David Skeel, presidente de la Junta de Control Fiscal. (Foto: Sin Comillas)
Por redacción de Sin Comillas
La Junta de Control Fiscal presentó una petición de certiorari ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos para que revise la decisión del Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston del mes de mayo. El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) presentó, hace cinco años, una demanda contra la Junta, que se negaba a entregar documentos sobre su gestión. En mayo, el Tribunal de Apelaciones había rechazado la “inmunidad soberana” que reclamaba la Junta para negarse a ofrecer la información.
La Junta dice que no está obligada a cumplir con el derecho de acceso a la información bajo la Constitución de Puerto Rico. La petición de certiorari señala que el Congreso de Estados Unidos creó la Junta como una entidad dentro del gobierno territorial y, como tal, goza de inmunidad soberana a tenor de la Undécima Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. “Sin embargo, la decisión del 17 de mayo de 2022 del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito sostiene que la intención del Congreso, al aprobar PROMESA, era abrogar dicha inmunidad”.
En declaraciones escritas, la Junta explica que “esta decisión es la primera de su tipo en el marco de PROMESA y es contraria a los precedentes establecidos. Es un principio fundamental del sistema federal americano que una ley a nivel federal no abroga la inmunidad soberana bajo la Undécima Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, salvo que dicha intención sea ‘inequívocamente clara’ en el texto de la ley”.
Para la Junta, la decisión del Primer Circuito “redujo el estándar para que los tribunales fallen a favor de la abrogación. Al hacerlo, el tribunal introdujo incertidumbre en este ámbito del derecho y el riesgo de que se anule una protección básica en situaciones en las que el Congreso no tenía intención de hacerlo”.
El CPI inició este litigio contra la Junta en junio de 2017. En la ruta del caso ante el Primer Circuito, organizaciones de prensa y pro derechos civiles de Puerto Rico y Estados Unidos, como la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, Espacios Abiertos, LatinoJustice y el Reporters Committee for Freedom of the Press, a cuya petición se unieron The Atlantic, CNN en Español, las cadenas McClatchy y Gannett, el Boston Globe, el Pulitzer Center on Crisis Reporting, la Society of Professional Journalists y otras 20 organizaciones periodísticas, presentaron su posición como amigos de la corte (amicus curiae) en apoyo al CPI.
