Foto: Mabel Tossas
Por Luisa García Pelatti
La Ley de Moratoria que acaba de aprobar el Gobierno “parecería ser contraria al Artículo 6 Sección 8 de la Constitución de Puerto Rico que dice que en el caso de emergencia se pagará primero los intereses y la amortización de la deuda pública y lo demás vendrá después”, opina José Julián Álvarez, catedrático de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. El catedrático, que participó en una conferencia organizada por la asociación de ex alumnos de la facultad de Administración de Empresas, cree que, en el fondo, lo que está tratando de hacer el Gobierno aprobando esta ley es “provocar una negociación” con los acreedores.
“Los bonistas también tienen incertidumbre sobre si esa ley pudiera ser hallada válida por un tribunal”. Aunque haya dudas respecto a su constitucionalidad, Alvarez considera que puede haber un deseo de utilizar la ley como ficha de negociación, no solo con los tenedores de bonos, sino también con el Congreso de Estados Unidos. “No tengo muchas dudas de que el Congreso de Estados Unidos podría aprobarla y dejar sin efecto, para esos efectos, una disposición de la Constitución de Puerto Rico”. Podría hacerlo, pero que lo vaya a hacer un Congreso de mayoría republicana eso son otros 20 pesos. Lo peor, dice el Alvarez, es que el Congreso no se ponga de acuerdo y no apruebe ninguna medida y no tenemos tiempo para reaccionar antes de que se produzca un impago. En el caso de que se presente alguna demanda cuestionando la constitucionalidad de la ley de moratoria, el catedrático de derecho opina que no es muy probable que el Tribunal Supremo pueda actuar en un caso como este antes de dos meses.
Por su parte, Elías Gutiérrez, economista y planificador, señaló que al aprobar la ley de moratoria, “Nos va acostar caro reponernos de este golpe. Va a tomar tiempo y capital y van asegur los recuso escasos.
la Legislatura y el Gobernador violaron el juramento de defender la constitución. La ley “le da a poder al Gobernador para suspender la constitución”. Asegura que con esa decisión “hemos puesto en peligro la economía de Puerto Rico”, porque los contratos son claves en el comportamiento de la economía.
Sobre la negociación con los acreedores, dice que la ficha de tranque está en el precio de los bonos y que la ley es cómo sacar una pistola y p0nerla encima de la mesa”. “Nos va acostar caro reponernos de este golpe.
