Por redacción de Sin Comillas
Transparency International, que este año celebra su 25 aniversario, revela en su último informe que a pesar de los esfuerzos por combatir la corrupción en el mundo, la mayoría de los países están avanzando con demasiada lentitud. Aunque detener la corrupción lleva tiempo, en los últimos seis años numerosos países han conseguido progresos mínimos o nulos. Un análisis más detenido de los resultados del índice arroja un dato aún más alarmante: los países donde son más frágiles las garantías para la prensa y las organizaciones no gubernamentales (ONG) en general presentan también los peores índices de corrupción.
El índice, que clasifica 180 países y territorios según las percepciones de expertos y empresarios sobre el nivel de corrupción en el sector público, emplea una escala de cero a 100, en la cual cero equivale a muy corrupto y 100 a muy transparente. Este año, el índice concluyó que más de dos tercios de los países obtienen una puntuación inferior a 50, y que la puntuación media es de 43.
En los últimos seis años, varios países mejoraron de manera significativa su puntuación en el IPC, incluidos Costa de Marfil, Senegal y el Reino Unido, mientras que otros descendieron de posición, como Siria, Yemen y Australia.
Este año, Nueva Zelandia y Dinamarca ocuparon las primeras posiciones, con puntuaciones de 89 y 88 respectivamente. Siria, Sudán del Sur y Somalia se ubicaron en los puestos más bajos, con puntuaciones de 14, 12 y 9 respectivamente. La región con mejor desempeño es Europa Occidental, con una puntuación media de 66. Las regiones peor posicionadas son África Subsahariana (puntuación promedio de 32) y Europa del Este y Asia Central (puntuación promedio de 34).
Cada semana, un periodista es asesinado en un país con altos niveles de corrupción
El análisis de los resultados del índice realizado por Transparency International profundizó además en la relación entre los niveles de corrupción, la protección de las libertades periodísticas y la participación de la sociedad civil. Encontramos que casi todos los periodistas asesinados desde 2012 murieron en países con altos niveles de percepción de corrupción.
“Ningún activista o periodista debería temer por su vida cuando se expresa contra la corrupción”, manifestó Patricia Moreira, directora ejecutiva de Transparency International. “Ante la embestida que sufren hoy en todo el mundo la sociedad civil y los medios de comunicación, debemos hacer más para proteger a aquellos que denuncian este fenómeno”.
El análisis, que incorpora datos del Comité para la Protección de los Periodistas, muestra que en los últimos seis años, más de nueve de cada 10 periodistas fueron asesinados en países con puntuaciones de 45 o inferiores en el Índice de Percepción de la Corrupción. Esto implica que, en promedio, cada semana al menos un periodista es asesinado en un país con altos niveles de corrupción. Asimismo, uno de cada cinco periodistas que murieron estaba trabajando en investigaciones sobre corrupción. Lamentablemente, en la mayoría de estos casos nunca se hizo justicia.
Los esfuerzos de Transparency International y su experiencia directa de trabajo con más de 100 capítulos en todo el mundo confirman los estrechos nexos entre corrupción y libertad de prensa. Por ejemplo, en Brasil, que alcanzó una puntuación de 37 en el índice de este año, 20 periodistas murieron en los últimos seis años. Los reporteros en Brasil —perseguidos por investigar la corrupción en gobiernos locales y la criminalidad vinculada con las drogas— arriesgan su vida a diario tan solo por hacer su trabajo.
La corrupción está asociada con la reducción del espacio para la sociedad civil
Transparency International analizó también la relación entre los niveles de corrupción y la libertad que tienen las organizaciones cívicas para actuar e influir en las políticas públicas. El análisis, que incorpora datos de World Justice Project, muestra que la mayoría de los países que obtienen una puntuación baja en cuanto a libertades civiles también suelen recibir altas calificaciones de corrupción.
“Las campañas de desprestigio, el acoso, las demandas y los escollos burocráticos son algunas de las herramientas usadas por ciertos gobiernos para acallar a quienes impulsan iniciativas contra la corrupción”, expresó Moreira. “Instamos a los gobiernos que se esconden detrás de leyes restrictivas a que las desactiven inmediatamente y permitan una mayor participación cívica”.
El caso de Hungría, que descendió 10 puntos en el índice en los últimos seis años, y pasó de 55 en 2012 a 45 en 2017, es uno de los ejemplos más alarmantes de la reducción del espacio para la sociedad civil en Europa del Este. De ser promulgado, un proyecto legislativo presentado recientemente en Hungría restringiría a las ONG y les quitaría su estatus de entidades sin fines de lucro. Esto tendría gravísimas consecuencias para las numerosas organizaciones de la sociedad que ya padecen las restricciones de una ley anterior que estigmatiza a las ONG en función de su estructura de financiación.
