El titular no es nuevo. Lo utilicé en un artículo publicado en agosto del 2009, cuando escribía para El Vocero, pero no ha perdido un ápice de vigencia dos años después. La deuda pública ha seguido aumentando. En septiembre de este año ascendía a $65,505 millones y ya supera al Producto Nacional Bruto (PNB) del año fiscal 2011, que se estima rondará los $65,000. El país debe, por lo tanto, casi lo mismo que produce. Y el margen prestatario se está agotando.

El Gobierno de Luis Fortuño insiste en destacar que bajo su administración “el crecimiento de la deuda se ha frenado dramáticamente”. Y es cierto, los datos están ahí. Frente a una tasa de crecimiento anual de 8.9% entre 2000 y 2008, la deuda ha crecido a una tasa anual de 2.6% entre 2009 y 2011. El problema es que el Gobierno se encontró con un déficit presupuestario de más de $3,000 millones y ha hecho lo que criticó de los gobiernos anteriores, emitir deuda para reducir el déficit, y no para construir infraestructuras y generar crecimiento económico.

“Hemos logrado reducir dramáticamente el ritmo de crecimiento de la deuda”, señaló Juan Carlos Batlle, presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), durante una mesa redonda con los medios de comunicación la semana pasada. Una reunión similar se celebró con los miembros del Consejo Asesor Económico del Gobernador.

En los últimos 12 años la deuda ha estado creciendo a un ritmo anual de 8%. El mayor aumento ocurrió en el año fiscal 2008, cuando la deuda creció 22%, de $46,183 millones a $56,455 millones, un incremento de más de $10,000 millones en sólo un año.

“Esta administración ha sido muy prudente en el manejo de la deuda pública. La hemos reducido y el plan es eliminarla”, insistió Batlle.

La deuda pública está compuesta por la deuda constitucional, que ascendía a $10,093 millones en el 2010, 16% del total de la deuda; deuda municipal ($3,331 millones, 5%); corporaciones públicas ($28,195 millones, 44%); deuda extraconstitucional ($2,689 millones, 4%); y otra deuda ($5,358 millones, 8%). A eso hay que añadir los $14,218 millones de COFINA (22%).

Las emisiones de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA), creada para pagar la deuda extra constitucional que no tenía fuente de repago, han tenido que ser utilizadas también para reducir el déficit, para pagar la nómina y a los suplidores; y sólo 6% se ha utilizado para incentivar el crecimiento económico.

“Hemos tenido que utilizar una gran cantidad de fondos de COFINA para mantener el país operando”, señaló Batlle. Se han utilizado unos $14,000 millones para repagar deuda o cubrir el déficit, “cuando lo mejor era usarlo para desarrollo económico”, acepta el presidente del BGF.

La cuestión es ¿qué nos queda para el futuro? ¿qué margen tiene el Gobierno para seguir emitiendo deuda? Según la Constitución, el servicio de la deuda pública del Gobierno nunca podrá exceder el 15% del promedio de los ingresos provenientes de fuentes estatales durante los dos años fiscales inmediatamente anteriores. Según el BGF, el margen prestatario está actualmente en 11.8% y Batlle opina que el margen no se debe llevar el límite, que debe mantenerse un “colchón”.

Hace dos años, un estudio realizado por el Centro para la Nueva Economía (CNE) titulado “The Wages of Debt”, advertía que el alto nivel de deuda ponía en riesgo la solvencia financiera del Gobierno. El informe asegura que el estado actual de la deuda es responsabilidad de década de decisiones irresponsables por parte de varias gobiernos.

La deuda como proporción del PNB ha aumentado de 63% en el año 2000 a 100.8% este año.

Como explicaba el CNE en su informe, el endeudamiento no necesariamente es algo malo. El problema es cuando se usa la deuda para pagar gastos actuales o pasados, en vez de invertir en el futuro. El CNE es una organización de investigación y desarrollo de política pública, no partidista y sin fines de lucro, dedicada a diseñar estrategias innovadoras de desarrollo económico.

Buscando extender la vida al Sistema de Retiro

El déficit en el Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno es otro de los problemas serios que debe enfrentar el Gobierno. Batlle explicó que la estrategia del Gobierno es extender la vida del Sistema y que se ha descartado hacer recortes en los beneficios y aumentar las aportaciones de los empleados.

El comité formado por los dos partidos con representación en la Legislatura sigue analizando las posibles alternativas y Batlle dijo que esperan presentar legislación. “No quiero adelantar información hasta que tengamos algo más concreto”. “Estamos buscando una medida que ayude a extender de tres a cinco años adicionales de vida al Sistema. Eso nos da tiempo para continuar mirando soluciones que sean viables más a largo plazo”.

El Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno tiene un déficit actuarial de $25,000 millones –7 veces el presupuesto–, lo que significa que el gobierno podría quedarse sin dinero para pagar las pensiones en el 2022. Recordemos que el Gobierno ya aprobó en el verano dos medidas: un aumento en la aportación del Gobierno y una inyección de $162 millones; ambas medidas le han extendido la Sistema del 2014 al 2022.

En agosto, Moody’s redujo la clasificación de la deuda del Gobierno a Baa1 con perspectiva negativa debido la situación fiscal de los sistemas de retiro. Moody’s dijo en ese momento que las reformas necesarias en los sistemas de retiro pueden complicar las dificultades económicas y fiscales de cara a los próximos años. La perspectiva negativa significa que Moody’s podría volver a reducir la clasificación de la deuda si no se toman medidas para reducir el déficit del Sistema, que tiene solamente 8 centavos por cada dólar que tendrá que pagar en beneficios. El Gobierno no anticipa que Moody’s haga ningún cambio en 18 meses.

Desde mediados de agosto, el Gobierno ha llevado a cabo, al menos, cuatro reuniones con legisladores de los dos partidos para discutir posibles alternativas para solucionas la crisis el Sistema, pero al final de cada una de las reuniones los legisladores pedían más tiempo para analizar el impacto de las alternativas bajo estudio. Un aumento en las aportaciones de los empleados y una reducción de los beneficios de los nuevos empleados, son algunas medidas que habrían estado bajo estudio, pero que según Batlle se han descartado.