Por redacción de Sin Comillas
La Junta de Control Fiscal paralizó la puesta en vigor de la Ley 136, que aumenta el salario mínimo del personal de enfermería, hasta tanto el Gobierno no entregue información adicional sobre el impacto de la medida. La Ley 136, aprobada el 1 de septiembre de este año, establece el salario mínimo de una enfermera o enfermero en hospitales públicos. El salario mínimo fluctúa entre los $1,800 para los enfermeros o las enfermeras prácticas sin experiencia hasta los $3,000 para los generalistas con experiencia. La Ley establece que para el 1 de julio de 2022 todo el personal debe estar ubicado en la escala salarial correspondiente.
En una carta enviada a la gobernadora Wanda Vázquez Garced el 2 de diciembre, la Junta explica que los estimados sobre el impacto de la Ley no son precisos y no cumplen con la Ley PROMESA. El Gobierno estima que el impacto aproximado será de $2.2 millones al año. El 22 de septiembre el Gobierno solicitó a la Junta que certifique que la Ley 136 cumple con la Ley PROMESA.
“Aunque la Junta aplaude los esfuerzos del Gobierno para aumentar el salarios de las enfermeras del sector público, tenemos preocupaciones sobre la Ley 136, la certificación y el supuesto estimado”, explica Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta. La certificación no ofrece información sobre cómo se llegó al estimado de $2.2 millones y no es consistente con el Plan Fiscal y el Presupuesto. Por tanto, la Junta no autoriza a adoptar la Ley 136.
