Complejo generatriz Central San Juan de la Autoridad de Energía Eléctrica en la zona portuaria de San Juan. (Foto por Ricardo Arduengo | Centro de Periodismo Investigativo)
La EPA y la Junta de Control Fiscal advierten sobre inminentes sanciones federales si no hay un plan a tiempo para controlar el dióxido de azufre que emiten las centrales de la AEE.
Por Eliván Martínez Mercado | Centro de Periodismo Investigativo
Puerto Rico está ahora en contra del reloj. Esa es la advertencia de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y de la Junta de Control Fiscal, ante la lentitud del Gobierno para terminar un plan que controle las emisiones de un gas tóxico, el dióxido de azufre. En la Isla lo emiten principalmente tres plantas de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). El contaminante contribuye a la formación de lluvia ácida y afecta el sistema respiratorio, agravando condiciones como el asma en niños y ancianos.
Si el Plan de Implementación para controlar las emisiones de azufre no está listo y aprobado para el próximo 3 de junio, entrará en vigor una primera sanción que obligará a reducir a la mitad las emisiones de todo proyecto público o privado en las dos zonas de “no logro”, donde no se ha cumplido con los límites de dióxido de azufre. Una de esas zonas está ubicada en el norte, e incluye áreas de San Juan, Toa Baja, Cataño, Bayamón y Guaynabo, y otra los municipios sureños de Guayama y Salinas.
“Hay muchas empresas de manufactura que pueden verse afectadas por esos requisitos”, dijo Carmen Guerrero, directora de la división del Caribe de la EPA. Uno de los efectos sería la exigencia de reducir la generación de energía con cualquier combustible fósil que contribuya a las emisiones de dióxido de azufre. La EPA no tiene la discreción de aplazar las sanciones en caso de que Puerto Rico no cumpla a tiempo, puesto que se trata de un mandato federal de la Ley de Aire Limpio, según Guerrero
Si el plan tampoco está listo para el 3 de diciembre de 2022, entrará en vigor una segunda sanción. El gobierno federal congelará el desembolso de más de $100 millones anuales en fondos federales para puentes y carreteras en las dos zonas de “no logro”, y la EPA asumirá las riendas en la creación del Plan de Implementación.
La Junta de Control Fiscal, nombrada por el gobierno estadounidense para controlar las finanzas y para que Puerto Rico pague su deuda pública, le envió el 25 de marzo una carta a Omar Marrero, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, con copia al gobernador Pedro Pierluisi y otros jefes de agencia, alertando sobre el riesgo de perder el dinero y pidiendo celeridad.
La Fortaleza envió las siguientes declaraciones escritas: “La Administración [de Pierluisi] se encuentra comprometida con desarrollar y presentar a la EPA un Plan Estatal de Implementación que sea consistente con la política pública de transformación de nuestro sistema eléctrico. Como parte de ese proceso, funcionarios de la Administración han estado en constante comunicación con la EPA, entidad que ha brindado comentarios a varios borradores compartidos. Recientemente, se recibió cierto insumo adicional de parte de la EPA, el cual será incorporado en el Plan, antes de ser sometido formalmente ante dicha agencia. Estamos confiados en que las sanciones relacionadas a los fondos para puentes y carreteras no entrarán en vigor, pues cumpliremos con las fechas establecidas por EPA para evitar las mismas”.
La agencia que lidera el proceso de cumplimiento ante la EPA por el Gobierno de Puerto Rico es el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).
La Junta de Control Fiscal indicó en su carta que está “preocupada” por la posibilidad de que el Gobierno incumpla con la fecha límite del 3 de junio. Señaló que las propuestas que barajaban la AEE y el DRNA para reducir las emisiones de dióxido de azufre van en contra del Plan Integrado de Recursos de la AEE, e incumplir con ese plan maestro constituye un problema legal.
Un ejemplo del incumplimiento es que la AEE propone convertir las unidades 7, 8, 9 y 10 de la Central de San Juan para que produzcan energía con gas natural, un proceso de construcción que puede extenderse hasta el 2030. Pero el Plan Integrado de Recursos ordena todo lo contrario, que esas unidades se retiren de servicio y no que se transformen.
