David Skeel, presidente de la Junta de Control Fiscal.
Por redacción de Sin Comillas
La Junta de Control Fiscal le ha pedido al Gobierno que suspenda “inmediatamente” la puesta en vigor de la Ley 41 de 2022, que amplía derechos a los trabajadores del sector privado, hasta que ambos hayan “intercambiado sus puntos de vista”. Quiere que el Gobierno emita una declaración pública confirmando la suspensión y así evitar confusiones a las empresas que se preparan para su implementación. La Ley debe entrar en vigor mañana, 20 de julio.
La Junta opina que la legislación “menoscaba y anula los propósitos” de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Ric (PROMESA, por sus siglas en inglés) y afecta negativamente la flexibilidad del mercado laboral. Además, solicita al Gobierno que envíe, no más tarde del 22 de julio, un estimado “formal” a cinco años del impacto de la Ley en los gastos y los ingresos y que certifique que es consistente con el Plan Fiscal.
La nueva ley disminuye el periodo probatorio y restablecen las protecciones contra el despido injustificado, aumenta la acumulación de licencia por vacaciones y le extiende dicho beneficio a empleados a tiempo parcial, entre otros asuntos.
“El gobierno le suplirá a la Junta toda la información solicitada, pero mantendrá la Ley en vigor. Esto es así, ya que la Ley PROMESA no faculta a la Junta a paralizar la implementación de una ley, sino más bien le permite recurrir al Tribunal Federal a impugnar la misma. De ocurrir eso, el gobierno defenderá la enmiendas a la Reforma Laboral ante el Tribunal. Como he dicho en repetidas ocasiones, el propósito principal de esa legislación es aumentar la participación laboral, incluyendo en los proyectos de la reconstrucción en curso, lo cual es clave para el desarrollo económico de Puerto Rico”, señaló el gobernador Pedro Pierluisi en declaraciones escritas.
Por su parte, la Junta, en una carta fechada el 19 de julio dirigida a Omar Marrero Díaz, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), señala que “la falta de análisis económico del Gobierno es profundamente preocupante. Antes de la promulgación de la ley, la Junta compartió sus preocupaciones sobre el impacto de la entonces Proyecto de la Cámara 1244 en la economía y en los ingresos y gastos del Gobierno”. El día que se firmó la ley, la Junta ya advirtió que era inconsistente con el Plan Fiscal Certificado y prohibió que se pusiera en vigor.
El gobernador firmó la Ley 41 de 2022 el 20 de junio y entra en vigor 30 días después, es decir el miércoles 20 de julio. Las empresas pequeñas y medianas cuentan con 90 días para implementar la ley.
