económica de invertir en proyectos. El análisis costo-beneficio busca conocer los beneficios y costos sociales (beneficios y costos a la sociedad, incluyendo el sector privado y externo) de un proyecto o política con el fin de servir de apoyo en la toma de decisión. Por lo tanto, el análisis costo-beneficio puede ser utilizado para conocer la viabilidad económica de reducir los crímenes de violencia.

Aunque el propósito de este escrito no es ofrecer una lección de economía, es importante entender algunos conceptos básicos para razonar sobre la lectura que se expone. Dicho de una forma bastante simple, el análisis costo-beneficio busca estimar los beneficios (ingresos, salvar vidas, etc., lo que se puede representar en una función de bienestar social) generados por un proyecto y compararlo con los respectivos costos (pérdidas de ingresos y vidas en el caso de la violencia, costo de oportunidad, etc.). Se dice que un proyecto es económicamente viable si los beneficios son mayores a los costos. El análisis puede también ser utilizado para conocer cuánto dinero se generaría (o economizaría por los costos evitados, lo cual es un beneficio) por cada dólar gastado en ese proyecto. Debido a que los beneficios y costos se observan por varios años, los números calculados se expresan en una unidad de tiempo, conocido como valor presente. Regularmente, los costos son relativamente fácil de calcular por los fondos asignados o por los precios del mercado. Los beneficios son relativamente fáciles de calcular cuando existe un mercado (oferta y demanda) para el producto bajo evaluación que resultaría como parte del proyecto. Sin embargo, cuando no se tiene un mercado (como es el caso del crimen), se deben utilizar métodos alternos para entender el valor del producto bajo evaluación. Una valoración económica busca asignar un valor monetario para tener acceso a, o mejorar un, bien o servicio sin mercado. La disposición a pagar se utiliza para estos propósitos y se utiliza como insumo en el análisis costo-beneficio. En este contexto, se puede evaluar la disposición a pagar por evitar los crímenes violentos, o sea la cantidad de dinero que estamos dispuesto a pagar o invertir socialmente. Ahora, ¿Qué tiene que ver esto con el crimen? A continuación, abordamos más sobre este tema.

La disposición a pagar se ha utilizado para proveer recomendaciones de política pública. Ludwig y Cook (The Benefits of Reducing Gun Violence: Evidence from Contingent-Valuation Survey Data. Journal of Risk and Uncertainty, 2001) encontraron que los hogares en Estados Unidos están dispuestos a pagar $213 por reducir la violencia armada en un 30%. Bishop y Murphy (Estimating the Willingness to Pay to Avoid Violent Crime: A Dynamic Approach. American Economic Review, 2011) encontraron que los hogares en una región de California están dispuestos a pagar $432/año por reducir los crímenes de violencia por 10%. Teixeira y Soeiro (Determinants of students’ willingness to pay for violent crime reduction. The Singapore Economic Review, 2013) encontraron que los estudiantes de Portugal en el 2013 estuvieron dispuestos a pagar $261 para reducir ese año los crímenes de violencia por 10% en el país.

En Puerto Rico, lamentablemente, no existen estudios que hayan estimado la disposición a pagar por reducir los crímenes de violencia. Sin embargo, si transferimos los beneficios (estimaciones) calculados en otros países, podemos llegar a resultados interesantes y contundentes. Al utilizar los resultados de Bishop y Murphy, pero penalizando por la diferencia de ingreso entre California y Puerto Rico (mediana de ingreso en Puerto Rico: 30% de la mediana de ingreso en California), encontramos que los hogares estarían dispuestos a pagar $129/año por reducir los crímenes de violencia por un 10%. Si multiplicamos la disposición a pagar por hogar por el número de hogares en Puerto Rico (~3,200,000 personas / 2.68 personas por hogar = 1,194,000 hogares), obtenemos que los hogares estarían dispuestos a pagar $154 millones/año por reducir los crímenes de violencia por un 10%. Por otro lado, al utilizar los resultados de Texeira y Soeiro, quienes tienen una mediana de ingreso menor a los puertorriqueños, obtenemos que los estudiantes solamente de la Universidad de Puerto Rico (~58,000) estarían dispuestos a pagar $15 millones de dólares/año por reducir los crímenes de violencia en un 10%.

Este análisis es bastante simple e ignora otros factores que pudieran afectar la disposición a pagar, tales como el nivel de crimen actual en cada país, diferencias de educación y nivel de pobreza, narcotráfico en cada región, etc. Para obtener números con mayor precisión, se tendría que realizar un estudio sobre la disposición a pagar de los puertorriqueños por reducir la violencia en la isla. Un estudio de esta índole serviría para proveerle información al gobierno para tomar la decisión sobre la deseabilidad de establecer un buen programa de prevención. En el análisis es importante valorar la vida humana y sus aportaciones a la sociedad y economía, las vidas que se pierden ante los crímenes violentos, y el impacto de ingresar una persona a la cárcel, lo cual genera grandes pérdidas económicas que se registran en los ámbitos público y privado. Además, la pérdida de la vida humana afecta el crecimiento del país y tiene efectos inter-generacionales. Sin embargo, obtenemos números sorprendentemente altos al utilizar los resultados de otros estudios y controlando por ingreso para tener una idea del beneficio social que se obtendría. En un análisis costo-beneficio, los beneficios sobrepasarían por mucho los costos de programas que pudieran estar dirigidos a reducir los crímenes de violencia.

Todos sabemos la crisis fiscal que enfrenta Puerto Rico, y sería completamente desacertado no mencionar que esto es una de las razones por la cual no se asigna mayor cantidad de dinero para reducir el problema criminal que enfrentan los residentes de la isla. Puerto Rico tiene una crisis fiscal con una deuda que sobrepasa los $70 mil millones. Con una Junta de Supervisión Fiscal que monitorea y aprueba los presupuestos, se hace más complicado atender el problema a la brevedad posible. En estos momentos de crisis que enfrenta Puerto Rico, es crucial tomar medidas que nos hagan crecer como persona y sociedad, medidas que demuestren la necesidad de invertir en reducir la violencia. Se exhorta a los diferentes grupos de interés que evalúen las necesidades sociales que están pasando los residentes de la isla, y pongan en la balanza la crisis fiscal versus el sufrimiento y la salud mental y física de los residentes. Se necesita evaluar y redirigir el presupuesto, hacer estudios económicos que estimen los beneficios sociales y económicos de las políticas de prevención del crimen, y entender el valor de las vidas humanas. Tenemos que atender a corto plazo lo que a largo plazo sería imposible… una vida perdida nunca regresa.

El autor agradece los comentarios ofrecidos por la Dra. Martha Quiñones.

*El autor es Catedrático Asociado en el Departamento de Economía Agrícola y Sociología Rural de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez.