Manuel Reyes, vicepresidente ejecutivo de MIDA
Por redacción de Sin Comillas
Entre $1 millón y $10 millones al año le costaría a cada empresa del sector privado la aprobación de la Ley 41, conocida como Ley de Reforma Laboral, según un sondeo a 100 compañías comisionado por varias organizaciones del sector privado. El estudio señala que ha realizado un análisis macroeconómico para obtener ese resultado. Ni la Junta de Control Fiscal, ni el Gobierno, ni la Asociación de Economistas de Puerto Rico han podido medir el impacto económico de la Ley 41.
Las organizaciones del sector privado que han financiado este estudio son: Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), la Asociación de Comercio al Detal de Puerto Rico (ACDET) y Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE), que apoya la decisión de la Junta de Control Fiscal de demandar al Gobierno para invalidar cambios a la Reforma Laboral de 2017.
El 1 de septiembre, la Junta presentó una demanda contra el gobernador Pedro R. Pierluisi en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico con el propósito de anular la ley, que deroga ciertos elementos de la Reforma Laboral del 2017.
La Ley de Reforma Laboral (Ley 41-2022), que entró en vigor el pasado 20 de julio, disminuye el periodo probatorio y restablecen las protecciones contra el despido injustificado, aumenta la acumulación de licencia por vacaciones y le extiende dicho beneficio a empleados a tiempo parcial, entre otros asuntos.
“Desde que comenzó el proceso legislativo de revisión de la Reforma Laboral, alertamos, en reiteradas ocasiones, que esta reforma provocaría pérdidas a las empresas, las cuales pueden provocar despidos y cierre de operaciones. Hoy validamos que las pérdidas pueden llegar a ser millonarias, por lo que apoyamos el esfuerzo de la Junta para que se invalide esta ley”, expresó Iván Báez, presidente de la Asociación de Comercio al Detal.
“Como economista y parte del sector privado, recomendamos que esta ley sea declarada nula según las disposiciones de la Ley PROMESA. Los daños económicos que provoca su implementación son de grandes proporciones, afectándose más los negocios medianos y grandes, que son los principales empleadores. Ninguna empresa en la Isla puede absorber pérdidas entre el millón y $10 millones al año, sin que esto implique reducir empleos, aumentar precios o inclusive el cierre permanente de sus operaciones”, informó Gustavo Vélez, autor del estudio.
Señalan que en Puerto Rico no existe un problema de falta de beneficios. “Es una contradicción de que, aun cuando la Isla cuenta con mucha más legislación laboral que ningún estado de los Estados Unidos, se continúe legislando para aumentar costos a los que creamos los empleos. Nuestro deseo es que los empleados en la Isla gocen de los mayores beneficios y salarios posibles, pero esto lo debe determinar el mercado y las capacidades de cada empresa, con la menor intervención posible del gobierno. Si hubiesen legislado para impulsar el desarrollo económico, que permita a las empresas operar y ser competitivas, el escenario sería muy diferente”, añadió Mateo Cidre, presidente de ASORE.
Por su parte, Manuel Reyes, vicepresidente de MIDA, coincidió expresando que “es importante aspirar a tener los mejores sueldos y beneficios posibles para nuestros empleados. Sin embargo, las aspiraciones deben ir atadas a nuestra realidad económica, a nuestra productividad, y a un plan con acciones concretas. Es decir, los mejores salarios del mundo son posibles en las economías más desarrolladas. Tenemos que internalizar que, si queremos más, hay que tomar medidas para producir más. Por el contrario, no parece sensato que una economía dependiente, en quiebra, y en recesión desde el 2006, tenga un salario mínimo superior al de 20 estados y mayores beneficios legislados que ninguno, simplemente porque nuestros políticos asumen posturas populistas sin analizar y explicar su impacto”.
Análisis del impacto de la reforma laboral en las empresas
