David Skeel, presidente de la Junta de Control Fiscal.
Por redacción de Sin Comillas
La Junta de Control Fiscal presentó una demanda contra el Gobierno en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico para impedir que el Gobierno implemente y ponga en vigor la Resolución Conjunta 33-2021 y las Leyes 80-2020, 81-2020 y 82-2020. El Gobierno podría implementar de forma parcial la Ley 80 en un plazo de 30 días.
La Junta señala que el Gobierno promulgó las Leyes 80, 81 y 82 en agosto de 2020 “sin analizar suficientemente cuánto costarían los nuevos beneficios de retiro y cómo se pagarían los costos adicionales”.
Reclaman que las administraciones de Pierluisi y de Wanda Vázquez Garced acordaron no implementar las leyes hasta que el Gobierno y la Junta no pactaran un plan de implementación asequible.
“La Junta de Supervisión está decepcionada porque el Gobierno no ha cumplido su palabra de no implementar estas leyes de pensiones que prometen lo que el Gobierno no puede pagar”, declaró el presidente de la Junta, David Skeel. “La Junta de Supervisión habría preferido trabajar con el Gobierno para encontrar una alternativa viable que brindara a los maestros, policías y otros empleados gubernamentales un plan real que Puerto Rico pueda pagar, en lugar de volver a caer en las viejas costumbres de hacer promesas que no se pueden cumplir”.
Durante más de un año, la Junta se había comprometido con el Gobierno a explorar formas de convertir asequibles las leyes. La Junta asegura que propuso un enfoque en junio de 2021 que podría funcionar en relación con una implementación parcial de la Ley 80, pero el Gobierno nunca hizo ninguna propuesta para implementar las Leyes 81 y 82. Finalmente, nunca se llegó a un acuerdo sobre la implementación de ninguna de estas leyes.
“La Junta de Supervisión continuará intentando colaborar con el Gobierno para crear una solución asequible”, afirmó Skeel.
Según un análisis de la Junta, la combinación de las Leyes 80, 81 y 82 podría añadir hasta $8,300 millones a los gastos del Gobierno en los próximos 30 años, en incumplimiento con el Plan Fiscal Certificado y con el Plan de Ajuste propuesto, los cuales reducirían la reclamación de los acreedores en un 80% y pagarían las pensiones del Gobierno en su totalidad.
La mera implementación parcial de la Ley 80 podría suponer para el Gobierno unos costos adicionales cercanos a los $61 millones tan solo en el primer año, asegura la Junta. A menos que el Gobierno elimine permanentemente los puestos de los empleados que se retiran de manera anticipada en virtud de la Ley 80, el costo sería mucho mayor.
“Llevamos cinco años trabajando para reducir la deuda de Puerto Rico a niveles sostenibles. El Plan de Ajuste se encuentra actualmente en proceso de confirmación. Sin embargo, las tres leyes de pensiones crean nuevas obligaciones de deuda de pensiones vinculadas a un sistema de pensiones ya en quiebra”, dijo Skeel.
