Por Luisa García Pelatti
La ley de moratoria, que firmó el Gobernador el miércoles, sitúa a Puerto Rico en un estado de excepción. El Gobierno ha invocado «la razón de estado» para tomar medidas drásticas y eso es muy peligroso, advierte Sergio Marxuach, director de política pública del Centro para la Nueva Economía (CNE). El Gobierno tenía que hacer algo, pero se esperó tanto para actuar que ya todas las opciones que quedan son malas y «moralmente objetables»: si pagaban la deuda no había dinero para que el Gobierno siguiera operando; si decidían no pagar les podían congelar las cuentas y declarar una moratoria significa incumplir la Constitución.
El problema es que la decisión que tomó el Gobierno es peligrosa porque los poderes que obtiene se podrían usar para otras cosas. «Hay que estar pendiente de que el Gobierno no haga artimañas, que no sea un cheque en blanco». La movida también podría verse como un movimiento táctico para presionar a los bonistas, pero Marxuach señala que ese mecanismo es muy peligroso y está acelerando los litigios.
El debate del tema de la crisis de la deuda y su soluciones se ha abordado de forma simplista: junta federal de control fiscal sí o no. El CNE está mirando este asunto desde un punto de vista pragmático, haciendo un análisis más profundo y propone un plan de cinco puntos:
1. Reestructuración de la deuda
Debe ser abarcadora e incluir toda la deuda, «si no vamos a acabar con una reestructuración incompleta y en cinco años estaremos en el mismo punto». Hay que decidir si la reestructuración va a ser ordenada o caótica. El caso no le conviene ni al Gobierno ni a los bonistas. Se deben paralizar los litigios para que el Gobierno pueda concentrarse en gobernar. y se debe crear un mecanismo para los acreedores que no quieran firmar un acuerdo razonable, los llamados «holdouts». En Argentina este grupo invirtió $165 millones y terminaron recibiendo $4,000 millones.
2. Junta federal de control fiscal
«Reestructurar la deuda sin ningún tipo de control no es bueno. Puerto Rico ha sido claramente negligente en el manejo de sus finanzas. Por otro lado, que venga una junta es problemático y no estoy tan seguro de que el Congreso de Estados Unidos quiera meterse a manejar a nivel micro lo que pasa en Puerto Rico», indica Marxuach. El rol de esta junta debe ser de asegurar que se cumpla con el plan fiscal con la regla fiscal y proveerle asistencia técnica al Gobierno.
3. Estabilización económica y fiscal en el corto plazo
Los republicanos han estado renuentes, pero podrían ofrecer algún tipo de subsidio para los trabajadores de bajos ingresos o un crédito. También podría incluir un aumento en los fondos del programa Medicaid.
4. Ley de responsabilidad fiscal
Una regla fiscal simple y fácil de entender. Lo que propone es que se pase legislación para que el gasto no supere los ingresos durante un ciclo, determinado por un panel de expertos independientes. Si se trata de un ciclo económico de crecimiento, el gobierno tendrá un tope de gasto público y el excedente de ingresos irá a una reserva. Si la economía va mal, el gobierno continuará con un máximo de gasto, pero en caso de déficit podrá cubrirlo si hay dinero suficiente en esa reserva. Siempre se guardará un pequeño superávit estructural que se utilizaría para ir amortizando la deuda. Es una forma de que los federales puedan supervisar pero manteniendo en Puerto Rico la forma de asignar los fondos.
5. Estrategia de crecimiento económico
Una vez se salga de la crisis, lo que puede tomar de 3 a 5 años, hay que identificar áreas de competitividad y establecer la reformas necesarias.
«Esto es lo que estamos proponiendo y lo que estamos cabildeando en Washington. La regla fiscal debería aprobarse primero», lo que según Marxuach, sería visto como un acto de buena fe y le daría credibilidad al Gobierno. Explica que Rob Bishop (R -UT), presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara, que tiene a su cargo la elaboración de un proyecto para ayudar a resolver la crisis de deuda de Puerto Rico, ha mostrado interés en esta propuesta, pero prefiere que sea Puerto Rico el que implemente esa regla fiscal.
