El Gobierno debe entregar un Plan Fiscal revisado el 22 de marzo

Por redacción de Sin Comillas

La Plan Fiscal presentado por el Gobierno el 10 de marzo contiene deficiencias que requieren revisiones significativas e información adicional para poder ser certificado, aseguró la Junta de Control Fiscal, que envió una notificación de violación al Gobernador Ricardo Rosselló.

Según la Junta, en vez de incorporar información actualizada y ajustes técnicos de parte, el Gobierno utilizó el Plan Fiscal para incluir propuestas de política pública “incongruentes con los criterios de la Ley PROMESA”.

El Plan Fiscal no incluye información detallada con respecto a reformas estructurales críticas, ni tampoco incluye datos puntuales sobre proyecciones base.

El Gobierno debe entregar un Plan Fiscal revisado el 22 de marzo a las 12 del mediodía.

“El Gobierno de Puerto Rico debe aprovechar el breve período de estímulo económico, gracias a la asistencia de fondos federales tras el paso del huracán María.  De este modo, pudiera transformar una economía que ha estado en recesión por un largo período, y efectuar las reformas estructurales necesarias para restaurar el acceso del gobierno a los mercados de capital”, señaló Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta.

Algunas de los aspectos que cuestiona la Junta son:

  • Proyecciones macroeconómicas
    • El Plan Fiscal tiene incongruencias en la cantidad de fondos para desastres que FEMA allegará a la isla. El gobierno estima que serán $3,700 millones del año fiscal 2018 al año fiscal 2019, mientras que la información publicada por el Gobierno (a través del COR3) indica que ya se han desembolsado $6,200 millones aun cuando no ha terminado el año. El gobierno debe actualizar sus cifras con respecto a este tema para incluir datos del año fiscal 2018 y 2019.
  • Ingresos y gastos de base
    • El Plan Fiscal prevé un ingreso al fisco mucho mayor a la tendencia actual, como consecuencia de un alza en el consumo con fondos de desastre federales relacionados a mejoras de capital. Este supuesto no está detallado de acuerdo al de despliegue de todos los fondos para desastre.
    • La Junta solicitó al gobierno que incorpore los efectos y/o riesgos que pudieran ejercer los cambios a las leyes contributivas sobre otras contribuciones, como: Impuesto de Ventas y Uso (IVU) y Contribuciones a la Propiedad, por ejemplo. El Plan no debe incluir ingresos de la nueva ley de contribuciones.
    • La Junta exige que se elimine un ingreso estimado de $1,000 anuales en fondos federales, correspondientes a pareos bajo el Seguro Social y el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP). Este supuesto no está acorde con la ley actual.
    • El Plan reconoce la deuda a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). Pero existe incongruencias en la cantidad que el Gobierno tiene que pagarle a la AEE. El Plan dice que tendrá que pagar $100 millones menos (entre AF19 y AF23), sin detallar por qué.
  • Reformas estructurales
    • Las cifras del Producto Nacional Bruto mantiene un repunte de 0.15% en el año fiscal 2021 como consecuencia de la Reforma Laboral. Sin embargo, las mediciones de cumplimiento de este precepto dependían de la implantación del Crédito por Ingreso al Trabajo (EITC) y por el requerimiento de trabajo del Programa de Asistencia Nutricional. Sabiendo que estas reformas no están encaminadas, estimamos que el Gobierno no cumplirá con las mismas y, por ende, el despunte no ocurrirá hasta el año fiscal 2025.
    • La Junta subraya que la Reforma Energética tomará más tiempo de lo previsto por lo que el efecto implantación y transformación del sistema entrarán en efecto entre el año fiscal 2021 y el año fiscal 2023.
    • Igualmente, la Junta afirma que el Plan omite información crucial en lo que respecta a la Reforma para Facilitar hacer Negocios en Puerto Rico. Según el Plan, este segmento prevé un logro de 0.25% entre el año fiscal 2020 y 2021. De hecho, no ha habido progreso sustancial en este segmento. Por lo tanto, la Junta estima que este objetivo ocurrirá entre el año fiscal 2021 y el año fiscal 2022. El proceso de permisología continúa siendo una barrera para promover e incentivar iniciativas empresariales, a pesar de la nueva página web que estableció el gobierno para estos fines.
    • El Plan reduce extraordinariamente los detalles de cómo se lograrán las reformas estructurales necesarias, incluyendo un sinnúmero de objetivos capitales para lograr crecimiento económico.
  • Medidas fiscales
    • El Plan se desvía de las medidas conducentes a lograr eficiencias en las agencias. Por ejemplo, reduce la cifra de ahorros en esta área en $1.1 billones mediante gastos adicionales en el periodo del 2019 al 2023.
    • En ningún momento, el Plan hace referencia a medidas de compensación (incluyendo bono de Navidad) y elimina reformas detalladas en agencias claves (eficiencia en gastos operacionales en Seguridad Pública, Saludo, Correcciones, etc.) y medidas para reducir el gasto en utilidades.
    • Presenta un programa de consolidación de agencias diferente a la que se incluyó en el Plan Fiscal Certificado. Pero a pesar de ese cambio, el ahorro debe ser igual al que se expuso en el Plan Certificado.
    • Incluye información adicional con relación al número de estudiantes por salón de clases, un elemento que no figura en el Plan Fiscal certificado. Esta incongruencia debe ser aclarada y detallada.
    • La Junta señala que está consciente de las dificultades de asumir los objetivos en las medidas en el área de salud. Por lo tanto, le solicita al gobierno lograr ahorros de $671 millones hasta el año fiscal 2023, en vez de $827 millones.
  • Otros
    • El Plan no incluye los detalles de implementación, así como los detalles relacionados con medidas para implementar del presupuesto, los controles fiscales e informe de metas.