Por redacción de Sin Comillas

La Junta de Control Fiscal radicó demandas contra tenedores de bonos emitidos por el Sistema de Retiro de Empleados (SRE) para recobrar aproximadamente $392 millones en pagos totales. Las demandas tienen la intención de recobrar intereses y principal de bonistas grandes que tengan al menos $2.5 millones en bonos que el SRE nunca estuvo autorizado a emitir al público.

Estos bonos, los cuales fueron emitidos en el 2008, nunca se sometieron a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico para aprobación. La Junta explica que no pretende perseguir litigios de estas causas hasta que el tribunal determine si los bonos impugnados son, en efecto, inválidos.

“El pueblo de Puerto Rico no tendría por qué pagar por bonos que se emitieron ilegalmente”, dijo David Skeel, miembro del Comité Especial de Reclamaciones de la Junta. “No obstante, ningún tenedor de cantidades menores de bonos tendrá que devolver ni principal ni intereses”.

Además, la Junta radicó demandas contra varias entidades para recobrar pagos efectuados por el SRE y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) que confligían con el Código de Quiebras de los Estados Unidos y las leyes de Puerto Rico.

Las querellas le permiten a la Junta asegurar que unos $190 millones en pagos a suplidores fueron efectuados apropiadamente. Cada uno de los suplidores identificados recibió pagos de más de $2.5 millones sin un contrato válido, o los pagos no coinciden con sus respectivos contratos durante los cuatro años previos a mayo de 2017, cuando la Junta de Supervisión inició los procesos de ajuste de deudas bajo PROMESA.

“Al ir a los tribunales con estos reclamos estamos siguiendo las leyes de quiebra de los Estados Unidos y Puerto Rico”, dijo Skeel. “Le debemos al pueblo de Puerto Rico asegurar que los pagos efectuados por el gobierno y sus entidades hayan sido apropiados, pero también entendemos las preocupaciones de los suplidores que están sujetos a estas acciones. Hemos decidido excluir los contratos pequeños de los procedimientos, ya que perseguir reclamaciones más pequeñas sería una carga demasiado pesada, particularmente si se compara con las cantidades que podríamos recobrar”.

“También estamos en vías de establecer un proceso informal para resolver estos asuntos con los suplidores fuera de los tribunales, si fuera posible, y para ayudar a los suplidores a clarificar qué pagos recibieron”, dijo Skeel.

Las acciones legales no necesariamente implican que los individuos y entidades cometieron un crimen. Si un suplidor demuestra un fundamento apropiado para los pagos, la Junta desestimará la demanda.

La Junta radicó el 2 de mayo de 2019 demandas relacionadas a unos 250 pagos efectuados a suplidores y contratistas por parte del gobierno. La Junta se encuentra analizando pagos efectuados por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y podría recobrar esos pagos.