Por redacción de Sin Comillas

La Junta de Control Fiscal informó el viernes su intención de apelar la decisión del juez federal Francisco A. Besosa, que el 17 de febrero, permitió a los tenedores de bonos de Obligaciones Generales (GO’s por sus siglas en inglés) continuar con la demanda (presentada el 8 de octubre de 2016) en la que argumentan que el Gobierno rehusa pagarles la deuda mientras que sigue pagando la deuda de los bonos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina). 

La decisión deniega la petición del Gobierno para paralizar la demanda y permite a los bonistas continuar con la demanda a pesar de que la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés), aprobada el año pasado, paraliza las demandas de pago de los acreedores.

El juez explica que esta demanda es una excepción a Promesa porque no va dirigida a confiscar propiedad del Gobierno o reclamar el pago de la deuda.

Los demandantes, Lex Claims, Jacana Holdings, MPR Investors, ROLSG, RRW y  SL Puerto Rico Fund, cuestionan la estructura legal de Cofina y reclaman que la Constitución de Puerto Rico le da prioridad al pago de las Obligaciones Generales sobre cualquier otro gasto.

Cofina se nutre de los recaudo del IVU, que impone una tasa de 11.5% sobre las ventas. Del total de recaudos del IVU, 6.0% ingresan directamente a COFINA, 4.5% al Fondo General y 1% a los municipios.

El abogado John E. Mudd ya había advertido que la Junta de Control Fiscal debía intervenir es el caso.Opina que no es posible hacer una reestructuración voluntaria de la deuda si no se resuelve el problema porque los tenedores de bonos GO’s reclamarán que la Constitución le otorga prioridad en el pago de la deuda.

Los cerca de $70,00 millones de deuda pública, incluyen $13,000 millones en deuda de GO’s y cerca de $15,200 millones de deuda de Cofina. Desde que se declaró la moratoria en el pago de la deuda el 30 de junio de 2016, los únicos que han cobrado han sido los bonistas de Cofina.