Por David R. Martín*

Luego de aprobar un presupuesto para el año fiscal 2014 y negar categóricamente la necesidad de volver al mercado de bonos durante este año, nuestro gobierno flagrantemente se contradice.

Después del anuncio de volver al mercado de bonos, se aprobó nueva legislación que entró en vigor el 1ero de febrero para crear aún otra ficción jurídica que le ayuda al gobierno evadir las restricciones constitucionales sobre a la deuda pública.

Esta nueva entidad – la cual tiene el nombre de Corporación de Financiamiento Municipal (COFIM) – funcionará similar a la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA). COFINA fue creada por el gobierno en el 2006 y su propósito fundamental fue el de evadir a los límites constitucionales sobre la deuda.

Dando como fuente de pago parte del Impuesto sobre Ventas y Usos (IVU), COFINA incurrió más de $15,000 millones en deudas en apenas siete años. Quizás por razones que convienen a los partidos de turno y otros beneficiarios, la constitucionalidad de la deuda de COFINA no se ha impugnado ni dirimido en los tribunales. Es políticamente más fácil tomar prestado que rebajar los beneficios del gobierno o subir los impuestos.

Dada la reciente fama mundial de nuestra crisis fiscal, me extraña la poca atención que reciben las restricciones constitucionales sobre nuestra deuda.

La Constitución del Estado Libre Asociado requiere un presupuesto balanceado. Es decir, que los gastos y recaudos para cada año fiscal tienen que ser parejos. Y en caso de haber más gastos que recaudos, nuestra constitución requiere un aumento de los impuestos.

Además, el servicio de la deuda (pagos de interés y principal) no puede exceder el 15% del promedio de los recaudos de los dos años fiscales más recientes.

Los que se benefician del negocio de la deuda puertorriqueña segura y rápidamente argumentarán que estas restricciones constitucionales aplican sólo al gobierno central del ELA y a sus obligaciones pagaderas del Fondo General.

Estas mismas personas harán planteamientos con tonos legales y tajantes de que estas restricciones no entran en juego cuando se traten de las deudas de la gran variedad de “autoridades”, “corporaciones públicas”, “subsidiarias”, “fondos”, “administraciones” y otras “entidades legales separadas” – las que llamo colectivamente “instrumentalidades” que pertenecen y que son controladas por gobierno.

COFINA es un ejemplo. Y la “nueva” COFIM será otro.

Pero los hechos no engañan, y vemos que inmediatamente después de cada presupuesto “balanceado” aprobado por el gobierno de turno, tenemos que volver al mercado de bonos para cubrir déficits creados por la maraña simbiótica de las “instrumentalidades” del gobierno que de una manera u otra desangran al Fondo General. La supuesta independencia fiscal de estas “instrumentalidades” es irrisoria.

No podemos escoger las disposiciones constitucionales que nos convienen y rechazar las que requieren disciplina y sacrificio. Además de insistir en fallidas políticas de desarrollo económico, es la falta de respetar a nuestra constitución que nos ha llevado a este extremo de crisis fiscal.

* El autor es abogado corporativo y autor de Puerto Rico: El Manual de Rescate Económico (2013)