José J. Villamil
Por Luisa García Pelatti
La derogación de las leyes 20 (para fomentar la exportación de servicios) y 22 (para incentivar el traslado de inversionistas a Puerto Rico), como propone el Proyecto del Senado 40 (PS-40), tendría un impacto negativo, asegura José J. Villamil, presidenta de la Junta de Directores de Estudios Técnicos, Inc. El mayor impacto sería el riesgo reputacional. Eliminar esas leyes significaría “fortalecer la impresión que existe en el exterior de que en Puerto Rico no se respetan las reglas de juego. Hay que recordar cómo fue que se aprobó la Ley 154 hace unos años y el desconcierto que ocasionó. La incertidumbre es enemiga de la inversión”.
En un mensaje enviado a Juan Zaragoza, presidente Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal del Senado, a raíz de las vistas públicas que celebra la Comisión, Villamil explicó que “aunque es cierto que los decretos ya firmados tendrían que respetarse, el mero hecho de derogar las dos leyes envía un mensaje de volatilidad en las políticas públicas que sería sumamente negativo. Ese, para mi, sería el efecto más negativo del PS-40. Inclusive el que solo se haya presentado en la forma como se hizo, envía un mensaje muy negativo de cómo el sistema político trata el proceso económico”.
Villamil recomienda archivar el PS-40 y solicitar al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) que realice una investigación para hacer las leyes más efectivas.
La redacción del proyecto deja la impresión que las personas beneficiadas por las dos leyes, que ahora son parte del Código de Incentivos, habrían emprendido las mismas actividades aún sin dichas leyes. Eso es “muy cuestionable”, opina Villamil. “La realidad es que, en ambos casos, el costo al erario es cero, a menos que pudiera comprobarse que esas actividades existirían sin los incentivos o que su existencia sacó del mercado a una empresa establecida. En ese caso habría un costo de oportunidad. No hay evidencia, sin embargo, de que esto haya ocurrido. Sí hay evidencia de que los beneficiarios de la Ley 22 han invertido en la Isla y han creado empleos. Es pertinente mencionar que una proporción importante de los beneficiarios de la Ley 22 es de empresarios jóvenes en sectores de servicios avanzados y que ha ocurrido un proceso de transferencia de conocimientos, cuya importancia no se debe subestimar”.
“¿Por qué importa la Ley 20? Es evidente que la manufactura, aunque es y debe seguir siendo un componente importante de nuestra economía, no será el motor del crecimiento futuro como lo fue en el pasado. Ese motor seguramente lo será la exportación de servicios avanzados como los de tecnología, ingeniería, diseño, servicios financieros, seguros, servicios de validación y cumplimiento, manejo de proyectos, los asociados a la economía creativa y algunos otros”, añade Villamil.
Cree que las leyes necesitarán enmendarse. En el caso de la Ley 22, habría que mejorar la base de información, tener una estructura clara de manejo y reforzar los mecanismos de monitoreo. En cuanto a la Ley 20, recomienda crear un sistema de apoyo a las empresas en el sector de servicios avanzados que permita que un número mayor de ellas pueda beneficiarse de la Ley. “No es suficiente contar únicamente con el incentivo, sino que es necesario contar con inteligencia de mercados, conocer los procesos legales que rigen el hacer negocios en distintos países y, en fin, crear un sistema de apoyo más robusto que el actual”.
Se ha dicho que el beneficio de las dos leyes es modesto, “pero es positivo y a un costo cero”, apunta Villamil.
