Por Luisa García Pelatti
Nueve fondos de inversión, que poseen $3,750 millones en bonos del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), presentaron hoy una demanda en contra del banco. La demanda busca paralizar las transferencias de fondos del BGF a otros bancos, la condonación de deudas y los pagos de forma preferencial a ciertos acreedores. Los demandantes señalan que el BGF es insolvente o está apunto de alcanzar la insolvencia.
Los demandantes son: Brigade Leveraged Capital Structures Fund Ltd., Brigade Distressed Value Master Fund Ltd., Tasman Fund LP, Claren Road Credit Master Fund, Ltd., Claren Road Credit Opportunities Master Fund, Ltd., Fore Multi Strategy Master Fund, Ltd., Sola Ltd, Ultra Master Ltd, y Solus Opportunities Fund 5 LP. La demanda fue presentada por Harold D. Vicente, de Vicente & Cuebas y por el bufete Davis Polk & Wardwell LLP, con sede en Nueva York.
La demanda solicita que se declaran nulas todas las transferencias de fondos depositados en el BGF a bancos privados. También buscan que se detenga la venta de activos. Algunas fuentes hablan
La demanda hace referencia al informe del Comisionado de Instituciones Financieras, citado por la decisión del juez Fusté en la demanda de Walmart en el que señala que el banco es insolvente; y a los rumores de que el BGF estaría abriendo cuentas en bancos privados para transferir los fondos federales que reciben las agencias. El viernes el Gobernador negó que esos rumores fueran ciertos.
Según los demandantes la delicada situación del BGF es producto de un conflicto de interés. La lealtad hacia el Gobierno y la lealtad hacia los acreedores. Su lealtad hacia el Gobierno le habría llevado a darle crédito y permitir sacar depósitos a agencias o corporaciones con poca capacidad de repago de la deuda. Esa lealtad se ha vuelto en contra de los propios intereses del BGF. “Los acreedores de BGF sufrirán un daño grave e irreparable si el BGF insiste en apuntalar las finanzas del Gobierno a expensas de los propios acreedores del banco”, señala la demanda.
Los demandantes responsabilizan a esas “lealtades contradictorias” del deterioro del BGF al ayudar a determinados acreedores para evitar que el Gobierno reduzca su liquidez.
Por otro lado, hacen referencia a la falta de transparencia en la información, al no informar al mercado sobre las transferencias o pagos preferenciales a ciertos acreedores. Advierten que aunque se presente legislación para declarar una moratoria en el pago a los acreedores, la liquidez se habrá evaporado y no podrá sobrevivir a una reestructuración de su deuda.
