Por redacción de Sin Comillas
El Senado aprobó a viva voz el informe final de la Resolución del Senado 237 sobre el impacto económico del costo de los fletes marítimos entre Puerto Rico y Estados Unidos a consecuencia de la imposición de las Leyes de Cabotaje.
La senadora Rossana López León, que preside la Comisión de Derechos Civiles, Participación Ciudadana, y Economía Social, sugirió la creación de una Comisión Permanente de la Asamblea Legislativa con jurisdicción exclusiva en el tema de la Ley Jones de 1920. En tanto, la Asamblea Legislativa deberá como poder constitucional, solicitar la derogación de las Leyes de Cabotaje.
El informe deberá ser enviado al Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos, para que la situación sea considerada como un asunto de urgencia económica y civil de los puertorriqueños.
“Lo que pudimos evidenciar en este extenso informe, es que esta ley y sus objetivos desde 1920 ya no tienen ninguna justificación. Esta ley es injusta, es proteccionista y ya no tiene justificación para seguir existiendo. Definitivamente la Ley de Cabotaje federal es injusta y obliga a cada puertorriqueño a pagar más por todo lo que compra, poniendo en detrimento el desarrollo económico de Puerto Rico” dijo López León durante la sesión de hoy.
Entre los hallazgos de dicha investigación, la Comisión encontró tres puntos importantes que evidencian que la conocida Ley Jones ya no tiene el efecto para el que fue creada. Sobre los artilleros, según el informe la industria ya está casi desaparecida. En el costo de construcción, se ha visto evidenciado que el mismo es un costo que suma casi cuatro veces más alto cuando se compara con todos los artilleros que construyen los barcos en Asia. Otro de los propósitos para la creación de la Ley Jones es que los barcos eran utilizados en conflictos bélicos. “Desde el 2001, la Marina Mercante de Estados Unidos, no ha sido utilizado dichos barcos en conflictos bélicos” aseguró la también portavoz alterna de la mayoría del Partido Popular Democrático.
Por su parte, la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) María de Lourdes Santiago expresó, “Las leyes de cabotaje impiden que productos alimenticios lleguen a Puerto Rico con la frescura que se requiere. El 85% de los alimentos que consumimos son importados”.
Entre las recomendaciones de la Comisión, está realizar un frente común, entre todos los sectores sociales, económicos y políticos del país, a los fines de solicitar formalmente al gobierno de Estados Unidos exima a Puerto Rico de las restricciones anticompetitivas de la Ley Jones. “El gobierno de Puerto Rico deberá entrar en una negociación directa con las autoridades federales, con el objetivo de obtener exenciones administrativas del Departamento de Seguridad Nacional sobre ciertas disposiciones de la Ley Jones” indicó.
