Las secuelas del embate del huracán Fiona en Salinas. (Foto: Abimael Medina | Centro de Periodismo Investigativo)

Por Omaya Sosa Pascual | Centro de Periodismo Investigativo

A las puertorriqueñas y a los puertorriqueños, y a la mayor parte de los residentes de nuestro archipiélago, nadie nos tiene que explicar la importancia de lidiar con el creciente problema del cambio climático porque sabemos bien que se nos va la vida en ello.

Tristemente, los que ostentan el poder y a la vez tienen la responsabilidad de protegernos no entienden la urgencia del asunto y no toman acciones reales para mitigar los daños.

El 2022 fue el año más caliente en récord de nuestro planeta con una temperatura promedio de 1.55 grados Fahrenheit, superando al 2021, según informó este mes el Centro de Información Ambiental de la Administración Nacional Oceánica de los Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés). Asimismo el pasado mes de noviembre durante la 27 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2022  (COP27) la Organización de las Naciones Unidas volvió a instar a los países desarrollados a cumplir con sus compromisos de reducción de emisiones y estableció un fondo especial para que éstos aporten y compensen a los países más vulnerables afectados por el cambio climático.

El cambio climático, y el efecto que tiene en el aumento en el nivel del mar y en la fuerza y frecuencia de los huracanes, continuará, y Puerto Rico está en uno de los epicentros de esta crisis climática, causada en gran parte por nosotros, los seres humanos. Como conjunto de islas pequeñas que somos, en plena ruta de huracanes, que además tiene serios problemas de infraestructura y en medio de una quiebra fiscal, estamos entre las naciones más vulnerables ante el cambio climático en el mundo. Entre 2019 y 2020 ocupamos junto a Haití las primeras posiciones de los países más afectados por el cambio climático en el mundo, según el Índice de Riesgo Climático Global de la organización Germanwatch.

La historia reciente del azote del potente huracán María — categoría 4 casi 5 — en 2017, y de cómo mató a casi 3,000 personas mayormente por la incompetencia de nuestros gobiernos — el local y el federal — aún está fresca en la memoria y en el diario vivir de los que habitamos Puerto Rico. El daño causado por el fenómeno atmosférico y la falta de una respuesta adecuada por parte de las instituciones gubernamentales mantuvieron a la población durante meses sin servicios básicos de electricidad, agua y comunicaciones. Estas circunstancias causaron la mayoría de las fatalidades. Sin embargo, durante los pasados cinco años ha habido muy poca acción por parte de esos mismos gobiernos para prevenir que la trágica historia se repita.

La cifra de 3,000 es un estimado de mortalidad aceptado por el Gobierno de Puerto Rico un año después del evento, que solo tomó acción tras las revelaciones de múltiples investigaciones periodísticas del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que probaron que la mortalidad vinculada al evento era exponencialmente mayor a las 16 muertes que la oficialidad reportó los primeros 10 días de la emergencia y a las 64 que aún, cinco años después, componen el listado oficial de víctimas. El CPI, junto a aliados que se unieron a lo largo del camino como Quartz y Prensa Asociada, logró compilar una lista de más de 500 defunciones a lo largo de un año de investigaciones.

Hace apenas unos meses, el huracán Fiona, un fenómeno atmosférico de la menor categoría posible en el mundo de los huracanes, categoría 1, que solo tocó tierra durante una hora en el oeste, causó interrupciones serias de electricidad y de servicios en al menos 15 hospitales y centros de diagnóstico y tratamiento. Aún desconocemos el impacto que seguramente tuvieron estas situaciones en la salud o en la vida de los pacientes de dichas instalaciones. El número oficial de muertes por Fiona fue de 21 personas, pero el número real se sabrá una vez el gobierno dé a conocer todos los datos de mortalidad del periodo y se puedan hacer los análisis correspondientes.

Por eso la importancia de que las y los periodistas sigamos investigando a los poderes públicos y privados en cuanto al daño al ambiente que siguen promoviendo a través del desarrollo de nuestras costas y de las tala de manglares, las barreras naturales que nos protegen de la erosión y de las inundaciones, en cuánto al desarrollo de planes adecuados de preparación y respuesta a los desastres naturales, y en cuanto a la planificación inteligente de nuestras ciudades, comunidades y servicios esenciales de forma que se adapten a nuestras nuevas realidades.

En el CPI estamos comprometidos en seguir investigando el tema y las consecuencias que está teniendo la falta de acción gubernamental y en ocasiones la negligencia desde el sector privado tanto en la calidad de vida de nuestros ciudadanos como en nuestro medio ambiente. Para ello, seguimos capacitándonos y manteniéndonos al día con el desarrollo de la ciencia y de las políticas públicas a nivel mundial.

A fines de 2022 participamos del Curso Avanzado de Periodismo de Investigación de la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación, enfocado en cambio climático, en Río de Janeiro, Brasil. Durante dos días fuimos capacitados por expertos junto a nueve colegas de otros países de la región y la propuesta de investigación del Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico, a ser ejecutada este año, fue seleccionada por el jurado como una de las dos ganadoras.

No claudicaremos en nuestra insistencia porque ya sabemos que la mayoría de las muertes tras una crisis climática son prevenibles; es responsabilidad de nuestros gobiernos evitarlas y de todas y todos en Puerto Rico exigir el cumplimiento de este deber.