Por redacción de Sin Comillas

La Junta de Control Fiscal radicó un Plan de Ajuste enmendado para reestructurar aproximadamente $35,000 millones de deuda y otros reclamos contra el Gobierno de Puerto Rico, la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) y el Sistema de Retiro de Empleados Públicos (SRE). “El plan refleja un mejor Plan de Apoyo Acordado (PSA, por sus siglas en inglés) con el apoyo de un grupo de tenedores de bonos del Gobierno de Puerto Rico, en comparación con el que radicó la Junta de Supervisión el pasado 9 de febrero”, apunta la Junta.

El Plan de Ajuste enmendado cuenta con el apoyo de más acreedores que el acuerdo original. Tenedores de sobre $10,500 millones en bonos han acordado firmar y favorecer el Plan de Apoyo Acordado (PSA). Éstos representan el 58% de obligación general agregada y reclamos de la Autoridad de Edificios Públicos.

El plan contiene cinco elementos de reestructuración de la deuda: la deuda del Gobierno Central, la deuda de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), la deuda del Sistema de Retiro de Empleados Públicos (SRE), reclamos por cantidades retenidas y reclamos generales no asegurados contra el Gobierno, la AEP y SRE.

  •  El plan enmendado reduce la deuda del Gobierno de Puerto Rico, entre otros
    reclamos, un 70%, de $35,000 millones a $11,000 millones, lo que representa una reducción de $1,000 millones adicionales en comparación con el primer plan de ajuste radicado en septiembre de 2019.
  • El plan asegura un servicio de la deuda anual sostenible y asequible menor al 9% de los ingresos propios del Gobierno, reduciendo el máximo del servicio de la deuda anual en un 64%, de $4,200 millones a $1,500 millones.
  • El plan reduce la totalidad del pago del Gobierno de Puerto Rico (incluyendo los bonos senior de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante COFINA), un 56%, de $90,400 millones a $39,700 millones.
  • El plan reduce la madurez de la nueva deuda del Gobierno de 30 años a 20 años, lo que representa un ahorro de $5,000 millones en pagos a la deuda en comparación con el Plan de Ajuste inicial radicado en septiembre de 2019.
  • El nuevo plan no cambia los acuerdos que la Junta alcanzó previamente con el Comité de Oficial de Retirados (COR) y con un grupo de empleados del gobierno representados por la Unión de Servidores Públicos/Capítulo de la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, del Condado y Municipales (AFSCME, por sus siglas en inglés) en la isla.
  • El acuerdo con los retirados conlleva una reestructuración de las deudas de pensión a largo plazo y protege a más del 74% de los retirados actuales, así como cualquier empleado que se retire en el futuro, contra cualquier reducción. La tasa de recuperación de los retirados supera el 95%. La Junta acordó con COR a una reducción fija de 8.5% para que ningún retirado reciba beneficios mensuales menores de $1,200. En adición, el Gobierno de Puerto Rico establecería un fondo de reserva de pensiones administrado por un ente independiente para el Sistema de Pensión PayGo para nutrir el pago de pensiones por los próximos 30 años. El fideicomiso asegura el pago de pensiones ante cualquier cambio político y/o económico. Finalmente, si las finanzas gubernamentales superan las proyecciones del Plan Fiscal por $100 millones o más en algún año fiscal, un 10% del exceso se destinaría a los retirados hasta la cantidad del recorte de su pensión.
  • El acuerdo con AFSCME asegura que los acuerdos de negociación colectiva se mantendrían en vigor por cinco años, como estipulan los términos obrero-patronales del Plan Fiscal. Además, al menos $1,500 millones de la contribución que hicieran los empleados al Sistema 2000 se repondrían, incluyendo los intereses que estos fondos hubiesen podido generar antes de la quiebra del Gobierno. Las contribuciones al Plan Médico del patrono serían de $170 al mes, en vez de los $125 establecidos en el Plan Fiscal. El acuerdo establecería un fideicomiso de $5 millones para AFSCME en reconocimiento por liderar la negociación y unos $5 millones adicionales para ser distribuidos por AFSCME. Los miembros de esta unión que aprueben el acuerdo recibirían un bono de $500. Finalmente, si las finanzas gubernamentales superan las proyecciones del Plan Fiscal por $100 millones o más en cualquier año, un 25% del exceso se destinaría a los empleados, en aras de incentivar la eficiencia gubernamental.