Además de crear el Plan de Implementación, el DRNA tiene que enmendar su Reglamento para el Control de la Contaminación Atmosférica. “Hacerlo conllevará tiempo”, según la Junta de Control Fiscal, anticipando la burocracia y los pasos que debe llevar a cabo el DRNA para cumplir con la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme.
El 28 de abril, la Junta de Control Fiscal solicitó a la secretaria interina del DRNA, Anaís Rodríguez Vega, que le enviara la versión final de las enmiendas al Reglamento para evaluarlas. El ente fiscal y el DRNA no respondieron a preguntas del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) de si este documento ya había sido enviado.
La bomba de tiempo “se pudo haber evitado”, dice la EPA
La EPA estableció en el 2010 límites más rigurosos a las emisiones de dióxido de azufre, con un nuevo tope de 75 ppb (partes por mil millones) en periodos de una hora. La extinta Junta de Calidad Ambiental (JCA) no pudo supervisar el cumplimiento porque no tenía la infraestructura necesaria para monitorear la calidad del aire. En el 2016, la JCA le comunicó a la EPA que, a falta de dicha tecnología, usaría un sistema para calcular emisiones a base de proyecciones. Este arrojó que los principales emisores de dióxido de azufre en Puerto Rico son las centrales eléctricas de San Juan y Palo Seco, en el norte, y Aguirre en el sur.
Siguiendo esas proyecciones, la EPA designó en 2017 a San Juan, Guayama y Salinas como zonas de “no logro”. Esa designación requería que el DRNA, que estaba en proceso de absorber las funciones de la JCA, desarrollara el Plan de Implementación para octubre de 2019. El Gobierno de Puerto Rico falló con esa fecha, al igual que fallaron los estados de Indiana y Luisiana, y el territorio de Guam, según la EPA.
“Ahora en junio comienzan unas sanciones que quizás se pudieron haber evitado”, indicó Guerrero. “Hubo un tiempo de planificación y de gestión que no se pudo aprovechar”, dijo. La funcionaria dirigió el DRNA entre 2013 y 2016, antes de que se declararan las zonas de “no logro”. Guerrero mencionó que, en el caso de Puerto Rico, los cambios de secretarios y de procesos administrativos impidieron que el DRNA terminara el plan a tiempo, pero insistió en que la dirección de esa agencia es la que debe dar una explicación de por qué no está listo aún.
El DRNA anunció que el 11 de abril llevaría a cabo vistas públicas para adoptar el Plan de implementación y enmendar el Reglamento. Pero sólo publicó el anuncio en el área de Calidad de Aire de su página web, y no en lugares visibles como la sección de vistas públicas o el área de noticias, o en las redes sociales de la agencia. Finalmente, en la vista sólo depuso la AEE, aunque la EPA y el Negociado de Energía sometieron comentarios por escrito.
La secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez Vega, dijo al CPI que la agencia aún está evaluando los comentarios e incorporando las recomendaciones que considera pertinentes, y que espera entregar el plan antes de que entren las sanciones. Indicó, a cuestionamientos sobre la poca publicidad del proceso de vistas públicas, que la agencia hizo un anuncio en el diario Primera Hora el 11 de marzo, y que concedió 30 días para que la población sometiera su parecer al respecto, como se lo exige la Ley. Sostuvo que los huracanes Irma, María y los terremotos afectaron las labores para terminar el Plan de Implementación. “El trabajo se retomó con fuerza por instrucciones del Gobernador Pierluisi en 2021, y estamos cumpliendo con las expectativas”, sostuvo Rodríguez.
Poca participación ciudadana
Lissie Avilés, líder ambiental de Cataño, una de las áreas afectadas por las emisiones del dióxido de azufre, se enteró de la vista pública cuando el CPI le llamó. No fue la única sorprendida.
“Observamos que la comunidad y los grupos ambientales a los que representamos no recibieron una copia de la notificación, a pesar de que han participado en múltiples procesos ante el DRNA y la antigua Junta de Calidad Ambiental”, indicó un equipo legal conformado por la organización ecologista EarthJustice y los abogados puertorriqueños Ruth Santiago y Pedro Saadé, en una carta al DRNA.
