Por Redacción de Sin Comillas
La Junta de Control Fiscal presentó una demanda contra el Gobernador Pedro R. Pierluisi en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico para anular la Ley 10-2024 y así permitir que el Negociado de Energía de Puerto Rico continúe operando libre de influencia política.
“La independencia del Negociado de Energía es un elemento clave de la transformación energética de Puerto Rico. La Ley 10 socava la autonomía del Negociado de Energía y, al hacerlo, interfiere con la experiencia del Negociado para servir a los deseos de intereses particulares. El propósito de la acción de la Junta es restaurar la capacidad del Negociado de Energía para regular el sistema energético de Puerto Rico”, explica la Junta.
“El Gobierno de Puerto Rico creó y fortaleció el Negociado de Energía para supervisar el sistema energético después de años de mala gestión política que llevaron a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico a la bancarrota y dejaron a Puerto Rico con una red eléctrica en ruinas”, dijo el director ejecutivo de la Junta de Supervisión, Robert F. Mujica. “Crear un Negociado de Energía independiente fue la decisión correcta”.
La Junta aclara que su intención no es ponerle fin a la medición neta, “como alegan los defensores de la Ley 10, ni pretende imponer cambios al programa de medición neta. Más bien, esta acción busca únicamente eliminar las restricciones corrosivas y peligrosas motivadas políticamente sobre el Negociado de Energía, que amenazan con socavar el progreso que el Negociado de Energía ha logrado en los últimos años en beneficio del pueblo de Puerto Rico. Invalidar la Ley 10 no cambiaría los términos para aquellos clientes de la AEE que ya han instalado paneles solares”.
“La energía renovable es un elemento clave de la transformación energética de Puerto Rico, y la medición neta es una herramienta muy importante para hacer que los paneles solares en los techos sean más accesibles y asequibles. Sin embargo, determinar qué es lo que le conviene al interés público no debe dejarse en manos de intereses particulares”, dijo Mujica.
“En 2019, el Gobierno de Puerto Rico entendió esto y eliminó la política del sistema energético. El nuevo regulador independiente debía determinar la política energética basada en hechos y datos, no en política ni en influencias de intereses particulares. Dejemos que el Negociado de Energía haga su trabajo”, afirmó.
Pierluisi reaccionó a la presentación de la demanda y dijo que “el gobierno de Puerto Rico estará analizando el recurso legal presentado en el día de hoy por la Junta de Supervisión y responderá. A fin de cuentas, lo importante es que continuemos incentivando la instalación de placas solares y baterías por todo Puerto Rico. Eso no solo reducirá el costo de la electricidad, sino agilizará la transformación del sistema energético en la isla. Durante mi gobierno he sido consistente en apoyar la conversión a energía renovable, particularmente el uso de las placas solares y baterías, tanto en residencias como en negocios por todo Puerto Rico”.
