Piden todos los documentos de los contratos para comprar pruebas de Covid-19
Por redacción de Sin Comillas
La Junta de Control Fiscal radicó una demanda ante el Tribunal de Distrito Federal de Puerto Rico con la intención de obligar al Gobierno a entregar documentos relacionados con las adquisiciones y las negociaciones de los contratos para comprar pruebas de COVID-19 y otros suministros médicos durante el estado de emergencia.
La Junta busca información sobre los contratos suscritos con Apex General Contractors y 313 LLC, entre otros, a fin de comprender los procesos y procedimientos conforme a los cuales se aprobaron y firmaron estos contratos.
La Junta señala que el Gobierno suscribió contratos sin haberlos entregado a la Junta para su revisión inmediata. Finalmente, el Gobierno canceló su contrato con Apex.
“Las reglas que utiliza el Gobierno para desembolsos de dinero deben ser claras y transparentes en todo momento, en especial durante la inmensa presión que supone una emergencia”, afirmó la directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko. “Los contratos de esta magnitud deben ser justos y quedar por encima de toda duda”.
La Ley PROMESA otorga a la Junta la autoridad para revisar y aprobar contratos gubernamentales a fin de garantizar que dichos contratos promuevan una sana competencia del mercado y que sean congruentes con el Plan Fiscal Certificado. Luego de la controversia suscitada con el contrato entre Whitefish Energy Holdings y el Gobierno, tras el paso del huracán María, la Junta implementó una política abarcadora sobre revisión de contratos como parte de su mandato bajo la Ley PROMESA.
La Junta accedió a flexibilizar temporeramente ciertos procedimientos de contratación como consecuencia de la pandemia del COVID-19, pero el Gobierno tiene que cumplir con proporcionarle a la Junta una copia de cada contrato. El mismo tiene que venir acompañado de una certificación de las contribuciones políticas del contratista a manera de protección contra actos delictivos. El 16 de marzo de 2020, la Gobernadora firmó una Orden Ejecutiva que estableció los procedimientos especiales de compras durante emergencias.
La Junta lleva dos meses tratando de obtener los contratos de compra de las pruebas de COVID-19, así como la información y los documentos del Gobierno referentes a las negociaciones y el proceso de compras. Desde entonces, la Junta ha recibido algunos de los contratos, pero no todos los documentos solicitados.
“El Gobierno y el público deben poder confiar en los procesos de compras y contrataciones a nivel gubernamental, particularmente en medio de una emergencia como la que atravesamos en estos momentos”, afirmó Jaresko. “La rapidez y la urgencia con que se atienden los asuntos en medio de una crisis son de vital importancia, pero también son cruciales la eficiencia, la certeza y la transparencia. Sin transparencia no puede haber confianza, y sin confianza Puerto Rico no podrá superar esta crisis fiscal, que de nuevo se exacerba por otra emergencia trágica”.
