"La única forma de extender la paralización de demandas es el Título III"

Los senadores habían comentado en su carta que la Junta no está interesada en negociar con los acreedores. Además, habían señalado que el Plan Fiscal no cumple con la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés); y no distingue entre gastos esenciales y no esenciales.

En marzo, varios acreedores le escribieron a la Junta para pedir con urgencia el comienzo de las negociaciones.

La Junta explica que, junto con el Gobierno de Puerto Rico, ha mantenido más de 30 reuniones con representantes de los acreedores desde diciembre de 2016 hasta marzo de 2017. La mayoría de los acreedores se reunieron con la Junta más de una vez y nunca se negaron a reunirse con ningún acreedor que lo haya solicitado.

El 13 de abril comenzó un proceso de mediación. “La Junta mantiene la esperanza de que la mediación conduzca a resoluciones consensuales en algún momento”.

Al cuestionamiento de los senadores en torno a que no defiende el uso del Título VI, es decir, las negociaciones consensuales, la Junta indica que han sido los acreedores los que se han negado a llegar a acuerdos por consenso a menos que la Junta certifique un plan fiscal que proporcione más fondos para el servicio de la deuda (“a news fiscal plan with more frothy and optimistic assumptions”).

La paralización de las demandas incluidas en PROMESA finaliza el 2 de mayo de 2017. La Junta ha dejado claro que puede tener que comenzar a utilizar el Título III (solicitar la quiebra en un tribunal) para prolongar la paralización de demandas más allá del 1 de mayo.

“Si esto ocurriera, la Junta incorporaría en el Título III cualquier acuerdo del Título VI alcanzado con los acreedores. Esto es lo máximo que la Junta puede hacer para fomentar los acuerdos del Título VI. Los acuerdos del Título VI requieren que la Junta y los acreedores estén de acuerdo”, explica la carta.

Por otro lado, la deuda de $48,000 millones del Sistema de Retiro no se puede reestructurar con el Título VI y sólo se puede resolver con el Título III.

“La Junta le ha dicho, durante varios meses, a los tenedores de bonos que incluso si debe recurrir al Título III, continuaría negociando con los acreedores e incorporaría a un plan bajo el Título III cualquier acuerdo tipo Título VI que haga con los tenedores de bonos”.

Otro  de los puntos en controversia es la cantidad de dinero disponible para el pago del servicio de la deuda. La Junta explica que no puede cumplir el objetivo de PROMESA de lograr responsabilidad fiscal y restaurar el acceso a los mercados de capital sin lograr que la economía crezca. Mayores recortes en los gastos y aumentos en los impuestos producirían pocos beneficios en los primeros 10 años y sería contraproducente para los próximos 32 años.

Las medidas de ahorro incluidas en el plan “son tan grandes que nuestros asesores advierten que recortes adicionales a corto plazo podrían producir recursos ligeramente más altos durante los primeros 10 años, pero no a lo largo del período 2018-60; y que la cantidad de cortes adicionales es limitada ya que las políticas necesarias para generar anualmente más recursos materiales no son consistentes con un crecimiento sostenible y un camino de equilibrio primario”.

La Junta dijo que el Congreso de Estados Unidos puede ayudar a mejorar las condiciones económicas en Puerto Rico renovando el flujo de fondos de Medicaid bajo la Affordable Care Act y ha que considere las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Congreso.

Respuesta a la carta del 4.7.2017 de los Senadores Tillis y Cotton