Opinión

Por Ricardo Fuentes*

Durante los últimos 50 años, cada gobierno de Puerto Rico produjo ​​un plan de desarrollo económico. La academia y el sector privado también añadieron numerosos estudios. Ninguno de los planes se ha implementado, los estudios se siguen acumulando y la economía de Puerto Rico no está creciendo.

Lo que está atrasando a Puerto Rico no es la falta de ideas o de recursos. Lo que está atrasando a Puerto Rico es lo que algunos expertos en políticas de desarrollo conocen como el marco institucional, o más bien, la débil capacidad institucional del gobierno de Puerto Rico. En otras palabras, el gobierno no ha sido eficaz en realizar los cambios institucionales que generarían crecimiento económico. La débil capacidad institucional ha resultado en una falta de progreso en la implementación de reformas que eliminarían las barreras al crecimiento y desarrollo económico.

¿Cómo podemos los puertorriqueños y puertorriqueñas saber cuán eficaz o ineficaz es nuestro gobierno? Podemos medirlo. Para ayudar a monitorear cómo Puerto Rico se compara con otras economías en todo el mundo, la Junta de Supervisión lanzó una nueva página web con indicadores de fuentes externas y plataformas visuales que permiten a todos ver cómo fuentes independientes evalúan el posicionamiento y progreso de Puerto Rico en una variedad de áreas y dimensiones.

Hay áreas donde Puerto Rico se está desempeñando bien. Por ejemplo, según los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés), en años de escolaridad, Puerto Rico se ubica entre los más altos del mundo. En particular, la escolaridad de las mujeres puertorriqueñas es comparable a la de las mujeres en economías con alto nivel de formación académica como Noruega y Finlandia. Este es uno de los indicadores utilizados para estimar el Índice de Desarrollo Humano Ajustado por la Desigualdad (IDH-D). La Plataforma Visual IDH-D ilustra cómo Puerto Rico se compara con otras jurisdicciones no solo en términos de ingresos, sino también en salud y en educación.

Sin embargo, hay muchas áreas en las que estamos rezagados, incluida la gobernanza. Para monitorear el progreso en la gobernanza y medir su impacto en la economía, el Banco Mundial publica sus Indicadores Mundiales de Gobernanza para más de 200 países y territorios. Las seis categorías de gobernanza descritas por el Banco Mundial son la efectividad del gobierno, el estado de derecho, el control de la corrupción, la calidad regulatoria, la estabilidad política y la rendición de cuentas.

Como se muestra en la Plataforma de Gobernanza Mundial, Puerto Rico está significativamente por debajo en los seis indicadores de gobernanza, incluso respecto a sus competidores regionales. En 2019, la clasificación más baja de Puerto Rico fue en la efectividad de su gobierno. En esta categoría, Puerto Rico ocupó el puesto 115 entre 209 países y territorios. Singapur ocupó el puesto número 1 y Estados Unidos el número 19. Los competidores de América Latina también están por delante: Chile ocupó el puesto 39 y Costa Rica el 68.

El indicador incorpora elementos como la falta de burocracia excesiva, el manejo efectivo de los servicios de educación y salud, la calidad de la gestión presupuestaria y financiera, la implementación efectiva de las decisiones gubernamentales y la estabilidad en las políticas públicas, incluso durante las transiciones de un partido político en el cargo a otro. Estas son áreas que mejorarían enormemente con la implementación de las reformas estructurales definidas en el Plan Fiscal Certificado para Puerto Rico.

Estas reformas estructurales están estrechamente relacionadas con elementos adicionales de transformación que también se necesitan, como una reforma contributiva integral que sea justa, eficiente y que no esté socavada por créditos contributivos excesivos; una reforma del servicio público que garantice que los empleados de carrera del gobierno sean contratados y obtengan ascensos sobre la base de un riguroso sistema de méritos; y establecer entidades no partidistas que puedan brindar análisis independientes del impacto fiscal y económico de legislación y políticas públicas, así como entidades que aseguren la planificación fiscal y económica a largo plazo sin la influencia de partidismo político y de cambios de administración.

Para que Puerto Rico emprenda un camino hacia el desarrollo económico real a largo plazo, primero debe de embarcarse en un proceso que permita la implementación de las reformas estructurales necesarias para cambiar la economía al promover la inversión y creación de buenos empleos. Luego de los huracanes, los terremotos y la pandemia, este proceso urge más que nunca.

  • El autor es economista de la Junta de Supervisión Fiscal.