Por redacción de Sin Comillas
El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y el presidente de la Cámara de Representantes (Carlos J. Méndez Núñez, presentaron un recurso adversativo contra la Junta de Control Fiscal.
Los legisladores señalan que la Junta se sobrepasó en sus poderes y usurpó ilegalmente el poder de la Asamblea Legislativa al solicitar que se aprobara una medida derogando la Ley 80 de despido injustificado de forma retroactiva como condición para aprobar el presupuesto.
Asimismo, solicitan al Tribunal Federal un interdicto para que se implemente el presupuesto aprobado por la Legislatura en lugar del presupuesto certificado por la Junta. El presupuesto de la Junta, que es de $8,757 millones, es mayor por casi $40 millones, al aprobado por la Legislatura, que es de $8,708 millones.
“Aún cuando la Junta es la evidencia más contundente de que Puerto Rico es una colonia, eso no le da el derecho de querer usurpar los poderes conferidos a la Asamblea Legislativa, no tan sólo por quienes decidieron democráticamente elegir a sus representantes y senadores, sino por el sistema republicano de gobierno que dispone el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Mientras ellos responden a sus intereses, nosotros no claudicamos y velamos por los de Puerto Rico”, opinó Rivera Schatz.
Por su parte el presidente cameral recalcó que “tal como hemos dicho anteriormente, el proceso de reafirmar el sistema democrático de gobierno que tenemos en Puerto Rico, donde los votos cuentan y la voz del pueblo, expresada libre y democráticamente en las urnas, se tiene que respetar, se traslada ahora al Tribunal Federal. La política pública la avala el pueblo de Puerto Rico, a través de los oficiales electos en la Asamblea Legislativa, no una Junta de Supervisión, la más burda expresión del poder del imperio sobre la colonia. La Legislatura está para servir al pueblo, para velar por sus intereses y para ser su voz. Esta premisa es la piedra angular de todo gobierno democrático y nosotros defenderemos este principio en todo foro”.
En la demanda Rivera Schatz y Méndez Núñez indican que el propio Tribunal Federal estableció que el Congreso “no le otorgó a la Junta el poder de suplantar, eludir o reemplazar a los líderes electos de Puerto Rico al igual que a las personas designadas en el ejercicio de sus funciones gerenciales, siempre que la JSF considere que tal cambio es conveniente”.
Según la demanda, la Junta “se excedió en su autoridad al intentar obligar a la Cámara de Representantes y al Senado a aprobar un proyecto de ley que derogaría retroactivamente la Ley 80 como condición para aprobar el presupuesto”. Sin embargo, como establece la sección 205 de la Ley PROMESA sobre la recomendación de política pública, Rivera Schatz radicó por petición de la Junta el Proyecto del Senado 1011, a través del cual, entre otras cosas, se proponía derogar la Ley 80. Sin embargo, según la demanda, esta sugerencia de la Junta “no tiene ninguna relación con “lograr responsabilidad y acceso a los mercados capitales”, lo que es uno de los propósitos del Congreso con la aprobación de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés).
A pesar de “la naturaleza no vinculante de esta recomendación” el Senado accedió a la petición de la Junta aprobando el Proyecto del Senado 1011 de forma prospectiva y no retroactiva como propuso el ente federal. Por su parte, la Cámara de Representantes, aprobó otra versión del Proyecto senatorial que también derogó la Ley 80 pero al Senado no concurrir con las enmiendas se provocó un comité de conferencia y posteriormente se determinó que la Ley 80 no sería derogada. Ante esta determinación, la JSF, excedió su autoridad bajo PROMESA y rehusó certificar el presupuesto aprobado por la legislatura.
“Contrario a lo que la Junta cree, el Congreso no determinó que la Legislatura fuera un sello de goma de la Junta por lo que la Junta no puede eludir los límites de su autoridad impuestos por el Congreso a través de tácticas de mano dura”, reza la demanda en la cual se explica que el Congreso no eliminó la forma republicana de gobierno cuando aprobó PROMESA en el 2016.
El 5 de julio, el Gobierno presentó una demanda para que el tribunal determine que le corresponde al gobierno establecer la política pública y administrativa. Según la demanda, la Junta intenta “usurpar el poder del Gobierno local a gobernar home rule, pues el presupuesto de la Junta incluye unos componentes de control y de política pública administrativa que van por encima de sus poderes”.
