Por redacción de Sin Comillas
¿Cómo se pasa de reparar líneas de energía eléctrica a ser guardia de seguridad o trabajar en la enfermería de una agencia? A trabajos como estos han sido asignados algunos de los trabajadores cualificados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) tras la privatización de la transmisión de electricidad que supone el contrato de LUMA Energy, señala el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA).
El IEEFA se cuestiona ¿por qué la Junta de Control Fiscal está impulsando agresivamente un contrato de privatización que amenaza con destruir el único activo que tiene el sistema eléctrico, su mano de obra calificada? y advierte del momento crítico en que se produce la privatización.
LUMA Energy se hará cargo de la transmisión de la energía eléctrica a partir del 1 de junio, “probablemente” con una fuerza laboral insuficiente y no totalmente cualificada, justo en el momento en que empieza la temporada de huracanes.
La privatización requiere que los trabajadores de la AEE que no se trasladen a LUMA sean transferidos a otras agencias gubernamentales. Los trabajadores expertos están recibiendo notificaciones de que están siendo transferidos a trabajos no relacionados para los cuales pueden no estar capacitados, calificados o interesados.
Según IEEFA, estas transferencias de empleados de la AEE aumentarán el presupuesto del gobierno central en alrededor de $200 millones anuales. El gobierno también necesitará transferir $750 millones adicionales a la AEE antes del 1 de junio para financiar las cuentas de reserva que se requieren según el contrato.
“No está claro cómo este contrato promueve los objetivos de la Junta de restaurar la salud fiscal de la AEE y Puerto Rico y recuperar el acceso a los mercados de capital. Iniciativas de ahorro mal documentadas, transferencias financieras no planificadas entre entidades del gobierno, mala administración de mano de obra calificada, todo esto fueron aspectos del sistema eléctrico de Puerto Rico que ayudaron a llevarlo a la bancarrota. La Junta debería usar su autoridad para reunir a las partes interesadas y promover soluciones basadas en energías renovables que generen ahorros reales en lugar de participar en una campaña costosa y contraproducente para socavar los derechos laborales de los trabajadores eléctricos de Puerto Rico”, apunta el IEEFA.
