Mathias Cormann, secretario general de la OCDE.
Por redacción de Sin Comillas
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) alcanzó un acuerdo histórico que establece un impuesto a las corporaciones mínimo del 15%. Las grandes empresas, además, deberán repartir parte de los beneficios en los países donde se generen. El acuerdo podría entrar en vigor en 2023.
El pacto supondrá la generación de ingresos para las arcas de los estados de unos $150,000 millones anuales gracias al alza tributaria y la redistribución de otros $125,000 millones entre los países.
El consenso llega tras años de negociaciones internacionales para evitar que las mayores empresas usen paraísos fiscales para evitar pagar impuestos, y se ha logrado después de que el gobierno de Joe Biden pusiese fin a años de bloqueo durante la presidencia de Trump.
El acuerdo alcanzado incluye a 136 países y jurisdicciones, que abarcan más del 90% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, señaló la organización.
Tres países europeos de baja fiscalidad para las empresas (Irlanda, Hungría y Estonia) se sumaron al acuerdo político acordado en julio pasado. La incorporación de estos tres países hace que el acuerdo tenga ya el apoyo de todos los países del G20 y de la OCDE. Por su parte, Pakistán comunicó ayer su salida. Se han quedado también fuera del acuerdo Kenia, Nigeria y Sri Lanka.
“El acuerdo de hoy (por el viernes) hará que las disposiciones fiscales internacionales sean más justas y funcionen mejor. Es una gran victoria para un multilateralismo eficaz y equilibrado”, afirmó el secretario general de la OCDE, el australiano Mathias Cormann.
La tasa contributiva mínimo será de 15% para empresas con una facturación de más de 750 millones de euros ($866 millones) y las multinacionales con ventas globales superiores a $20,000 millones y una rentabilidad superior al 10% deberán repartir el 25% de su beneficio en los países donde operan.
El acuerdo fija en 25% el volumen del beneficio residual de las empresas –el que queda después de que el país donde esté la sede se haya quedado con el impuesto correspondiente al 10 % de la rentabilidad– y que se repartirá entre los países donde operan las compañías.
La aplicación del acuerdo supondrá la redistribución de unos $125,000 millones anuales procedentes de los beneficios de un centenar de multinacionales y empresas muy rentables, destacó la organización.
