Por redacción de Sin Comillas

La Junta de Control Fiscal ha decidido no autorizar al Gobierno el uso de $200 millones de la Reserva de Emergencia Estatal con el objetivo de subsidiar el aumento en la energía eléctrica ante el alza en el costo del combustible debido a la invasión rusa de Ucrania. El Gobierno había solicitado el acceso a estos fondos la semana pasada.

La Junta recomendó al Gobierno que utilice los $35 millones disponibles del Programa de Asistencia para la Energía de Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP, en inglés) o los $565
millones del Programa de Asistencia de Emergencia para el Alquiler (ERAP, en inglés) para brindar alivio a los hogares más afectados por los aumentos en los costos de energía.

El Gobierno también podría utilizar una parte de los $1,700 millones disponibles a través del Fondo de Recuperación Fiscal Estatal y Local para complementar aún los programas LIHEAP y ERAP proporcionando a los hogares que cumplan con los requisitos una ayuda adicional.

La Junta considera que la utilización de la Reserva de Emergencia Estatal significaría una inyección única de efectivo a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que “solo brindaría a los clientes un alivio a corto plazo, ya que los dejaría expuestos a mayores aumentos en el futuro, además de que no prioriza los hogares de bajos ingresos, que son más vulnerables a los aumentos del precio de la energía”.

La Junta también se mostró preocupada por el agotamiento de la Reserva de Emergencia Estatal, que se destina específicamente a acontecimientos extraordinarios, como catástrofes naturales. “Retirar fondos de la Reserva, tal como propone el Gobierno, dejaría a
Puerto Rico sin los fondos necesarios para responder a futuros huracanes u otros desastres naturales”, advierte.

“Exhortamos al Gobierno a buscar soluciones sostenibles. La respuesta a largo plazo a los retos de la AEE es completar la transformación del sector energético de Puerto Rico y crear las condiciones necesarias para una transición acelerada hacia el uso de recursos renovables, lo que implica, en particular, establecer un proceso de tramitación de permisos para los proyectos de energía renovable. El Gobierno debe permitir y facilitar la inversión en las fuentes de energía renovable para que los residentes y empresas de Puerto Rico reciban los servicios seguros, fiables y asequibles que se merecen”, señala la Junta en un comunicado.