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Por redacción de Sin Comillas

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares y la Junta de Control Fiscal han llegado a un acuerdo para enmendar el Plan Fiscal certificado. La Junta desiste de eliminar el Bono de Navidad para los trabajadores del sector público y privado, y no reducirá los días de vacaciones y enfermedad para los empleados del sector privado. El Gobierno acepta derogar la Ley 80 del 30 de mayo de 1976 –Ley sobre despidos injustificados– en o antes del 27 de junio de 2018 y será efectivo en o antes del 1 de enero de 2019.  

A cambio, no se recortarán los presupuestos de la Oficina de Asuntos Federales, la Oficina de la comisionada residente y la Legislatura. Los recortes a la Judicatura se reducirán a la mitad.

Según la Junta, los cambios “son el resultado del compromiso del Gobernador y la Legislatura de aprobar la reforma laboral antes de que finalice este año fiscal, así reduciendo considerablemente los riesgos de implementación del Plan Fiscal y evitando litigios costosos”.

Según la Junta, estas revisiones reducen el sobrante anual proyectado para el año fiscal 2019 por solo $101 millones y estima el sobrante a 6 años en $6,048 millones.

El Nuevo Plan Fiscal enmendado será recertificado para reflejar estas revisiones y el proceso de presupuesto continuará para asegurar que cumpla con el Nuevo Plan Fiscal según recertificado.

Rosselló Nevares agregó que espera que con el presupuesto presentado y el Nuevo Plan Fiscal se acabe la incertidumbre y se eviten litigios costosos para el Pueblo y la recuperación económica de la Isla.

“Hemos llegado a un entendido que, aunque no cumple con todo lo que considero debe estar pactado, evita un golpe irreversible a los sectores más vulnerables con los que mi Administración está comprometida. Con sus defectos y sus virtudes, este entendido facilita que podamos salir adelante. Les pido su confianza. Ahora, junto a un agresivo plan de desarrollo económico y creación de empleos, vamos a sacar a Puerto Rico de esta etapa tan dura que hemos vivido. Este Nuevo Plan Fiscal no es perfecto, pero ofrece resultados concretos en beneficios para nuestra gente, y nos permite entrar a las próximas fases con más certeza y menos conflicto. Estoy convencido de que este es el camino a seguir y le pido al Pueblo que caminemos juntos esta ruta de progreso que nos espera”, dijo el Gobernador.

“La Junta de Supervisión reitera su compromiso de lograr los mandatos de PROMESA de ayudar a Puerto Rico a obtener balance fiscal y acceso a los mercados de capital de forma sustentable, y para adelantar esos objetivos hemos llegado a un entendimiento con el Gobierno sobre una serie de reinversiones a la par con las metas de desarrollo económico que necesitamos, las cuales van a asegurar, entre otras iniciativas, la implementación de los esfuerzos de la Reforma Laboral y las Reformas para Facilitar los Negocios que son críticos para el futuro de Puerto Rico y que ayudarán a mejorar la competitividad de la economía”, dijo el Presidente de la Junta, Jose Carrión.

“Estas reformas, incluyendo el que Puerto Rico se convierta en una jurisdicción de empleo a voluntad, ayudará a la isla a crecer y a ser más competitiva, a revertir la tendencia negativa de la economía, y a permitirnos desarrollar una visión viable y confiable a largo plazo para Puerto Rico con un Plan de Ajuste que permita que el Gobierno de la Isla reestructure su deuda y salga del Título III”, añadió Carrión.

El acuerdo incluye la puesta en vigor de un Nuevo Modelo Contributivo que reducirá las tasas contributivas a los trabajadores, establecerá un crédito por trabajo, reducirá al mismo tiempo el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) de los alimentos preparados, y eliminará el impuesto Business to Business (B2B).

Además, acordaron que se establecerá un fondo ayuda municipal de $50 millones anuales y un fondo para la Universidad de Puerto Rico (UPR) de $25 millones anuales para becas.  Los municipios además tendrán garantizado el fondo de $78 millones aprobado para este año.

También, el Gobierno podrá asignar hasta $40 millones anuales adicionales para becas para estudiantes de la UPR utilizando pruebas de necesidad.

Estos fondos adicionales que se asignen a la UPR bajo esta subsección reducen dólar por dólar la cantidad que el Gobierno gasta en implementación de reformas e iniciativas de desarrollo económico –que actualmente totalizan $345 millones– o pueden surgir de los ahorros de reducciones (“rightsizing”) de la Judicatura que en la actualidad totalizan $80 millones.

El Gobierno podrá además invertir hasta un total de $345 millones en la implementación de reformas e iniciativas de desarrollo económico como: la reforma digital (CIO/PRITS), compras (Office of CFO), facilidad para hacer negocios (DDEC), CRRO, P3, y proyectos de infraestructura.

Se establece que, para incentivar el incremento de la fuerza laboral, los participantes del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) que estén en condición apta y entre las edades de 18 a 59 años deberán estar sujetos a un requisito de empleo que será efectivo cuando el individuo reciba los beneficios por tres meses.

El requisito de empleo podrá satisfacerse con 80 horas mensuales de trabajo con paga, trabajo voluntario y/o entrenamiento o educación cualificada. La única excepción al requisito de empleo será para aquellos que no alcancen la edad de 18 años, que excedan la edad de 60, que tengan dependientes menores de 18 años o aquellos que sean certificados por un médico como no aptos para empleo.

“En el 2017, nos opusimos con éxito al despido de empleados públicos, a penalizar a cientos de miles de beneficiarios del plan de salud del Gobierno, y a la reducción de la jornada laboral y el salario de los empleados públicos de hasta 20 por ciento porque sabemos el efecto devastador para nuestro Pueblo y la economía. Seguimos buscando alternativas para tener un Gobierno más ágil y menos costoso que cumpla con la eficiencia fiscal necesaria sin afectar a los más vulnerables, en el día de hoy aseguramos un paso firme en esa dirección”, sostuvo el gobernador.

“No detener estas propuestas hubiera eliminado el Bono de Navidad de los empleados públicos y puesto en precario los fondos de desarrollo económico, así como los presupuestos de los municipios, de la Rama Judicial, y de la Asamblea Legislativa, entre otros”, añadió el mandatario.