La fecha límite para someter comentarios públicos fue el 8 de abril, en medio de la emergencia por el apagón que dejó a todo Puerto Rico a oscuras, y que en algunas áreas se prolongó durante cuatro días, lo que provocó un receso administrativo del DRNA. Ruth Santiago dijo al CPI que la solución comunitaria que proponen es muy distinta a lo que se discute en ese plan: practicar la eficiencia energética y “desplegar masivamente” sistemas fotovoltaicos con baterías en los techos de las casas, entre otras medidas.
“Si hay entidades que entienden que no tuvieron la oportunidad de expresar sus planteamientos, deben presentarlos a Recursos Naturales”, indicó Guerrero. Los abogados ambientalistas pidieron que se acepten comentarios públicos por otros treinta días. “Es una discreción que tiene ahora el Departamento de Recursos Naturales respecto a qué acciones van a tomar. Estamos al tanto y le estaremos dando seguimiento a estos planteamientos”, dijo Guerrero.
Según la licenciada Santiago, el DRNA no le ha respondido la petición de extender el período de recibir comentarios.
Un proceso altamente técnico y poco transparente
En la vista pública del 11 de abril, el abogado Adam Kushner, del bufete Hogal Lovells, que representa a la AEE, indicó que el borrador del Plan de Implementación debe ser modificado para que tenga calendarios de trabajo realistas y esté actualizado con los cambios que maneja la AEE en sus centrales eléctricas. Las unidades de Palo Seco y Aguirre, por ejemplo, no cambiarán a gas natural sino a diésel de bajo contenido de azufre, según la corporación pública. El abogado alegó que las emisiones que calcula el sistema de proyecciones están infladas, y que los instrumentos de monitoreo actuales, que maneja el DRNA, indican que no hay dióxido de azufre en exceso.
La EPA solo reconoce las proyecciones, porque los instrumentos de monitoreo no están localizados en los lugares necesarios y no funcionan efectivamente para medir emisiones de dióxido de azufre (SO2). “Son estaciones que se ubicaron como reacción a escenarios que ya no existen, para contaminantes que no son el SO2. Hay que ubicar estaciones que respondan a la necesidad actual”, dijo Alex Rivera, ingeniero ambiental de la EPA.
El representante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la AEE, Tomás Torres, dijo que el proceso se debe basar en datos reales, debido al “impacto significativo” de los indicadores y las penalidades inminentes. Pidió más tiempo para que se ponga en marcha un memorando de entendimiento firmado en febrero pasado entre la AEE y el DRNA, para que esta agencia adquiera, instale, opere y mantenga equipos de monitoreo de SO2. El DRNA se encargará de recopilar, analizar y hacer informes de los datos, para lo que recibirá de la corporación pública hasta $4.6 millones durante un periodo de cuatro años.
“Dado el tracto de las fechas, es obvio que el desarrollo de este plan se pudo haber afectado por el paso del huracán María”, según Torres. “Aunque se proveyó una extensión de tiempo, es razonable que se provea una oportunidad para proveer datos a base de sensores instalados y no de proyecciones”.
El borrador del Plan de Implementación que fue discutido en la vista pública, además, decía que la AEE instalaría proyectos renovables con baterías de almacenamiento de energía a gran escala, y al mismo tiempo retiraría unidades de generación con combustibles fósiles para abril de 2023. Si no logra esos objetivos, el plan alterno sería cambiar a gas natural las unidades de generación en San Juan, Palo Seco y Aguirre. La corporación pública, sin embargo, está atrasada en su deber de incorporar más fuentes de energía renovable a su cartera de generación. No ha retirado las unidades de combustible fósil ni ha hecho que otras nuevas cambien a gas natural.
Kushner hizo una presentación parcial en la vista pública e indicó que había entregado un documento con comentarios sobre el plan. A pesar de la alta relevancia del asunto y de que se trata de un proceso público, la AEE no suministró el documento, que fue solicitado a tres comunicadores de la agencia desde el 11 de abril. El DRNA sí lo suministró.
El documento confirma que sólo el primero de los seis grupos de proyectos renovables a gran escala que contempla el Plan Integrado de Recursos comenzará a conectarse al sistema eléctrico a partir de 2024. La AEE no cumplirá con su calendario de retiro de las viejas unidades de generación hasta al menos dentro de una década, para alegadamente no afectar su capacidad de suministrar energía a la Isla.
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