El acuerdo provee un recorte promedio que supera 60% en reclamaciones contra el gobierno, un 36% de reducción para los tenedores de bonos GO’s y un 27% para los tenedores de los bonos de la AEP.

Por redacción de Sin Comillas

La Junta de Control Fiscal anunció que logró un acuerdo con la Coalición de Deuda Constitucional Legítima, que incluye a ciertos titulares de bonos GOs y de la AEP, en el marco de un plan de ajuste para resolver $35,000 millones en deuda y las reclamaciones -no relacionadas con la deuda- contra el Gobierno de Puerto Rico. El acuerdo reducirá el monto de los bonos del Gobierno de Puerto Rico en circulación a menos de $12,000 millones, equivalente a una reducción que supera un 60%.

Mientras, el servicio de la deuda del Gobierno, incluyendo principal e intereses por los próximos 30 años, se reducirá a menos de la mitad, de $43,000 millones a $21,000.

La Junta radicará un plan de ajuste para el Gobierno ante el Tribunal que ventila el caso de Título III durante los próximos 30 días y espera salir de la quiebra a principios del 2020.

Los principales puntos del plan de ajuste son:

  • Los tenedores de bonos participantes recibirán una combinación de bonos nuevos y dinero en efectivo;
  • En conjunto, los tenedores de bonos GO recuperarán aproximadamente 64%;
  • Se colocarán en cuentas de reserva (“escrow”) las distribuciones prorrateadas correspondientes a los reclamos disputados de tenedores;
  • La autoridad para litigar o transar litigios existentes sobre deuda emitida después de marzo de 2012 se transferirá a un fideicomiso después de la confirmación del plan, y;
  • Existirá un valor de litigio para Puerto Rico de hasta $1,400 millones.

La Junta explica que “el acuerdo con los acreedores, evidentemente, es un reconocimiento de parte de los bonistas y otros sectores con reclamaciones contra el gobierno de que la difícil situación financiera que atraviesa Puerto Rico requiere una reducción significativa de su deuda a niveles sostenibles. Este acuerdo es un elemento importante del plan de ajuste que permitirá a Puerto Rico salir de la deuda a principios del año que viene”. La Junta espera someter un plan de ajuste para el Gobierno de Puerto Rico durante los próximos 30 días.

“Los acuerdos con acreedores, con el COR y las uniones es un logro importante para Puerto Rico de cara a un futuro en el que pueda mantener un pago de la deuda sostenible, asegurar pensiones y estabilidad fiscal”, dijo el presidente de la Junta de Supervisión, José Carrión. “El plan de ajuste del gobierno proveerá confianza a los inversores de que Puerto Rico superó la crisis financiera. La ciudadanía finalmente podrá vivir sin la incertidumbre de una deuda insostenible del gobierno, que afectó negativamente la habilidad de atraer inversiones, generar empleos y crecimiento económico”.

El acuerdo provee un recorte promedio que supera 60% para la totalidad de $35,000 millones en reclamaciones contra el gobierno, un 36% de reducción para los tenedores de bonos válidos de las obligaciones generales (GO’s) y un 27% de reducción a los tenedores de los bonos válidos de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), garantizados por el gobierno.

Este convenio con los bonistas, conjuntamente con el acuerdo de reestructuración de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA) aprobado en febrero pasado, reduce el servicio máximo a la deuda que se pagaría en años futuros por más de 70%, de $4,200 millones anuales a menos de $1,500 millones al año.

“Hemos trabajado arduamente en beneficio de los intereses de los residentes de Puerto Rico y estamos contentos de haber alcanzado un acuerdo mutuo con los acreedores, que reduce significativamente la deuda total de Puerto Rico y el de su pago anual”, dijo la directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko. “Fue un proceso de negociación riguroso y estamos confiados en que alcanzamos el mejor acuerdo posible para Puerto Rico y dejar atrás la práctica de estar incurriendo en deudas que eran insostenibles”.

La Coalición de Deuda Constitucional Legítima, que incluye a titulares de $3,000 millones en bonos GOs y de la AEP emitidos antes de marzo de 2012, señala que el acuerdo “ofrece a todos los acreedores resultados equitativos. La Coalición firmó el acuerdo junto a miembros del grupo ad hoc de tenedores de bonos cualificados de construcción de escuelas y zonas académicas (“Qualified School Construction and Qualified Zone Academy bondholders ad hoc group”).

“Es un desarrollo muy positivo para Puerto Rico que una porción diversa de tenedores de bonos significativos haya trabajado con la Junta de Supervisión para desarrollar un acuerdo de reestructuración consensuado que va a acelerar que el Estado Libre Asociado salga de la bancarrota, respetar la prioridad legal de la deuda pública válida y ayudar en última instancia a restablecer el acceso a los mercados de capital. El acuerdo forjado por las principales partes interesadas incluye, aproximadamente, una reducción de $8 mil millones en el principal de la deuda de GO’s y de la AEP, mientras establece los parámetros para reducir la deuda directa del Estado Libre Asociado, así como los reclamos generales no-asegurados, en un total de $23,000 millones. Los términos también crean un camino eficiente para resolver disputas sobre la validez y la prioridad de la deuda GO – uno que le permitirá a Puerto Rico ahorrar cientos de millones de dólares al año en gastos asociados a la reestructuración una vez se salga de la quiebra”, indicó Susheel Kirpalani, del bufete Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP, en su capacidad de representante legal de la CDCL.

Y añadió que “este acuerdo demuestra que los acreedores constructivos con inversiones e intereses a largo plazo en Puerto Rico están dispuestos a hacer concesiones significativas destinadas a reavivar la formación de capital y el desarrollo económico en la isla. Bajo los términos, los tenedores de bonos GO válidos aceptarán recortes-base de, aproximadamente, 36%. Cuando se combina con otros acuerdos consensuados recientemente anunciados por sindicatos y jubilados, creemos que la reestructuración de más de $18,000 millones en la deuda constitucional ayudará a Puerto Rico a acelerar su salida de la bancarrota y lograr el tipo de revitalización que otros emisores de deuda municipal han alcanzado después de sus quiebras”.

La CDCL dijo ser optimista y cree que los demás acreedores afines firmarán el plan de ajuste. “Creemos que los términos de este acuerdo les dan a todos los titulares de deuda GO y GO-garantizada la oportunidad de alcanzar un recobro equitativo basado en su prioridad de pago y sus derechos respectivos. Esperamos seguir trabajando junto a las partes interesadas para lograr la confirmación de este plan de ajuste en los próximos meses”.

Este acuerdo se suma a aquellos que se lograron la semana pasada con el Comité Oficial de Empleados Retirados (COR) para resolver los $55,000 millones en reclamaciones relacionadas con pensiones; y con varias uniones, en relación con acuerdos de negociación colectiva y beneficios de retiro. “Estos acuerdos le facilitan a Puerto Rico un camino viable para dejar atrás esta reestructuración y salir del proceso en que nos encontramos bajo el Titulo III de PROMESA”, señala la Junta.