David Skeel, presidente de la Junta de Control Fiscal.
Por Luisa García Pelatti
La Junta de Control Fiscal aprobó comenzar negociaciones para reducir la deuda pública un 66%, de $35,000 millones a $11,900 millones. Tras el intento fallido del 30 de octubre, finalmente en la reunión del viernes los cuatro miembros de la Junta aprobaron iniciar negociaciones y presentar a los acreedores el Plan de Ajuste enmendado, que toma en cuenta el impacto del COVID-19 en la ya debilitada economía de Puerto Rico. En el caso de que no se alcance un acuerdo, la Junta podrá radicar el Plan ante el tribunal. La jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, Laura Taylor Swain, ha establecido que la Junta tiene hasta el 10 de febrero para radicar el Plan.
La reunión, que comenzó con 15 minutos de retraso y con problemas de intermitencia en la conexión, transcurrió en mejores términos que la anterior –cuando uno de los miembros, Justin Peterson, abandonó la reunión y rompió el quorum– pero no estuvo exenta de conflicto. Peterson dijo que su opinión no ha cambiado y no está de acuerdo con la propuesta, pero votó a favor de iniciar las negociaciones para no detener el proceso. Pidió participar activamente en las negociaciones e intentó introducir modificaciones en la resolución con esa intención, pero el presidente de la Junta, David Skeel, dijo que no se iba a votar por ninguna modificación, y aunque puede presenciar las negociaciones, como el resto de los miembros de la Junta, le dejó claro que “el trabajo es de los negociadores”. Peterson quiere asegurarse de que las negociaciones se hagan de buena fe.
El plan propuesto para la reestructuración de la deuda ofrece a los bonistas $11,900 millones, que se dividen en $6,000 millones en efectivo, $4,900 millones en nuevos bonos de obligaciones generales y $1,000 millones en forma de instrumento de valor contingente (IVC) –pagadero solo si los ingresos del IVU (Impuesto sobre Ventas y Uso) superan la meta anual establecida en el Plan Fiscal. La vigencia del IVC es de 20 años.
La propuesta también aplicaría una reducción del 8.5% a las pensiones que excedan los $1,500 por mes, que afectaría a menos del 30% de los jubilados del servicio público.
La Junta, que ha recibido críticas por parte del Gobierno y de los acreedores, ahora tiene dentro una clara voz disidente. Para Peterson, la Junta gasta mucho dinero (insistió en incluir en el récord de la reunión que “Puerto Rico ha gastado millones en un proyecto que no ha logrado mucho”) y subestima consistentemente las proyecciones de ingresos fiscales, lo que significa menos dinero para los acreedores que, defiende, son los únicos que no han cobrado nada. Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta, rechazó al inicio de la reunión esas críticas.
En la reunión también se aprobaron varias solicitudes de redistribución de presupuesto; incluyendo solicitudes por parte del Gobierno, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Autoridad de Carreteras y Transportación y la Universidad de Puerto Rico para pagar un bono de Navidad a sus respectivos empleados.
Así mismo, se autorizó un contrato para liquidar un préstamo de $78 millones a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) por parte del Banco Gubernamental de Fomento por un pago de liquidación de $20.5 millones.
Se autorizó a la AAA que busque un reembolso potencial de ciertos bonos que tiene en circulación
para lograr mayores ahorros en la corporación pública; se aprobó un contrato modificado entre la AEE y Puma Energy Caribe LLC para el suministro de combustible diésel para generadores de energía; se adoptó bajo ciertas condiciones, unas enmiendas a los contratos de Organizaciones de Cuidado Administrado para que reflejen una expansión provisional a la elegibilidad de Medicaid; y acogió una solicitud del municipio de Gurabo para utilizar los fondos restantes de sus bonos de refinanciamiento de obligación general de 2013 para la repavimentación de carreteras para restaurar los daños causados por los huracanes Irma y María.
